"Ojo por ojo y acabaremos ciegos"
«El acto que cometí y por el que me encerraron aquí no sólo fue atroz, sino que no tuvo sentido. Pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Lamento que John Luttig muriera. Y lamento que todo lo que sucedió estuviera motivado por algo que había en mí. Hoy decimos al mundo que, para la justicia, no hay segunda oportunidad. Hoy decimos a nuestros hijos que, en algunos casos, en algunas circunstancias, matar está bien [...] Hoy nadie gana. Nadie cierra sus heridas. Nadie se marcha victorioso.»- Últimas palabras de Napoleón Beazley, ejecutado en mayo de 2002 en Estados Unidos.-
En la prensa escrita se plasman ideas de distintos tipos. Personas honorables vierten sus plumas para ilustrarnos y prevenirnos de muchos tópicos. En un artículo de opinión publicado en días pasados se propuso la necesidad de buscar salidas a los problemas sociales en materia criminal que presenta nuestra nación en los últimos tiempos. Problemas que son reales, están presentes y azotan a la sociedad día a día y se incrementan con una rapidez que produce crispación. Es cierto, como señala el autor del artículo a que nos referimos, que el crimen azota nuestras calles y que produce un clima de inseguridad jurídica que afecta el turismo y las inversiones que tanto necesita nuestra economía. Sin embargo, diferimos de su postura al ponderar la pena de muerte y la utilización de la fuerza pública para con mano dura “impartir justicia”.
El Estado dominicano se rige por una Constitución. A pesar de ser muchas veces instrumento de travesuras de personas con poder, esta Constitución contiene en sus artículos reflejos de nuestra idiosincrasia. El Artículo 8, que reconoce los derechos subjetivos de todos los ciudadanos dominicanos, no es una excepción. El derecho a la vida es inalienable desde que se reconocen las principales conquistas del Siglo de las Luces mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya esencia y contenido están vigentes y constituyen los pilares de la dignidad del ser humano.
El escrito que anteriormente mencionamos propone la utilización de medios que rebajan la dignidad del que delinque, que por más atroz que fuese su hecho, tiene derechos. En el siglo XXI, donde todos los debates se dirigen a la búsqueda de un mejor desenvolvimiento de las instituciones a favor de los derechos de las personas. Cuando los problemas de los Estados van en vía de buscar salidas al atraso, no parece oportuno ponderar la pena de muerte. Ejemplos como la religión islámica fundamentalista, y la Ley del Talión que versa “ojo por ojo y diente por diente” no caben en la racionalidad de una sociedad que avanza hacia la civilización y que, con algunas trabas, cada día construye el progreso.
Reconocemos las inquietudes planteadas en las opiniones que leímos sobre la ola de crímenes y delincuencia que nos sume en la inseguridad ciudadana. Encontramos muy válidas las alertas del autor del artículo. Sin embargo, no compartimos las soluciones que se plantean y en cambio, pensamos que existen otras para la crisis de valores que parece reflejarse en el diario vivir del pueblo dominicano en el crecimiento de las actitudes insolentes y delictivas.
Más que en las medidas coercitivas y en la “mano dura”, creemos que las soluciones a los problemas del crimen que azota nuestras calles reside en una revisión y estudio de los factores que motivan y permiten este fenómeno que tanto daño hace a nuestra sociedad. Encontrar los puntos que en el seno de dicha sociedad hacen posibles esas inconductas y luego, tomar medidas preventivas, sin apresurarnos a proponer mecanismos de los cuales el Derecho se está desprendiendo en la mayoría de los países.
Decimos esto a sabiendas de que en los países en que se practica la Pena de Muerte o donde los organismos policiales asumen una postura radical, el crimen no se ha reducido. La pena de muerte está vigente en noventa países donde la delincuencia no ha cesado. No podemos otorgar al Estado una actitud inquisitoria y violenta, pues su objetivo escapa a esos menesteres. El Estado debe proteger a los ciudadanos, no eliminarlos. La prevención, la educación, el bienestar y la justicia social son las mejores armas contra el crimen y la delincuencia.
En la prensa escrita se plasman ideas de distintos tipos. Personas honorables vierten sus plumas para ilustrarnos y prevenirnos de muchos tópicos. En un artículo de opinión publicado en días pasados se propuso la necesidad de buscar salidas a los problemas sociales en materia criminal que presenta nuestra nación en los últimos tiempos. Problemas que son reales, están presentes y azotan a la sociedad día a día y se incrementan con una rapidez que produce crispación. Es cierto, como señala el autor del artículo a que nos referimos, que el crimen azota nuestras calles y que produce un clima de inseguridad jurídica que afecta el turismo y las inversiones que tanto necesita nuestra economía. Sin embargo, diferimos de su postura al ponderar la pena de muerte y la utilización de la fuerza pública para con mano dura “impartir justicia”.
El Estado dominicano se rige por una Constitución. A pesar de ser muchas veces instrumento de travesuras de personas con poder, esta Constitución contiene en sus artículos reflejos de nuestra idiosincrasia. El Artículo 8, que reconoce los derechos subjetivos de todos los ciudadanos dominicanos, no es una excepción. El derecho a la vida es inalienable desde que se reconocen las principales conquistas del Siglo de las Luces mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya esencia y contenido están vigentes y constituyen los pilares de la dignidad del ser humano.
El escrito que anteriormente mencionamos propone la utilización de medios que rebajan la dignidad del que delinque, que por más atroz que fuese su hecho, tiene derechos. En el siglo XXI, donde todos los debates se dirigen a la búsqueda de un mejor desenvolvimiento de las instituciones a favor de los derechos de las personas. Cuando los problemas de los Estados van en vía de buscar salidas al atraso, no parece oportuno ponderar la pena de muerte. Ejemplos como la religión islámica fundamentalista, y la Ley del Talión que versa “ojo por ojo y diente por diente” no caben en la racionalidad de una sociedad que avanza hacia la civilización y que, con algunas trabas, cada día construye el progreso.
Reconocemos las inquietudes planteadas en las opiniones que leímos sobre la ola de crímenes y delincuencia que nos sume en la inseguridad ciudadana. Encontramos muy válidas las alertas del autor del artículo. Sin embargo, no compartimos las soluciones que se plantean y en cambio, pensamos que existen otras para la crisis de valores que parece reflejarse en el diario vivir del pueblo dominicano en el crecimiento de las actitudes insolentes y delictivas.
Más que en las medidas coercitivas y en la “mano dura”, creemos que las soluciones a los problemas del crimen que azota nuestras calles reside en una revisión y estudio de los factores que motivan y permiten este fenómeno que tanto daño hace a nuestra sociedad. Encontrar los puntos que en el seno de dicha sociedad hacen posibles esas inconductas y luego, tomar medidas preventivas, sin apresurarnos a proponer mecanismos de los cuales el Derecho se está desprendiendo en la mayoría de los países.
Decimos esto a sabiendas de que en los países en que se practica la Pena de Muerte o donde los organismos policiales asumen una postura radical, el crimen no se ha reducido. La pena de muerte está vigente en noventa países donde la delincuencia no ha cesado. No podemos otorgar al Estado una actitud inquisitoria y violenta, pues su objetivo escapa a esos menesteres. El Estado debe proteger a los ciudadanos, no eliminarlos. La prevención, la educación, el bienestar y la justicia social son las mejores armas contra el crimen y la delincuencia.
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