Preservemos la vida, despenalicemos el aborto.
El aborto ha sido y será siempre una fuente de contradicción. Cuando se discute en academias, en foros, en la calle, no puede ser distinto de los debates en las vistas públicas del Poder Legislativo. Escribimos estas líneas, tras haber sido testigos de segunda mano de los hechos ocurridos en el Congreso Nacional, en días pasados, con relación al debate sobre la despenalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo.
El tema siempre ha sido de amplio interés para nosotros, pues, constituye, sin dudas, una realidad latente en nuestro país, y sobre la cual la clase política dominicana ha demostrado que no se encuentra a la altura del debate.
Las pasiones desatadas son un ingrediente de esperar en la temática, pues las argumentaciones a favor de que la penalización permanezca son, casi en su totalidad, fruto de posiciones religiosas y/o místicas. Sin embargo, mientras unos y otros teorizan a favor o en contra de la inclusión del aborto en cualquiera de sus vertientes, el país es testigo de una realidad cruda.
Diariamente se realizan unos 550 abortos en la República Dominicana. Los mismos, fruto de la penalización, son efectuados sin ningún control o regulación de factores de higiene y salubridad. En el año 2006 seregistraron en el país, aproximadamente 100,000 abortos. Todas estasinterrupciones del embarazo se realizan en la clandestinidad y susconsecuencias van en detrimento de la vida de la mujer. La misma que lejos de ser informada e instruida correctamente, por los organismos estatales se mantiene en la cruel oscuridad de la imposición moral.El alto porcentaje de mortalidad materna atribuible al aborto inseguro es, sin lugar a dudas, un elemento que debe conducir a una profunda reflexión de quienes tienen a su cargo legislar sobre las cuestiones sociales en nuestro país.
Sin embargo, parecen prevalecer los dogmas de fe, ante la razón de Estado y la ciencia. Las políticas en materia de derechos humanos no deben versar sobre derechos divinos, sino terrenales.La Constitución de la República sustenta la libertad de cultos y establece las bases para la laicidad estatal. Sin embargo, los actores siguen sin romper con las barreras heredadas del trujillismo y no denuncian un concordato excluyente y discriminatorio. La prevalencia de esos privilegios eclesiales es, aunque pocos lo crean, una fuente de vulneración de derechos.El tema del aborto, viene a ser la muestra más controversial de esta realidad.
La garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo debe estar sustentada en normas jurídicas basadas en el marco de los derechos internacionales y de ninguna manera puede estar supeditada a criterios de conciencia o de religión, que ponen en serio riesgo las democracias y el estado laico, que es un principio medular de todo sistema moderno.
El Estado dominicano debe abandonar el 3% de países miembros de las Naciones Unidas en los cuales se prohíbe completamente todo tipo de aborto. Con miras a formular políticas públicas dirigidas a proteger el derecho a la salud femenina, implicando el reconocimiento de estas como sujetos de derecho, debemos abrirnos a una seria discusión. Sin panfletos y alharaca, afrontemos un choque de ideas justo y necesario. Sin embargo, lejos de la cháchara oportunista politiquera y de la imposición moral, el debate sobre esta temática debe valerse de estudios, de análisis de políticas públicas que sustenten la necesidad o no de una decisión a favor o en contra de este derecho reconocido hoy por más del noventa por ciento de las naciones de occidente.Pasando por alto todos los factores sociales de la problemática, simplemente pedimos cordura. La despenalización de un hecho jurídico no compromete a quien no considere correcta su realización. Permitir a quienes piensan distinto que actúen distinto es un acto de profunda fe democrática.
Despenalicemos el aborto e incentivemos una campaña que cree conciencia sobre el embarazo y sus implicaciones. Detengamos el oscurantismo a que nos han sometido durante años sectores que escudados en engañosos principios morales han contribuido a los peores atentados contra la ética y la moral privada en nuestro país.
La conjura de los necios.
En los últimos días se han producido variadas declaraciones respecto al funcionamiento del sistema judicial. Inflaman sus gargantas en una propaganda repetitiva con miras al descrédito de instituciones o piezas jurídicas que han reflejado señales de avance incuestionable. Fuimos testigos, como parte de esto, de declaraciones de sectores interesados respecto del fracaso de la lucha contra la corrupción, que se le pretende atribuir a los jueces. Asimismo, el mantra asumido por los sectores tradicionales en la descalificación del Código Procesal Penal.
Los jueces, como el Código, se convierten en chivo expiatorio, es decir, elemento de purificación de culpas, que permite desviar la atención de la opinión pública. Se trata de poner nombre a un problema que responde a una componenda de los sectores que pretenden mantener el statu quo y los privilegios mediante prácticas aberrantes dentro del Estado y en el sector privado. Estos elementos sirven como una estratagema para mantener la impunidad, validos del descrédito de un sector que ha presentado avances importantes en los últimos diez años.
Es cierto que el Código Procesal Penal no representa la panacea a los problemas de criminalidad o corrupción en nuestro país. Sin embargo las constantes declaraciones que establecen que el mismo está ideado para proteger al delincuente y que exhibe mecanismos procesales que permiten al reo evadir la condena, constituyen una burla a los ciudadanos que, oyendo esto de personas con cierto prestigio, lo asumen como cierto sin tener conocimientos jurídicos para lo dicho.
Del mismo modo, cuando se pretende acusar a los jueces de no juzgar como se debe en distintos casos de corrupción se incurre en la misma canallada. Sectores políticos y económicos componen una vía para exculparse de la creciente y visible impunidad que campea en las arenas de lo público.
La judicatura dominicana, que sin duda cuenta con individuos corrompidos, como todo organismo que requiere de capital humano, tiene cosas positivas y negativas, se convierte en un blanco fácil, por su tradicional indefensión y parquedad. Los actores que señalábamos arremeten contra los jueces por el silencio, por el carácter y envestidura de los mismos.
El Poder Judicial, es sin duda el sector del Estado que mayores avances y mejorías ha presentado en los últimos diez años. Ha demostrado independencia de los demás poderes y cada vez son menores los vestigios de los años oprobiosos de la justicia politizada y parcial. Se ha visto cómo se ha separado de sus cargos por corrupción un número significativo de funcionarios del tren judicial y cómo cada día la administración de la justicia avanza hacia la eficiencia y la institucionalidad.
Sin embargo, desde varios frentes se busca detener dicho avance. Apelan al retroceso en los avances del sector, en materia legislativa, con el constante vapuleo de las codificaciones que buscan modernizar y eficientizar el sistema, así como limitando el presupuesto del Poder Judicial y en los últimos días los constantes ataques ante casos de magistrados que se ven obligados a descargar mal-acusados.
La justicia dominicana ha demostrado sus avances, los exhibe a la ciudadanía ofreciendo eficiencia, modernidad y transparencia en la administración. Los tribunales trabajan con rapidez y ajenos a intereses político-partidarios. Al parecer el clásico de la sátira, Jonathan Swift, ha tenido razón al sellar en su obra la frase que da título a estas cuartillas. Cuando un verdadero avance aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él.
la otra via y las fuerzas liberales.
La evolución del Estado debe ser entendida como un avance progresivo vectorial. No es posible desligar la historia del accionar político y abstraer de un proceso, que si bien se ve alterado por deficiencias administrativas y de capital humano, ha mantenido un curso positivo.
Importante es, reconocer los aportes de aquellos que promueven la construcción de una vía electoral alternativa en cuestión a la materialización de ese avance, así como a la definición esquemática, ideológica, del sector liberal en República Dominicana.
Si algún vicio ha tenido el avance de ese proceso histórico-político ha sido el punto reconocido como “Frente Patriótico Nacional” que desdibujó las fronteras ideológicas de dos importantes fuerzas políticas que se contraponían en la lucha por el poder. Los socialcristianos, conservadores, que promovían el “bien común” lograron neutralizar la búsqueda de la liberación nacional de los peledeístas.
Tras dicha alianza, que culminó en la materialización del primer período presidencial de Leonel Fernández, los partidos políticos en nuestro país empezaron a flaquear en el terreno de las ideas y los asuntos programáticos fueron relegados a un segundo plano, siendo sustituidos por la búsqueda del poder por el poder.
Este punto traumático en el tiempo desligó las fuerzas liberales de sus antiguos compromisos sociales y redistribuyó las cuotas de poder político, detonando esto en lo que hoy vemos como desencanto ciudadano, dejadez, incongruencia discursiva, clientelismo, voracidad fiscal sin redistribución del ingreso.
Hoy, al hablar de una alternativa electoral propuesta por fuerzas liberales, se nos indica a Eduardo Estrella, un líder de antecedentes y accionar conservador, como eventual candidato de ese encuentro de fuerzas.
Resaltamos esta figura a modo de crítica constructiva. La búsqueda de una alternativa político-electoral debe ir en contraposición de las falencias del sistema de partidos que se pretende suplantar, por tanto, no debemos pecar de la misma falta de norte ideológico de que adolecen los tres partidos hasta hoy mayoritarios.
Una alternativa que pretenda sustituir a dichas fuerzas político-sociales, deberá tener características opuestas. Si bien se trata de promover un movimiento ético que determine un giro en el accionar político subsanando los vestigios del clientelismo y el rentismo, también debemos tener en cuenta que hace falta una consonancia en el sentido, es decir, en el objetivo de los actores.
Los sectores liberales de la República Dominicana deben unirse para pactar un proyecto de nación en negociación con los sectores conservadores. No se trata de ir al Estado en conjunto, pues las propuestas de unos y de otros se verían vulneradas y comprometidas. Hacemos un llamado a la coherencia y a la recomposición ideológica, ambos, elementos sumamente necesarios para construir una República Dominicana próspera.
No somos partidarios de un “arroz con mango” político que emule los vicios de los partidos tradicionales que busca sustituir. Sí queremos una vía alternativa, liberal, progresista, que reúna los sectores más avanzados del espectro político y en alianza con la ciudadanía, promuevan el cambio de rumbo institucional y social de la República Dominicana.
la otra via y las fuerzas liberales.
La evolución del Estado debe ser entendida como un avance progresivo vectorial. No es posible desligar la historia del accionar político y abstraer de un proceso, que si bien se ve alterado por deficiencias administrativas y de capital humano, ha mantenido un curso positivo.
Importante es, reconocer los aportes de aquellos que promueven la construcción de una vía electoral alternativa en cuestión a la materialización de ese avance, así como a la definición esquemática, ideológica, del sector liberal en República Dominicana.
Si algún vicio ha tenido el avance de ese proceso histórico-político ha sido el punto reconocido como “Frente Patriótico Nacional” que desdibujó las fronteras ideológicas de dos importantes fuerzas políticas que se contraponían en la lucha por el poder. Los socialcristianos, conservadores, que promovían el “bien común” lograron neutralizar la búsqueda de la liberación nacional de los peledeístas.
Tras dicha alianza, que culminó en la materialización del primer período presidencial de Leonel Fernández, los partidos políticos en nuestro país empezaron a flaquear en el terreno de las ideas y los asuntos programáticos fueron relegados a un segundo plano, siendo sustituidos por la búsqueda del poder por el poder.
Este punto traumático en el tiempo desligó las fuerzas liberales de sus antiguos compromisos sociales y redistribuyó las cuotas de poder político, detonando esto en lo que hoy vemos como desencanto ciudadano, dejadez, incongruencia discursiva, clientelismo, voracidad fiscal sin redistribución del ingreso.
Hoy, al hablar de una alternativa electoral propuesta por fuerzas liberales, se nos indica a Eduardo Estrella, un líder de antecedentes y accionar conservador, como eventual candidato de ese encuentro de fuerzas.
Resaltamos esta figura a modo de crítica constructiva. La búsqueda de una alternativa político-electoral debe ir en contraposición de las falencias del sistema de partidos que se pretende suplantar, por tanto, no debemos pecar de la misma falta de norte ideológico de que adolecen los tres partidos hasta hoy mayoritarios.
Una alternativa que pretenda sustituir a dichas fuerzas político-sociales, deberá tener características opuestas. Si bien se trata de promover un movimiento ético que determine un giro en el accionar político subsanando los vestigios del clientelismo y el rentismo, también debemos tener en cuenta que hace falta una consonancia en el sentido, es decir, en el objetivo de los actores.
Los sectores liberales de la República Dominicana deben unirse para pactar un proyecto de nación en negociación con los sectores conservadores. No se trata de ir al Estado en conjunto, pues las propuestas de unos y de otros se verían vulneradas y comprometidas. Hacemos un llamado a la coherencia y a la recomposición ideológica, ambos, elementos sumamente necesarios para construir una República Dominicana próspera.
No somos partidarios de un “arroz con mango” político que emule los vicios de los partidos tradicionales que busca sustituir. Sí queremos una vía alternativa, liberal, progresista, que reúna los sectores más avanzados del espectro político y en alianza con la ciudadanía, promuevan el cambio de rumbo institucional y social de la República Dominicana.
La nueva via.
La crisis institucional de los partidos tradicionales es una premonición de la aguda crisis política que se avecina de no variar actitudes desde el Estado y la oposición.
El aparato político-social dominicano se bate entre la improvisación y el parche de los tomadores de decisiones.
Se tornaría reiterativo mencionar las asignaturas pendientes de la dirigencia política actual, que ha demostrado falta de interés por los principales temas que requiere el devenir de nuestra democracia, que amorfa aún, resiste los embates de una rutina de descuido y voracidad.
Nos hace falta, entonces, recurrir a nuevas posturas que no se agoten en una elección, sino por el contrario, deriven en una verdadera presión ciudadana, que a partir del compromiso atienda con efectividad al amplio abanico de necesidades, desde las prioritarias en lo humano hasta aquellas que marquen rumbos en el mediano y largo plazo, más allá de posturas ideológicas.
En días pasados escuchamos del licenciado Hatuey De Camps una propuesta de concertación con miras a las elecciones del 2008, que buscaría presentarse como alternativa al desgastado sistema de partidos.
Denominándola “Cuarta Vía”, plantea un bloque compuesto por figuras que buscaron sin éxito la candidatura presidencial y fueron vencidos por los mecanismos de poder económico instalados en las estructuras partidarias.
El papel principal de una cuarta vía política no deberá ser en el plano electoral, sino en la interpretación del interés nacional y la proposición de una alternativa programática. Pues, de diferenciarse de las fuerzas que han monopolizado el juego político tradicional surge su posibilidad de éxito.
Así, dándole la espalda a lo meramente electoral, lo que pudiera ser interpretado como una emulación a los esfuerzos de Gregorio Luperón en el Siglo IX, podría devenir en un cambio institucional importante en la República Dominicana.
Los protagonistas de este nuevo proyecto, deberán dejar a un lado sus egos y ponerse de acuerdo en puntos básicos de la agenda nacional para empujar, desde la presión política y ciudadana por una variación en el manejo administrativo de la cosa pública y un fortalecimiento de las instituciones políticas, sociales y económicas.
Chile y su coalición, España y su Constitución, son ejemplos claros de acuerdos positivos y fructíferos. La “cuarta vía” deberá asumir el compromiso de relanzar, con nuevo contenido, la actividad política y promover la credibilidad de sus activos ante una oferta vacía de contenido ideológico y desgastada por sus erráticas administraciones.
Para derribar la política light y detener el avance de la plutocracia y el clientelismo hace falta elegir objetivos claros y presentarlos, de forma distinta, a la ciudadanía. El proyecto de “Cuarta Vía” es positivo si su culminación no resulta en más de lo mismo, si sus actores logran superar las prácticas pasadas y recomponer el espacio político para ampliar la democracia, transparentar el ejercicio público y comprometerse en llevar a cabo una agenda de desarrollo. Esperemos.
Presion ciudadana y medio ambiente.
La preocupación por el estado ambiental no es cosa de nuestros días. Hace años que muchos han cuestionado y mostrado preocupación por el deterioro que ha sufrido nuestro planeta a medida que va progresando la humanidad.
Este fenómeno se refleja en alteraciones climáticas y ecosistémicas que desembocan en crecidas de ríos, sequías, inundaciones urbanas y rurales, temperaturas extremadas y movimientos atmosféricos inusuales.
En nuestro país no escapamos a esa realidad de cambio climático, teniendo los bruscos cambios de temperatura y un fenómeno que produjo la pérdida de vida y bienes de cientos de familias en Jimaní y más recientemente en Dajabón.
Se admite que los principales culpables del deterioro planetario son las economías más avanzadas. Las grandes potencias que irresponsablemente emiten los gases que originan el calentamiento terráqueo. Estas economías obvian que el daño afecta directamente a quienes se ven más desprotegidos, es decir, a los países pobres.
Quien fuera vicepresidente en la administración de Hill Clinton, Al Gore, que venía predicando acerca del deterioro ambiental hace muchos años, ahora nos aporta su documental “An inconvenient truth”. Creando un impacto mediático que ha permeado diversos sectores en todo el mundo y conmoviendo a ciudadanos y ciudadanas a movilizarse por preservar el único legado real para nuestros descendientes, la tierra.
El mérito de Al Gore consiste en haber persuadido a los ciudadanos norteamericanos para iniciar un movimiento de presión política, que se compone de distintas organizaciones, para conseguir los objetivos propuestos.
El empoderamiento ciudadano, ese por el que hemos empujado al defender el lobbying y el Estado Social de Derecho, se activa en busca de los intereses de quienes han hecho conciencia del problema ambiental y quieren empujar a Estados Unidos, el productor del 35% de la contaminación mundial, a tomar medidas.
La conciencia cívica es lo que se empieza a ver en los jóvenes de La Multitud, que han decidido iniciar una cruzada por la vida en contra de la depredación vegetal de las autoridades municipales del Distrito Nacional. El empuje ciudadano, la mejor herramienta para construir el desarrollo de una nación. Dicha herramienta no sirve sólo en materia ambiental, contempla todas las áreas donde la política llega. Continuemos trabajando por crear la conciencia ciudadana, para construir una sociedad mejor.
Para que no se olvide
El, autentico representante de la bajeza moral, sonreía a las cámaras mientras sentado en su trono recibía aquella gentuza que tanto despreciaba, de la que tanto se beneficiaba.
Su estampa de prócer figuraba en cada residencia, en cada poste negociado por las malas artes familiares, en cada oficina pública, en cada patio, en cada rincón de la sufrida tierra.
Los panfletos, como mensajes del Altísimo recorrían las calles y callejones ante la ignorancia del peor de los ciegos, el que no quería ver.
Su dedo acusador señalaba falsos traidores y dictaba sentencias en largos discursos. Disfrazaba su odio, su crueldad, su violencia, con aquel talante parsimonioso, templado.
Una bocanada de aire podía significar la muerte. Una visión inconforme, una lectura vedada, un pronunciamiento conflictivo, un movimiento en falso convertía la vida de cualquier ciudadano en un simple ensayo para la muerte.
La muerte lenta o violenta. La muerte cívica o física. La muerte aguda, sanguinaria, destrozaba familias e inundaba de llanto y amargura los hogares de cualquiera.
El oro, corruptor y corrompido, llenaba las arcas de los cómplices. La escoria embarraba las manos y conciencias de quienes servían en el fango, en el pantano.
Y su poder se acrecentaba y sus enemigos, que luego correrían a su encuentro, a mendigar migajas, conocían la muerte, el encierro, el garrote.
El Estado era una hacienda que servía sus intereses. Y el fango brotaba y la sangre corría. Y la gente, arrodillada, servía. Hoy, un homenaje putrefacto, póstumo, quiere buscar sitio en cada casa, en cada cabeza para dejar sentado el imperio del atraso, el otoño. Lo escribo para que no se olvide.
John Kenneth Galbraith
Hace unos meses murió una de las referencias mundiales de la economía alternativa: el insigne John Kenneth Galbraith. Destacado profesor de Harvard, escritor y articulista y además un representante de la vanguardia institucional de las administraciones demócratas en los Estados Unidos, desde Roosevelt hasta Clinton.
Nuestro objetivo es llamar la atención de los lectores de Dimensión Ética sobre las aportaciones de este importante personaje del siglo XX.
Autor de “Capitalism: The concept of countervailing power”, en 1952, donde señala que las grandes corporaciones han desplazado a las pequeñas y medianas empresas, por lo que los modelos de competencia libre y perfecta no pueden ser aplicados en la economía norteamericana.
Para contrarrestar ese poder, para Galbraith hay que fomentar el surgimiento de grandes sindicatos organizados y eficientes. En otro de sus éxitos, “La sociedad opulenta” presenta las características del sector privado, en contraste con la avaricia del sector público. Con ello demuestra que en Estado Unidos de los 50, existía una economía en franco crecimiento pero con grandes desigualdades sociales. Cualquier parecido con la República Dominicana deberá ser coincidencia.
En “La economía del fraude inocente: la verdad de nuestro tiempo", publicado en 2004, el economista nos lega una crítica radical de la economía, la política y la ética pública de nuestro tiempo, abriendo las puertas a un modelo alternativo que combine crecimiento con desarrollo.
Galbraith expone que la distancia entre la realidad y apreciación, no había sido tan amplia como hoy en día, porque el engaño y la falsedad se han hecho endémicos. Los políticos y los medios de comunicación han incorporado en su metabolismo los mitos del Mercado (que las grandes corporaciones trabajan para ofrecer lo mejor al público, que la economía se estimula sin intervención estatal, que las diferencias salariales obscenas y el enriquecimiento de unos pocos son producto del sistema que deben ser aceptados como males menores) y que ésto ha potenciado una desarticulación ética de la sociedad impuesta desde la economía neoliberal.
Nos hemos rendido ante el engaño y hemos decidido aceptar el fraude legal. La realidad es que el Mercado está sujeto a una gestión que financian y planifican cuidadosamente las grandes corporaciones privadas. Estas, por otra parte, ni están al servicio del consumidor, ni las controlan sus accionistas, sino los altos ejecutivos que han desarrollado una compacta burocracia corporativa que organiza los escándalos financieros como los de Enron, Worldcom o Arthur Andersen. Cualquier parecido con nuestra realidad, repetimos, es pura coincidencia.
Lo que Galbraith rechaza en su obra es la aceptación acrítica de un sistema que mediatiza la verdad y enaltece la especulación como fruto del ingenio, la economía de mercado como antídoto a los males económicos y la guerra como el gran instrumento de la democracia. En definitiva, sus aportes constituyen un estandarte socialdemócrata que busca la preservación de la ciudadanía o el ser humano como ente social y económicamente digno en vez de útil.
En nuestro país, quienes se pintan de “progresistas” sin dedicar energías y esfuerzos a la inversión pública en educación, salud y vivienda, sin entregar a la ciudadanía las herramientas y las oportunidades para desarrollarse, podrían estudiar los aportes de este coloso de la economía pública.
John Kenneth Galbraith nos dio luz con una política económica propia del keynesianismo más progresista, moderno y alternativo. América Latina bien podría mirar hacia su modelo.
El ilusionista
El deterioro institucional y la carencia de capital humano en nuestra clase política ha dejado un déficit discursivo en nuestros actores. Sumado a la falta de inversión pública en educación, esta realidad ha convertido el campo de lo público en un circo de mal gusto, donde diferentes personajes se pasean en la carpa demostrando sus destrezas.
Sin embargo, entre todos, uno se resalta por sus dotes de manipulación psíquica. El, con su maquinaria propagandística, encanta a unos y otros con artilugios que aumentan la fe. Lo bueno y lo malo es un espejismo en la lógica que recoge, sincréticamente, algo de todo, no importa qué ni cómo, ni de dónde, si sirve a la causa de seguir "subido en el palo".
El mismo que hace diez años dijo desconocer el pichirrí, hoy invita a sus contendientes a sentarse en un cajón. Todo según el público que asista a la función. El papel varía, según el escenario y el ilusionista saca una carta de su manga, un conejo de su sombrero. Convierte el presupuesto en metro, la violencia en alcohol, los impuestos en crecimiento económico, el dólar alto en competitividad, la pluralidad en falta de respeto y la democracia en reelección.
La ilusión de una República Dominicana de progreso, la vende con profesionalidad y grandilocuencia a ricos y pobres. Todo por seguir "subido en el palo".
El juego de poder se ha convertido en menester del destino, donde los colosos de la Roma Antigua entregan la antorcha a "el elegido", al más destacado alumno de unos y de otros; al representante de los sectores liberales y conservadores, boschista y vinchista, balagueriano y demócrata, al progresista y conchoprimiano, al amigo de la modernidad, del marketing y de la ilusión perdida en el fango de las mentiras electoreras.
¿Realmente ha cambiado la República Dominicana desde agosto del 2004? El ilusionista ha sabido convertir patrullas mixtas de mendigos uniformados en seguridad ciudadana, el clientelismo en asistencia social, el tráfico de influencias en gestión pública, el ejercicio abusivo del poder en capricho ministerial, el irrespeto en silencio, la falta de seriedad en transparencia. ¿Ha logrado el gobierno una sociedad distinta, próspera, progresista, más humana, democrática, moderna, abierta y participativa?
En ocasiones anteriores hemos dicho que el gran error de las democracias latinoamericanas, ha sido su desarrollo en ambientes personalistas, con caudillajes absurdos y preceptos destinistas. Hoy, el ilusionista, nos presenta estos rasgos como señales de consolidación democrática.
Hasta cuándo la magia dominará los senderos de la política dominicana. Hasta dónde permitiremos que se imponga el arte de engañar los sentidos con el propósito de entretener, mientras se vacían las arcas del Estado. Hasta cuándo, los trucos de chistera nos distraerán de la calamidad de la ciudadanía sumida en la miseria. Hasta dónde el espectáculo novelesco nos encantará como serpientes para seguir validando lo inaceptable, justificando lo injusto, respaldando lo reprobable. Abrir los ojos ya es tarea de la juventud dominicana, mientras, él seguirá "subido en el palo".
Traidores a su patria
La República Dominicana surgió en el siglo antepasado tras un proceso separatista iniciado por los trinitarios, quienes a su vez eran aliados políticos y recibieron ingentes colaboraciones del grupo haitiano “La Reforma”, que se oponía al gobierno militar de Boyer en Haití.
Nuestro país, lejos de surgir producto del odio al pueblo haitiano, surge de la gallardía de un grupo de hombres y mujeres (en combinación con la solidaridad del pueblo haitiano) que fueron luego traicionados por algunos sectores que se amarraron al poder político para asegurar sus privilegios, traicionando los principios de quienes idearon la nación dominicana y utilizando el anti-haitianismo como herramienta ideológica para mantener su supervivencia y poderío.
Hoy, los herederos de aquellos traidores de la primera República, se escudan en falsos valores patrios, para señalar y perseguir a quienes atentan contra sus privilegios. Incluso utilizan la memoria de los trinitarios para, sustentados en el mismo nacionalismo xenófobo que sirvió de plataforma política a Santana, quien ordenara la persecución, destierro y/o eliminación de todo liberal que le hiciera sombra en República Dominicana, continuar sus maquinaciones por conservar el statu quo que tanto les beneficia y enriquece.
Alimentamos ese odio con las doctrinas que sirvieron de insumos al proyecto personal de Rafael Leónidas Trujillo, que propagó por todas las escuelas el germen del rechazo a Haití, para mantener su control, sirviéndose del miedo histórico producto de las acciones de la dictadura de Boyer, que sufrió tanto el pueblo haitiano como el dominicano.
Hoy, Sonia Pierre, activista de los derechos de los dominico-haitianos, es atacada por todos los frentes. La detractan juristas, catedráticos, estudiantes, opinadores y políticos en un gran esfuerzo colectivo por derribar a una mujer que ha actuado con entereza en la defensa de sus convicciones y la dignidad de seres humanos que, por razones del azar, han tenido que soportar adversidades fruto de las pasiones exacerbadas de aquellos para quienes la historia es un instrumento de servilismo. Los mismos que cuentan con la complicidad de quienes le siguen, con ingenuidad, su juego de intereses.
Ahora se trata de su nacionalidad. Nacida en Villa Altagracia, San Cristóbal, declarada en 1963, Sonia Pierre enfrenta una nueva batalla. Dirigentes políticos de la franja conservadora pretenden cuestionar la legalidad de sus papeles, obviando, burdamente, principios jurídicos elementales como la irretroactividad de la ley y el carácter personal de la imputación.
La mujer que cobrara fama por su energía en el caso de las niñas dominicanas de origen haitiano, Dilcia Yean y Jessica Bosico, (que reclamaban la pensión alimentaria en ejercicio de sus derechos constitucionales) no se encuentra sola en esta lucha. De su lado se encuentra la razón y la sensatez de un gran número de dominicanos que no se dejan confundir por las pasiones y sentimientos promovidos por sectores que sólo han sabido aprovechar privilegios.
Así como en ocasiones anteriores hemos enfrentado cuestionamientos por nuestras posturas respecto a la nacionalidad de hijos de extranjeros ilegales, porque la lógica y el Derecho, establecen claramente que el estado de ilegalidad no es hereditario. Hoy, sabemos que nuestro artículo desatará los más soeces insultos. Estamos dispuestos a soportar, en nombre de la dignidad dominicana, que los sentimientos se sobrepongan a la razón, hasta que la virtud concebida por los trinitarios encuentre sitio en nuestra República.
Si la patria son los privilegios, la trata de seres humanos, la intolerancia, el tráfico de inmigrantes, el enriquecimiento a costas de esclavismo, el saqueo de las arcas del Estado en nombre de la Nación yo soy un traidor. Si ellos son la patria yo soy extranjero. Si por el contrario, la Patria es defensa de las libertades, los derechos, la búsqueda de la felicidad y un espacio donde la diversidad y el sacrificio honesto, trabajador y solidario sean la norma, entonces seguiré siendo un patriota.
La turbulencia electorera
En ocasiones anteriores hemos expuesto nuestras consideraciones respecto a una necesaria planificación electoral. La misma se impone por factores diversos que pasan por el plano económico, la tranquilidad social y el interés político más allá de lo electoral. Se trata de la reorganización de la vida nacional en torno a un proyecto político ciudadano consensuado, que surja de un plan de desarrollo a largo plazo.
En el panorama político contemporáneo brillan por su ausencia las agendas programáticas, los planes gubernamentales y cuando hacen aparición son simples cartas de presentación proselitista, muy lejos de convertirse en compromisos.
La vida pública camina a tientas sin una guía de avance y los gobiernos se empeñan en continuar con las medidas parche y las improvisaciones. La palabra prioridad es devaluada a su mínima expresión por el accionar diario de quienes disponen las políticas públicas.
Los ejemplos de desarrollo más elaborados y cercanos a nuestra realidad, surgen del consenso entre los diferentes actores de la clase política y las demás fuerzas sociales. Pero para realizar los procesos políticos que observen como objeto el avance sostenido y planificado, se requiere de cierta distensión social, política e institucional. Esta tranquilidad es inalcanzable en los climas electorales.
La turbulencia de un proceso político-electoral, lo que en un país con las condiciones del nuestro significa una campaña, establece claras limitaciones a la gobernanza. Es decir, un plan de desarrollo es inconcebible entre sectores enfrentados, divididos y bastante ocupados en conseguir votantes en los lugares más recónditos. Somos testigos permanentes de dicha aseveración.
Los problemas de la ciudadanía pasan a un segundo plano para que fluya la cháchara, el marketing, la música, el bandereo, la cerveza. Más tarde vendrá el mano a mano, la fundita, la dádiva y demás métodos de la política tradicional que hoy se ve condicionada y limitada por unos actores con creatividad nula y con visión miope.
El Presidente no es el administrador, sino el protagonista de vallas, slogans, discursos de funcionarios, noticias. El opositor no es un catalizador de fuerzas con aspiraciones de poder que enfrenta las mal llevadas políticas públicas, sino un simple “jugador más valioso”. El ambiente político caldeado no permite que se piense en la ciudadanía más que como un mercado. Oferta y demanda fluyen en ese carnaval de negocios e intereses donde gane quien gane, pierden siempre los mismos.
La gente se levanta a sus labores y no encuentra transporte. Y los niños pidiendo en la calle aumentan sus potencialidades delictivas. Y la clase media subvenciona, con sus mágicos impuestos, las campañas políticas de quienes incumplen promesas, abandonan convicciones, decepcionan esperanzas. Y el poder económico juega ajedrez con nuestra soberanía popular.
Estas condiciones hiperelectoralistas son evitables. Podemos propiciar un clima de templanza en las diferentes fuerzas políticas para que la búsqueda del poder sea un compromiso con la construcción pública, la creación de mecanismos para el desarrollo y la profesionalización del gobierno.
Vemos la necesidad de una planificación electoral que abra espacio a la posibilidad de que los políticos se dediquen a gobernar y hacer oposición, para dejar de ser constantes proselitistas. Prolongar a seis años y unificar las elecciones podría ser el primer paso de una gran ola de cambios en lo público que se vean reflejados en la vida privada de la gente.
El tiempo de los elegidos, de peloteros, de galipotes políticos, de discursos huecos debe reducirse. En la lógica de la clase política tradicional, el desarrollo puede esperar, el país necesita campaña. No hace falta el diseño de políticas de Estado para la resolución de los problemas de la gente. No se requiere establecer acuerdos institucionales, el país puede esperar.
Requerimos hacer un alto y pensar en el futuro. Construir esquemas de negociación y avance para detener la turbulencia electorera. Manos a la obra.
Sufragio efectivo, no reeleccion.
La frase con que titulamos nuestra entrega de hoy cobró fama en el México de la primera década del siglo XX. Un grupo encabezado por Francisco Madero levantó su voz en contra del autoritarismo personalista de Porfirio Díaz. Tras propagar el mensaje con el slogan que titula nuestro artículo, Madero fue asesinado, lo que dio pie al inicio de la Revolución Mexicana.
En nuestro país se ha mantenido presente durante mucho tiempo la discusión en cuanto al derecho presidencial por optar por un segundo mandato. Ha sido razón de reformas constitucionales múltiples, crisis políticas e incluso enfrentamientos armados en el siglo antepasado.
Hoy día la discusión parece venir en camino y se presenta una oportunidad para de una vez por todas llegar a una solución saludable y razonable sobre el tema. Podría acercarse un momento de prueba para la clase dirigente y su capacidad de diálogo.
Hemos visto cuán traumáticos resultan los procesos reeleccionistas; acabamos de salir de uno de estos que dejó un saldo nefasto: Partidos divididos, crisis económica, degradación de los medios políticos (clientelismo y voracidad fiscal), corrupción, en fin, una gama de males que aún nos afectan, pasados tres años. Asimismo, en un pasado menos reciente vivimos los síntomas de las re-postulaciones balagueristas y con mayor pesar las de Rafael Trujillo Molina, cuyas huellas en el pasado y presente son por todos conocidas.
Horacio Vásquez, Ulises Heureaux, Ignacio María González, Santana, Báez, entre otros, han sido presidentes candidatos en nuestro país, dejando un legado de corrupción y degradación política significativo.
El problema reside en la debilidad institucional de nuestro Estado. El entramado jurídico-administrativo carece de la fortaleza para soportar el poder presidencial en campaña. Un presidente, con poderes extraordinarios y buscando ser reelegido usará todos los recursos a su alcance para lograrlo y la realidad es que tiene muchos. Esto, afecta el desempeño institucional y el curso democrático de la nación. El poder presidencial modifica las reglas del juego, resultando una competencia dispar.
En América Latina, donde la mayoría de los países posee figuras políticas semejantes a las nuestras, por similitudes históricas, podemos ver los mismos efectos de la repostulación. Carlos Menem reforma la Constitución de Argentina para conseguir la re-reelección, el resultado es su salida de la Casa Rosada a la cárcel. En Perú, Alberto Fujimori se reelige en múltiples ocasiones y de la casa de gobierno pasa a ser un fugitivo por corrupción. Dos muestras contundentes, viniendo de dos países que han observado sus sistemas democráticos al borde del colapso como producto de estos casos.
El desarrollo alcanzado por Costa Rica no es producto del azar. La prohibición constitucional de la reelección presidencial ha contribuido a la alternabilidad en el poder, con esto, a la distensión institucional y ha permitido los cambios estructurales requeridos para avanzar. Y es que cuando un Presidente es candidato, asume posturas simpáticas que no necesariamente son las más convenientes para el desarrollo del país.
Desde el poder, se organiza un aparato proselitista que somete a funcionarios y ciudadanos, compra conciencias, utiliza fondos estatales para ganar adeptos y desarticula la igualdad de posibilidades de los candidatos que se oponen al presidente.
En varios países de condiciones homogeneas se ha establecido la prohibición constitucional de la reelección presidencial. El resultado ha sido mayor avance y un mejor desenvolvimiento de los partidos políticos y la ciudadanía en general. Esto, porque el Presidente se dedica a gobernar y el candidato a hacer campaña, el resultado es claro, ambos, Presidente y candidato, terminan mejor: Gana el país.
Lumpen ciudadano.
Muchos de mis compañeros de colegio, trabajo y universidad plantean la necesidad de abandonar nuestro país para poder progresar. Lo dicen convencidos de que todo está perdido, que el proyecto que nació en 1844 no es viable y por tanto no vale la pena perseverar. Jóvenes privilegiados con el acceso a la educación, poder adquisitivo, renuncian a su compromiso por una desilusión que, a mi entender, es errada.
Lumpenproletariat es el término germánico con el que Marx da origen a una palabra que ha sido usada en tantos contextos que parece haber llegado al hartazgo.
El lumpen, es un personaje que militaba en los movimientos de izquierdas sin mostrar un compromiso certero, firme con el ideal revolucionario. No sirve a ninguna causa, ni tiene un objetivo claro en la vida, sino que se deja enredar, a regañadientes, en las aventuras que le salen al paso.
Producto de una serie de observaciones de analistas políticos y sociólogos, hemos divisado cómo la etapa de los caudillos (Bosch, Balaguer y Peña Gómez), junto a sus grandes aportes democráticos, contribuyó a la creación populista de una dimensión político-partidaria de la ciudadanía.
La construcción social e institucional, impuesta desde arriba edificó un modelo que, obviando a la “masa silente” en la toma de decisiones, otorgó todo el poder de empuje y actividad pública al partido político, entonces monopolizado por el caudillo.
Así, la suerte del Estado democrático representativo limitaba la participación democrática de la ciudadanía al voto.
Hoy estamos viendo las consecuencias al sufrir las vicisitudes de una clase política que no ostenta las dotes negociadoras que tanto resultado le dieron a los tres grandes líderes del siglo XX, pero que tampoco cree, ni muestra compromiso alguno con la participación abierta de la ciudadanía.
En la agenda constitucional se plantea la mutación hacia el Estado Social y Democrático de Derecho, sin contar con la zapata necesaria para los fines. Decimos esto a sabiendas de que nuestro país cuenta con un 22% de desnutrición en sus habitantes, lo que incide directamente en la capacidad de toma de decisiones de quienes deberían detentar el poder. El analfabetismo, “la pobreza de capacidad”, se constituye en un factor preponderante a la hora de tomar partido en los asuntos públicos.
Por esto, vemos una clase dirigente que por un lado predica la necesidad de crear dimensiones de autodeterminación y por el otro expone prácticas medularmente opuestas, como el ejercicio de dominación que constituye el clientelismo político.
Se expone como un necesario impulso la inversión en educación, sin embargo, no se destina siquiera el seis por ciento del PIB para fortalecer planes educativos que incluyan la formación de los maestros y la habilitación de los laboratorios que parirán al ciudadano y la ciudadana del futuro.
El lumpen ciudadano surge de esta carencia de elementos que permitan la toma de decisiones y se erige como una veleta política que, sin ningún objetivo, se pliega a las imposiciones determinadas por el politiquero que le resuelve el problema inmediato (en tiempo de elecciones) a la vez que le prolonga su agonía.
Las organizaciones, cuyo objetivo primigenio y teórico debe ser la reivindicación de derechos y consecuciones administrativas (como los gremios, juntas de vecinos, ONG´s) son penetradas por el lumpen ciudadano, que lejos de representar los intereses de sus comunidades, se suma al juego de poder de un grupúsculo que, protegido por la indiferencia y cobijado en la ignorancia y la necesidad, ha hecho tienda en nuestras instituciones.
La solución está en nuestras manos. Las de quienes podemos prepararnos para exigir y erigir un entorno social, político y económico distinto, que contamos con los recursos para iniciar algo diferente, porque hemos sido privilegiados. Retribuyamos a la sociedad ese privilegio fruto del azar.
La verborrea malversadora de esperanzas terminará irremediablemente en dos opciones potenciales: un caos social o un experimento político autoritario. No queremos ni lo uno ni lo otro.
Hemos visto cómo desde el enfoque del despotismo ilustrado, que inició en 1966, hasta nuestros días, la educación, acaparada por minorías, ha sido el instrumento para mantener el atraso.
Quienes tenemos acceso a ella, debemos tomar conciencia del compromiso que esto significa y trabajar por el futuro. Por eso, y considerando que aún estamos a tiempo para recapitular y componer fuerzas para construir una alternativa, nos motivamos a escribir sobre el tema y contagiar a quienes todavía logran reconocer en sí mismos un ciudadano.
Que juzguen los que deben.
Cuando la opinión pública, los medios de comunicación, los grupos de presión y la ciudadanía en general se erigen en tribunales inquisidores, la justicia sufre. El veredicto resulta un catálogo de sentimientos, ignorancia e intereses. Recordemos la absolución de Barrabás y la condena de Jesús. Así se repite a lo largo de la historia con diferentes enfoques.
En la (in)justicia penal no faltan ejemplos. El vox populi dispone “inocente” o “culpable”; con esto sólo pierde la Justicia. De igual manera prominentes figuras lanzan críticas anticipadas y logran con esto presionar la administración.
Con el fortalecimiento institucional se logra que las decisiones judiciales sean inalterables. Y es precisamente esa institucionalidad la que viene a predicar la fundación que ofreció declaraciones en días pasados, por medio de su presidenta, en ocasión del fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso Renove.
Las implicaciones de las declaraciones señaladas, inciden directamente en la mencionada institucionalidad. Amedrentar las decisiones judiciales no aporta, en ningún ámbito, al fortalecimiento de la justicia. Así, la mediatización de los procesos judiciales, comentados cual episodios deportivos, se convierte en una bomba de tiempo y ya vemos en las calles cómo grupos comunitarios están tomando por sus propias manos “la justicia”.
Habiendo calificado como "una nueva señal de desaliento" el fallo del más alto tribunal, la dignataria se atreve a admitir que hacía esas declaraciones "sin entrar en una valoración técnica sobre el contenido de la sentencia".
Nos preguntamos, asombrados, de qué manera se puede determinar que "el sistema de justicia penal no ha cumplido con su misión", a propósito de una sentencia o decisión judicial sin haberse sumergido en un estudio de la pieza jurídica. No queremos con esto defender a los imputados, pues hemos dicho que esto es trabajo de sus abogados en los tribunales. Sin embargo, queremos alentar a los diferentes sectores de la sociedad a observar los pormenores técnicos antes de emitir juicios de valor.
El derecho no permite apreciaciones imprecisas, sino exactas. La ley existe y los debates para aplicarla se dan en estrado. Lamentablemente, la solución de los procesos penales, hoy convertidos en dramas televisivos y periodísticos, está precedida de especulaciones y opiniones de profanos que restan veracidad a los fallos.
En consecuencia, las diligencias y decisiones emanadas de las instancias doctas y competentes resultan débiles, inútiles. Los medios ventilan juicios precocidos, plagados de intereses y muchas veces de superficialidades, que desembocan en la debilidad de las instituciones de nuestro país. Esta realidad, por desgracia, conforma un círculo vicioso que descalifica las decisiones de los jueces (los de toga y birrete) y generaliza la sensación de inconformidad, resultando desconfianza y debilidad institucional, que otra vez, nos llevan a las opiniones precipitadas y carentes de base legal.
La jurisdicción correspondiente juzgará. Es tarea del Ministerio Público emitir las acusaciones acorde a la tipificación en el Código Penal. Mientras, invitamos a los distintos sectores a estudiar los pormenores técnicos de los procesos. Ninguna sentencia pronunciada por grupos de presión, figuras iluminadas o en el colmado de la esquina, tiene validez. Demostremos con hechos que trabajamos por la institucionalidad y la justicia; el país lo agradecerá.
Constitucion y libertad religiosa.
La mayoría de las distintas propuestas de reforma a la Constitución van en dirección de incluir en el texto constitucional los derechos sociales con el objeto de convertir la Carta Magna en un compendio especializado y pormenorizado de enunciados.
No necesariamente somos partidarios de esa posición, pero, en ese tenor y reclamando el Estado Social y Democrático de Derecho, que sirve de bandera a la reforma, nos gustaría observar a los juristas y hombres públicos que han hecho sus excelentes propuestas estableciendo posturas sobre la necesidad de incluir en el texto constitucional la condición aconfesional y laica que debe tener nuestro Estado.
El calumniado pensador Nicolás Maquiavelo, establece en sus tratados de política la necesidad de separación entre dicha disciplina y la moral. En principio esto puede parecer una declaración afirmativa de la obligatoriedad de la falta de escrúpulos para el ejercicio político.
Sin embargo, la aportación supone una magnitud insospechada al observar algunos parámetros que tomaremos en cuenta en esta entrega.
Hace falta liberar la esfera pública de la influencia religiosa. Y esta afirmación, aunque parezca contestataria y pretenciosa supone un compromiso serio con la libertad de conciencia. La misma es parte importante de un sistema democrático y del entramado de derechos fundamentales.
La cuestión del Estado laico, desde una perspectiva socio-jurídica, abarca una amplia gama de temas que van desde el derecho a la educación, la administración de justicia, el acceso de la ciudadanía a servicios de salud reproductiva, hasta el derecho a la eutanasia, el matrimonio, la ingeniería genética, las orientaciones sexuales de las personas y su relación con el derecho al trabajo y otras muchas.
Un Estado laico viene a armonizar, de una vez por todas, sin lugar a dudas, las relaciones entre el Estado y las iglesias y organizaciones religiosas. La condición aconfesional viene a reafirmar la máxima de que en la democracia el único poder fáctico es la ciudadanía, que comprende un conglomerado de personas con pluralidad de credos y diversidad de posiciones ideológicas y morales.
El filósofo italiano Norberto Bobbio, estableció que «El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas».
Siguiendo la misma línea de ese pensador socialista, el católico francés Jacques Maritain escribió que «hombres que poseen convicciones metafísicas o religiosas completamente diferentes y hasta opuestas entre sí, pueden converger hacia las mismas conclusiones y pueden participar de la misma filosofía democrática práctica, siempre que reverencien análogamente, acaso por razones muy diferentes, la verdad y la inteligencia, la dignidad humana, la libertad, el amor fraternal y el valor absoluto del bien moral.» Ambas posturas, establecen la posibilidad de convivencia de posiciones distintas, pero, su coexistencia requiere de cierta horizontalidad.
De hecho, en el Estado laico, los religiosos tienen derechos asegurados, al contemplarse la pluralidad, el respeto a la diversidad, libertad de cultos y de conciencia. Las legislaciones surgidas de la estructura jurídico-política laica no obligan, sólo liberalizan, dejando a opción privada la participación de las mismas.
En culturas donde lo público y la religión están fuertemente conectados, se observa un rasgo marcado de imposición moral e intolerancia ante la diferencia. Ejemplo de esto son las sociedades donde el Corán o la Sunna mahometana son rectores del comportamiento público, lo que desemboca en una regulación, muchas veces irracional, de los asuntos privados.
Urge limitar la religión al ámbito privado, particular, si realmente queremos asegurar una convivencia en libertad de conciencia, que es pilar de un Estado Social de Derecho.
La fuerte determinación católica de las diferentes instituciones públicas en nuestro país constituye una desproporción con el gran número de ciudadanos y empleados que practican otros credos. La presencia de simbologías de religiones específicas en los tribunales, las celebraciones de misas en actividades estatales, los privilegios sobre el matrimonio, constituyen violaciones a la declarada libertad de cultos y los derechos que implican la Constitución y los textos supraconstitucionales.
Si realmente queremos establecer las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho, debemos nivelar las relaciones estatales con los ciudadanos y equiparar, sin importar el credo, la relación social de ciudadanos y los organismos públicos. Aboguemos por un Estado laico, aconfesional, que es propugnar por una sociedad más libre y democrática.
La izquierda latinoamericana.
Hace unos días escribimos un artículo condenando una actuación de Hugo Chávez. El mismo recibió críticas frontales de múltiples amigos y conocidos de ideas progresistas y en esta entrega quisiéramos, sin objeto de justificar pero sin temor, asumir nuestro papel “revisionista” (lo que hace algún tiempo fue considerado como alta traición entre los movimientos de izquierda).
Queremos expresar nuestra satisfacción ante la ola de victorias socialistas y socialdemócratas en América Latina. Sin duda significan un respiro para los sufridos pueblos latinoamericanos. En ocasiones anteriores hemos afirmado creer en la inversión social y en la regulación estatal de los factores económicos que han abierto, durante largos años, una brecha abismal entre los muchos que nada tienen y los pocos que detentan el poder metálico.
En ese sentido, nos identificamos plenamente con las aspiraciones del Presidente venezolano, al considerar que la democracia es algo más que ir a las urnas a votar y luego regresar al caserío a ver el drama diario de violencia, pobreza extrema y desamparo.
Consideramos, también interesante, positiva, la apuesta por el “consenso bolivariano”, que ha iniciado un grupo de mandatarios en América Latina, con el objeto de establecer nuevos parámetros y una nueva política económica e internacional.
Habiendo transmitido nuestro compromiso con las ideas de izquierda y la creencia de que sólo con inversión pública en capital humano las naciones logran el progreso económico y social, nos dirigimos a establecer, sin ánimo de crítica destructiva, algunos señalamientos sobre la situación en cuestión.
Un sistema que pretende superar o sustituir otro, no debe, desde mi humilde opinión suprimir las ventajas del anterior. Eliminar la propiedad privada, por ejemplo, suprime la libertad de los ciudadanos en cuanto a autodeterminación individual y expresión propia, constituyendo una contradicción al sistema democrático con el que comulgamos.
No nos oponemos de ninguna manera al saludable “consenso bolivariano”. Sin embargo, consideramos que existe una corriente dentro del mismo, que busca dogmatizar sus postulados y personalizar (lo que es a nuestro entender un gran error) el debate asumiendo la vulnerabilidad de seres humanos como sostén de dicho proceso. También se destaca la asunción autocrática de algunos de los actores del mismo.
Como ejemplo, podemos señalar la frase “Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese.” También el caso de la solicitud de poderes extraordinarios por dieciocho meses para que el Presidente legisle. Ambas, muestras francas de soberbia, pensamiento único, dogma, expresión divina, una falta de pluralismo nocivo al desarrollo del modelo que se propone.
Nos parece imposible lograr la propiedad colectiva y el avance económico-social en conjunto; son situaciones repulsivas. Las causas las podemos consultar en la obra del gran economista internacional Mancur Olson que versan sobre el socialismo radical como bien público.
Las recomendaciones de la nueva economía pública (al estilo Amartya Sen) que se nutre de los avances en la microeconomía (en contraste a la paradójica posición de rechazo de algunos de los componentes de la izquierda en América Latina) no deban ser obviadas. Dicha corriente no se olvida del componente social-humano, bajo el cual analiza todas sus recomendaciones de política.
La izquierda racional, democrática, moderna, debería mirar hacia el consumidor (el sufrido ciudadano de a pie), como lo hacen Lula da Silva, Nestor Kirchner, Michelle Bachelet, Tabaré Vásquez. Los retos de esa izquierda triunfante están sin duda en saber combinar las nuevas formas sociales que componen la ciudadanía del siglo XXI con la cobertura de las necesidades sociales de dichos ciudadanos, entendidos como entes autónomos y productivos, no como ovejas que siguen el camino trazado por el pastoreo populista.
Contamos con un nuevo sujeto político no colectivo como la clase obrera de antaño, que estaba estructurada en bloque. El ciudadano de hoy, activo y consciente, quiere ser tratado de tú a tú y ser co-protagonista de su avance. Por eso demanda nuevas reglas del juego.
Los habitantes de la región piden un nuevo contrato político con la clase dirigente y de los empresarios, un nuevo contrato social. Necesitamos abrir espacios de actuación más allá de la dinámica electoral cortoplacista.
Más participación en la agenda pública, menos barreras de entrada y menos distancia entre los políticos y la gente común. Esto, sin sacrificar las ventajas del ancient régime. Si logramos una alternativa en ese sentido, Latinoamérica verá la luz. Si por el contrario nos disponemos a activar el modelo Perón, la izquierda terminará derrotada y desacreditada.
El coronel golpista y su "democracia"
El contradictorio comandante de la “revolución bolivariana” se ha confesado demócrata en un sinnúmero de ocasiones. Ha sido un predicador imparable de la dimensión económica, social y política del sistema democrático, sin embargo ha dado muestras de su intolerancia, haciendo galas de sus orígenes.
Las botas han sido históricamente para pisotear derechos y libertades, Bolívar es un ejemplo. Quizás el coronel Chávez Frías quiere emular las formas del “Libertador” a casi tres siglos de aquel contexto, al cerrar Radio Caracas Televisión.
Como argumento para el cierre de la cadena mediática sostiene que se trata de un canal golpista. Parece no recordar que fue precisamente el golpismo lo que lo catapultó, de ser un oficial desconocido, a la gloria internacional de ser el nuevo paradigma de la izquierda crispada. El presidente Chávez olvida que fue su intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez lo que le dio un nombre político que luego le permitió obtener el éxito que indudablemente ha conseguido.
Al parecer, ese que tanto ha criticado la visión minimalista de la democracia, que reduce el espacio de la misma al campo electoral, ha olvidado sus prédicas y acoge la democracia como el hecho de ganar las elecciones, obviando las libertades públicas y derechos que este sistema supone.
Los medios no bolivarianos, aunque defiendan y representen intereses particulares (sean de oligarcas, burgueses, empresarios, políticos corruptos o no) forman parte del entramado social que compone el sistema político venezolano, y para que exista gobernabilidad se requiere de una interrelación entre todos los sectores.
El neo-populismo, cobijado en divisiones sociales científicamente impropias, plantea una definición de democracia bastante pobre, al asumir al pueblo como el conjunto de personas que tienen poco poder adquisitivo.
La prensa, cuando es ruda con quienes gobiernan, aún sin tener la razón, incrementa la democracia. Un golpe de expresión es un hecho democrático, pues la prensa no obliga, convence, no golpea, induce, no violenta ni pisotea, aún cuando las ideas que defienda estén equivocadas. Censurar los medios de comunicación, por cualquier razón, constituye un retroceso a grandes escalas y un crimen contra las conquistas centrales de las luchas democráticas.
La democracia no se debe andar predicando cuando no es practicada, pues termina en decepción. Sucede que muchas veces los principios se congelan, las palabras se suspenden en los momentos discursivos y no cobran ningún significado en la toma de decisiones. El pluralismo, la diversidad, la tolerancia, son valores irrenunciables de un verdadero demócrata, porque forman parte de la naiboa de la democracia.
El presidente Chávez tiene muchas cualidades en su haber. Ha demostrado ser un gran administrador, un excelente político y polemista, y ha sido ratificado, con todas las de la ley, en múltiples ocasiones por la votación popular. Ahora, su reto es demostrar su vocación democrática y capitular en sus arranques impulsivos que podrían llevarlo a estampar su nombre en la historia como otro político seducido por las mieles del poder y convertido por la intolerancia en el primer déspota latinoamericano del siglo XXI.
Salcedo o las Mirabal
En un programa matutino, escuchamos con tristeza a un comunicador arremeter contra quienes propusieron que se nombrara “Hermanas Mirabal” a la provincia Salcedo.
No es nuestra intención generar una serie de pronunciamientos chismográficos, como es común en el ambiente intelectual dominicano.
Consideramos absurdo levantar, en momentos en que nuestro país pasa por calamidades varias, polémicas en torno a la honorabilidad de personajes que vivieron y trascendieron en épocas pasadas.
Lo que queremos es señalar, por considerarlo un deber ciudadano, nuestro rechazo a las declaraciones de algunos sectores que quieren envilecer la propuesta de los legisladores que presentaron hace unos días la moción que modificaría el nombre de la Provincia Salcedo.
Nuestro objetivo está lejos de denostar al primer Presidente de la Guerra Restauradora, Pepillo Salcedo, pero sí creemos conveniente colocarlo en su lugar histórico, aún asumiendo el precio público que supone enfrentar una figura de su calibre.
Llamar “traidores” a unos legisladores que proponen nombrar una provincia en honor a los símbolos más contundentes de la libertad en nuestro país constituye un crimen. Las Mirabal han sido inmortalizadas con literatura, arte y hasta el día internacional de la no violencia contra la mujer en su memoria, honrarlas colocándole su nombre a la provincia que les vio nacer no debe, no puede ser catalogado como traición.
En etapas totalmente diferentes, Pepillo Salcedo y las hermanas Mirabal jugaron roles preponderantes en las luchas libertarias. Sin embargo, si de traición hablamos, en ese marco podría considerarse la actitud de dicho líder restaurador, quien respaldara el movimiento que inició en el Este del país el General Buenaventura Báez, el cual se declaró rebelde en 1865, logrando el apoyo de varios sectores del Cibao, incluyendo a Pepillo Salcedo y desmembrando la junta restauradora. Estos sucesos llevaron a Gregorio Luperón al destierro en Saint Thomas y debilitaron las fuerzas patriotas.
Lo que declaramos no busca desmeritar a Salcedo, pero busca abrir los ojos de un gran número de personas que, con fe en las palabras de comunicadores que se presentan como catedráticos de historia, confunden la dimensión de los hechos en cuestión. Sostenemos nuestra postura, creemos más relevante la lucha heroica y el martirio por la libertad del pueblo dominicano que la dicha que tuvo un hombre, cuyo talante y honor no están en cuestión, de ser Presidente de la República en Armas.
Los mismos que arrean los ánimos autoritarios en sus aclamaciones nostálgicas quieren hoy condenar, con alusiones tremendistas, el reconocimiento a tres mujeres que dieron su vida en la lucha contra las vejaciones de la dictadura trujillista.
Nos duele que muchos de los “grandes comunicadores” de la actualidad utilicen los micrófonos para burlar la inteligencia del pueblo dominicano, denostando las posiciones dignas de ciertos diputados, sin embargo, nunca han levantado su voz contra torturadores y esbirros de aquella era funesta, vivos y sueltos, que hoy son reputados personajes de la sociedad.
Desigualdad
Charles Dickens en su ‘Historia de dos ciudades’, presenta la capital de la Francia pre-revolucionaria, como un esquema que planteaba dos realidades que convivían en un mismo escenario.
"Era la mejor y la peor de las épocas, el siglo de la locura y de la razón, de la fe y de la incredulidad; era un periodo de luz y de tinieblas en el que se iba en línea recta al cielo y por el camino más corto al infierno". Quizá para muchos de los que leen esta columna el tema de mi escrito no es algo nuevo, ni causa de asombro alguno. Sin embargo, dedico estos párrafos a mis amigos que conviven en la burbuja de una sociedad que oculta su miseria y aísla a sus miembros de todo compromiso.
Estoy seguro de que muchos de los jóvenes que asisten a las universidades privadas no conocen de la existencia de una sociedad paralela que subsiste en la pobreza más aberrante y despiadada. La avenida Abraham Lincoln, por ejemplo, presenta una fachada comercial y residencial que esconde, como una muralla, una ciudad perdida, donde muchas personas viven en hogares con pisos de tierra y paredes de hojalata.
Otra ciudad se esconde tras la aparente bonanza. Muchos de nosotros ignoramos esta ciudadela de miserias que parece desconectada de la vida de los que tenemos acceso a los privilegios de la imperfección económica de nuestra sociedad. Si seguimos obviando esta realidad paralela, sin tomar en cuenta el compromiso social y solidario con aquellos a los que la mala repartición otorgó la peor de las suertes, el peso de esa desigualdad caerá sobre nosotros en una ola de delincuencia, o peor aun, en una masa hambrienta y sin nada que perder, tirada a las calles. O lo más difícil, un falso redentor que se disfrace de oveja siendo lobo. No se trata de un simple altruismo o defensa de los derechos humanos, sino de una amenaza inminente y real que reside en las necesidades de la gente.Hay dos ciudades en Santo Domingo y ambas tienen una puerta que las intercomunica, un frío callejón de bloques de cemento sin pañete y menos de un metro de ancho une estas dos dimensiones.
América Latina está despertando de la ignorancia y la indiferencia, que es la muerte lenta de la democracia. Escuchemos esa voz que nos llama a trabajar por vencer la desigualdad para preservar la democracia.
El suicidio ciudadano
Semánticamente la palabra suicidio se podría definir como la muerte de uno mismo. Viene del latín sui caedere, es el acto de quitarse la propia vida. Un acto cuyos efectos son visibles en la simpleza de la definición que postulamos.
Hemos tomado este término como referencia a la permanente y creciente tendencia de los sectores ciudadanos a mantenerse ajenos al acontecer nacional. Y decimos que es una muerte inducida por sí mismos, porque se trata, la apatía e indiferencia, de la carencia de controles efectivos a los actores del sistema político, lo que terminará, lamentablemente, en la descomposición institucional de nuestro Estado y de la arquitectura social.
La ciudadanía, inducida por su falta de compromiso, dejadez o desinterés, se arrastra a la vida cotidiana ajena de participación y seguimiento a los asuntos públicos. Quienes se dedican a la actividad política, una esfera profesional con limitaciones e imperfecciones por todos conocidas, se sienten libres de hacer y deshacer, dejando de lado la observación a las normas principales del comportamiento ético por falta de la vigilancia activa de quien pasa factura electoral.
Tras la actuación desbordada, la mugre y el escándalo y sobre todo, cuando el problema le toca la puerta propia, el ciudadano se detiene y predica su asco, su conmoción ante el vaho que se desprende de los estamentos que rigen la vida pública. Así entramos a un círculo vicioso que conecta intereses corruptores (poderes fácticos) e intereses corrompidos (poderes políticos). De esta manera, el tercer actor (ciudadano), que debería ser el primero, por su propia indiferencia queda relegado para que el rentismo se alce, en detrimento de la sociedad, con el santo y la limosna.
La clase política, acosada por todos los frentes, disminuida al descrédito, produce indiferencia y repulsión en el ciudadano que decide vivir su vida ajeno a toda actividad pública. Entonces, entra en escena el “poderoso caballero”, a suplir la necesidad del político de comprar su espacio, condenándole a ser estéril para cualquier objetivo de cambio estructural. Las personas con intenciones de aportar, con posible preparación y honradez deciden continuar su vida privada en paz sin “mancharse las manos” ¿Quien gana?
Mi heroe... inolvidable.
Su recuerdo permanece intacto en mi memoria. No hablo del recuerdo de su figura, modificada por los años hasta su mínima expresión. Hablo de la memoria imperecedera del abuelo recto y distanciado, pero a la vez cariñoso y ameno. Cuando le conocí ya peinaba muchas canas. No olvido su estampa intachable de buen gusto, siempre erguido, elegante, con el peinado perfecto, los bigotes recortados y los lentes de pasta sostenidos por sus enormes orejas.
Recuerdo sus cuentos surrealistas que entretuvieron a más de una docena de nietos, así como sus careos de historia y geografía, buscando despertar en su descendencia el germen de la sed de conocimiento e información que había en sí mismo. Sus horas de concentración en la biblioteca, escarbando en páginas e ideas reposan junto al recuerdo de mis juegos, bajo su supervisión cariñosa en aquel universo de libros y polvo, donde nació en mí, por inducción suya, el amor por las letras. El sonido de la máquina Olimpia, que golpeaba con dedos firmes para plasmar en el papel la obra que le sobrevive.
Recuerdo, cómo no hacerlo, su aviso corrector alusivo al cinturón de cuero de culebra, que establecía la norma en el comportamiento de los nietos numerosos e incontrolables que visitaban la casa. Sus expresiones de cariño para con la abuela, y su frecuente “pero corazón”, que desarmaba en cualquier discusión.
De niño, siempre lo observé colocándose un corcelete blanco que cubría todo su tronco, nunca imaginé de qué se trataba, hasta que mi curiosidad infantil fue satisfecha. Mi abuelo había estado en la cárcel durante seis largos y pesados meses. Su relación con el complot que culminara en la eliminación física del tirano Trujillo había dejado marcas en su cuerpo.
Las torturas y vejaciones recibidas le habían ocasionado la fractura de varias vértebras y costillas. Luego comprobé lo explicado, leyendo su libro “En las garras del terror”. Hermano de Miguel Ángel Báez Díaz y primo de Juan Tomás y Modesto Díaz, activos participantes en la conjura del 30 de mayo, mi abuelo Tomás había sido encomendado para el cuidado y preservación de toda la familia, una tarea de heroísmo que llevo a cabo con esmero y atenciones.
Don Tomás, como lo llamaban muchos, era historiador, diplomático y servidor público, un autodidacta completo. Su talante austero y sus cuentas, son muestra de su honradez en el paso por el servicio público, que alcanzó dimensiones de importancia al ocupar puestos como Síndico del Distrito Nacional, Sub-secretario de Estado de Obras Públicas y Relaciones Exteriories, Director de Migración, Director de la Biblioteca Nacional, Embajador ante la ONU, así como otros cargos diplomáticos en Uruguay, Brasil y Francia.
Su obra encierra interesantes aportes a la historiografía dominicana, entre los que se cuentan “Trilogía: la mujer aborigen, la mujer en la colonia y la mujer dominicana”, “Rubén Darío, poeta de América y de España”, “Núñez de Cáceres, reivindicación”, “Máximo Gómez, el libertador”, “Antología de escritores banilejos”, “En honor a los héroes y mártires”, “Quinto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo”, así como “Páginas selectas” y “Máximo Gómez: Episodios heroicos y sentimentales”.
Mi admiración por ese hombre que se levantaba temprano a hacer ruido con su máquina de escribir fue creciendo conmigo a medida que fui conociendo más sobre él y sus cosas. Leí sus libros, dibujé en múltiples ocasiones su rostro, me escurría a escondidas en su biblioteca para leer, sin permiso, lo que escribía. Me ponía sus zapatos y su ropa. Adoraba los fines de semana en que íbamos con él a “Rancho Conuco”, la parcela donde distraía su primera vejez sembrando frutales y criando animales. Yo escuchaba con atención sus conversaciones de adulto sobre historia o política con mi padre o mis tíos. Y así se formó en mí aquella percepción de mi abuelo, mi héroe.
Hoy, ya no está entre nosotros, su recuerdo presiona nuestro pecho al pensar que se ha ido tras una vida plena de 97 años de servicio y conducta incorruptible. Sus ideas y sus aportes sobreviven a su cuerpo. Su legado, será bien respaldado por su familia, porque es fruto de su ejemplo y accionar.
Hace unos días recibí un mensaje de un amigo que me expresaba su solidaridad y proyectaba unas palabras que yo no habría podido hilvanar mejor: “deseo que tus acciones se constituyan en el mejor tributo a la memoria de tu abuelo”.
Hoy, lleno de admiración y cariño por un padre ejemplar, abuelo singular y un hombre digno que parte para siempre, quiero rendir estas palabras en homenaje, para que el viento se las lleve a Tomás Báez Díaz, mi héroe, allá donde esté.
Estado Social de Derecho
En la ruta hacia el perfeccionamiento institucional del Estado dominicano, hemos notado la ausencia de discusiones y la limitada participación de la sociedad civil, debido al monopolio de opinión que, por falta de tradición ciudadana o recursos, ha patentizado un grupo reducido de organizaciones sin fines de lucro junto a los partidos políticos.
Desde nuestra Dimensión Ética, hemos querido hacer un llamado a la clase dirigente y la ciudadanía proponiendo temas que, estudiados a profundidad nos serían de gran utilidad para construir el país que todos queremos. Es por esto que hoy ponemos en el tapete el tema que nos ocupa.
El Estado liberal tradicional que surge en Francia, con cuyo nacimiento inicia el período luminoso de las libertades públicas y privadas, no se hace suficiente para el curso progresivo de la organización social.
Aprovechado en diversas ocasiones por populistas para manipular al pueblo, el Estado liberal carece de las vías administrativas necesarias para la adaptación de la ciudadanía a la democracia. La conquista de las libertades es meramente electoral.
El Estado social de derecho, en cambio, sin entrar en contradicciones con el anterior, y sin llegar al extremo del insostenible e inflamado Estado de bienestar, propone un equilibrio que permite el desarrollo integral de la sociedad, es decir, la potenciación de sus dimensiones económica, política, social y cultural.
El Estado de bienestar, campeón de las conquistas sociales europeas, responde a las necesidades de los trabajadores, que en aquel momento histórico se preocupaba únicamente por lograr sus conquistas como clase.
Por tanto, su alcance, como ente organizador, se reducía al plano económico y social. Hoy día las necesidades de las sociedades son otras y por tanto, la organización jurídico-política de la nación debe tener un radio de acción más amplio.
Respondiendo a estas nuevas necesidades, tras la 1ra Revolución Industrial, inicia el surgimiento del Estado social de derecho (ESD), que incluye aspectos jurídicos, ideológicos y políticos y su alcance lo convierte en un organizador social, democrático y participativo.
En el plano político, el ESD debe promover la organización de la ciudadanía. La constitución del ciudadano común en su propia voz (legítima, autónoma y eficiente), por medio de vías artificiales de presión y representatividad (Juntas de Vecinos, de usuarios, consumidores, así como gremios y organizaciones sindicales, profesionales, industriales y comerciales), es un aspecto fundamental del Estado en estudio.
La soberanía reside en el pueblo y para ejercerla él mismo, debe dejar de ser masa y convertirse en ciudadanía. En ese sentido, el reto del Estado Social de Derecho es crear las condiciones para que el pueblo se organice (el gran temor de los populistas). Un pueblo organizado y educado no puede ser engañado. Así el Estado promueve las libertades (económicas y sociales, políticas e individuales), la autogestión y protege la ciudadanía de la manipulación demagógica.
En cuanto a sus tareas económicas, el Estado en cuestión se constituye en un ente regulador que establece las reglas del juego económico privado para garantizar el ejercicio de las libertades en el mismo plano, protegiendo así a los más débiles, evitando indebidas elevaciones de precios y otras maniobras abusivas.
A su vez, la organización jurídica de la nación deberá ser un ente de fomento y proteger constitucionalmente la iniciativa privada, además de ejercer su papel de Estado empresario que desarrolla actividad industrial. Asume empresas donde sea necesario e invierte sus recursos, complementando así su labor de promotor del desarrollo integral otorgado en el rango constitucional.
En la dimensión social, debe convertirse en el brazo administrativo para la cobertura de las necesidades básicas de los individuos (sobre todo de los más débiles). Entre las tareas de dicha función está la distribución de bienes y servicios que logren un standard de vida digno en los ciudadanos.
En esta visión del Estado, los derechos económicos y sociales son conquistas en permanente realización y perfeccionamiento, lo cual es un papel directo de la ciudadanía, que debe lograr organizarse y convertirse en el motor de los procesos. La labor del Estado Social de Derecho es conciliar los intereses de la sociedad en un marco institucional organizado y socialmente vinculante. De nuevo, afirmamos que el futuro de la política está fuertemente atado a la articulación de ciudadanía y las nuevas formas de interacción del Estado y la sociedad. ¿Realmente vamos por ese camino?
La duda de Hamlet
Observando el título que hemos escogido para nuestro artículo podríamos entender que se trata de un escrito relativo a la grandiosa obra de William Shakespeare titulada Hamlet. En la misma se planteaba, con acentuadas expresiones de las pasiones humanas, una tragedia que tiene como fuente la historia de Dinamarca.
No. Queremos traer a colación una tragedia criolla que a diario nos presentan los actores de nuestro interesante y desacreditado teatro político nacional. Es visible la muestra exacerbada de pasiones que la prensa proyecta de los juicios de gran parte de nuestros políticos criollos.
Siguiendo la histórica tradición política de hacer oposición por el simple e injustificado objeto de hacerla, los diferentes frentes abiertos contra el gobierno han expresado su inconformidad con el impulso de la Reforma Constitucional. Reformistas y perredeístas iniciaron esta semana argumentando que la propuesta presidencial buscaba interesadamente distraer la opinión pública de los problemas nacionales. Dichas declaraciones recuerdan jocosamente el dicho popular de que el dominicano no puede comer chicle y caminar al mismo tiempo, lo cual no es cierto.
Los aspirantes presidenciales tirados al ruedo político, buscando incidencia, han dado la espalda a un proceso de gran importancia para el desarrollo de nuestro país y para la solución segura y a mediano y largo plazo de muchos de los problemas que, realmente, azotan a los ciudadanos día tras día. Y es que la ceguera de la dirigencia política tradicional no les permite observar que la gran mayoría de los males nacionales tienen origen en asuntos estructurales.
La vida pública dominicana, en el plano económico, ha transcurrido de reforma en reforma sin que los productos de las mismas lleguen a la población. ¿Acaso quienes aspiran a regir los destinos de la nación dominicana no se han detenido a observar que las reformas económicas que han puesto en marcha no tocan fondo? Nosotros creemos que esta realidad se da por la debilidad de nuestras instituciones políticas que son las encargadas de llevar las reformas a su concreción. Las recetas han fallado por falta de institucionalidad.
En un esfuerzo, desinteresado o no, por llevar el tema institucional a la agenda nacional, el Presidente de la República abrió la Consulta Popular para la Reforma Constitucional. Vemos, pues, el primer eslabón de una cadena de reformas sustanciales que hacen falta a nuestro país. Pero, soberbia, imposibilitada de mirar más allá de sus narices, la oposición tradicional quiere estancar el debate político en asuntos coyunturales. El objetivo es claro y hasta legítimo, desarticular la popularidad del Gobierno y el partido en el poder. Pero, con esto, peligra la efectividad de uno de los esfuerzos más importantes en los últimos tiempos.
La reforma del Estado, que bien puede hacerse sin descuidar la administración pública, no podrá dar frutos sin que los distintos sectores (Gobierno, oposición y sector privado) discutan los temas que afectan a la ciudadanía. El país no avanzará si nos condenamos a pensar en el corto plazo y olvidamos el papel de catalizador social e institucional que debe tener la clase política.
Parece que los amigos de la política tradicional no se dan cuenta que el país necesita que los políticos se desprendan de ¨la duda de Hamlet¨. Ellos insisten en que la cuestión es ser o no ser Presidente.
De la nacionalidad: sangre contra suelo.
Queremos aprovechar este medio para abordar un debate interesantísimo, al cual nos indujo el Presidente de la República en su discurso de convocatoria a la Consulta Popular que reformará la Constitución. Es importante aclarar, o recordar, que dicho debate sobre la nacionalidad, cuyos parámetros establece con claridad el Artículo 11 de nuestra Carta Magna había surgido hace algunos meses con motivo de unas sanciones recibidas por los organismos internacionales. A continuación, trataremos de exponer nuestro punto de vista en el tema.
En cuanto a la nacionalidad de las personas, el Derecho establece dos grandes líneas de fundamento. Por un lado, el jus-sanguini (derecho de sangre), el más tradicional, de los estados europeos. El mismo se fundamenta en los lazos de familia, es decir, que las personas adquieren la nacionalidad de sus progenitores.
Por otra parte, aparece el criterio más moderno, adoptado por los países liberados de los imperios europeos coloniales, que se denomina jus-soli (derecho de suelo) que fundamenta la adquisición de la nacionalidad según el lugar donde se nace.
Históricamente se ha señalado que el jus-sanguini se usa en los países propensos a la emigración, donde sus habitantes abandonan el suelo para ir a otros lugares. Esto surge como una suerte de compensación por la pérdida de recursos humanos que viene a llenar su espacio con la vinculación legal al país de origen.
El criterio de jus-soli por el contrario, es adoptado en los países de alta inmigración. Mediante el mismo, el país aumenta su ritmo de crecimiento poblacional aprovechando el capital humano surgido en su suelo con orígenes extranjeros.
El jus-sanguini desliza por todas partes la nacionalidad dominicana, transmitida por la vía uterina en cualquier lugar del mundo, mientras que el jus-soli, limita la nacionalidad al lugar de nacimiento. Así, como podemos ver, se dividen las acepciones de la nacionalidad en el Derecho. Hoy día el debate se polariza con las configuraciones que tenía en su surgimiento histórico, pero nos parece interesante la posición del gobierno central, que, surgido de un Partido de tradición liberal, recomienda el establecimiento del jus-sanguini como única fuente de nacionalidad.
El jus sanguini, por sus características, observa un profundo sentido de linaje, en sus orígenes fue siempre un privilegio de grupo social. Hoy vemos como sus proposiciones son poderosamente impulsadas por aquellos que se definen defensores de la nacionalidad, que nunca han sido otra cosa que defensores de los privilegios de ese invisible poder fáctico que busca permear todo proyecto liberal en nuestro país para inhabilitarlo de hacer reformas. El racismo, como arma política, ha sido la herramienta más efectiva de los conservadores.
El jus soli está históricamente asociado con las tendencias democratizadoras de finales del siglo XVIII, que vinculan la nacionalidad con el territorio, circunstancia que se visualiza en la mayoría de los países surgidos de guerras de independencia. El mismo reconoce el derecho a la nacionalidad a quienes nacen en el lugar determinado sin importar su orígen, lo que permite aprovechar talentos de todo tipo de personas sin hacer excepciones discriminatorias.
Algunos actores políticos quieren que dejemos a un lado el jus soli por temor a la creación de una minoría política y social de origen haitiano, pero que se siente y es dominicana. Lo que no están observando es que esa minoría existe hace mucho tiempo. Por otro lado, no podemos olvidar que esa minoría étnica, abstraída y privada de derechos políticos y sociales constituye un peligro mayor al que muchos vislumbran en otorgarles derechos.
No podemos supeditar nuestro sistema constitucional, que debe estar por encima de todo orden jurídico y político, a razones de un problema migratorio, controlable y cuyas verdades y complicidades están más de este lado de la frontera que de aquel.
La clase política y la ciudadanía dominicana debe ordenar los conceptos en torno al tema de la nacionalidad. Nos parece poco coherente pensar que el jus soli funciona a la hora de recibir el pago de impuestos de las familias Corripio, Hazoury, León, Brugal, entre otras, que tanto han aportado al desarrollo de nuestro país siendo de orígenes extranjeros; y que por otro lado dicho sistema sea infuncional para reconocer el derecho a recibir educación a las niñas, también de origen extranjero, Dilcia Yean y Violeta Bósica.
Reflexionemos antes de tomar decisiones antojadizas y satisfacer a sectores que poco lo merecen.
Garreton y el consenso
¨No se puede transformar un país sin una coalición política¨. Así rezaba el titular de una entrevista al sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón. Dicho reconocido analista político hizo importantes señalamientos para el fortalecimiento de la democracia como modelo y el necesario avance institucional de nuestro país.
En ocasiones anteriores hemos señalado que la causa principal de la debilidad institucional en nuestro país se debe a la carencia de negociación, de consenso, caída la dictadura de Trujillo. Lo mismo ha dicho en reiteradas ocasiones la destacada socióloga Rosario Espinal.
El primer gobierno democráticamente electo, el del Prof. Juan Bosch, impuso unilateralmente su Constitución (la más avanzada que hayamos tenido) sin limar asperezas con las demás parcelas del terreno político. Esto le costó el poder.
Consensuar es la clave para construir el desarrollo sin dejar brechas abiertas a las posibilidades coyunturales de alterar la agenda trazada. Cambios de rumbo radicales igual a proyectos inconclusos: Un país que se bata en procesos electorales sin objetivos definidos, probablemente, encontrará retrocesos en cada nueva elección. Lo ideal es construir un esquema de políticas públicas que sirva de marco al accionar de las distintas fuerzas, y establezca las prioridades nacionales.
Para muchos, son intromisión en los asuntos internos del país, las declaraciones de expertos extranjeros sobre la realidad de la República Dominicana. Nosotros, creemos positivo cualquier señalamiento o crítica constructiva en relación al desenvolvimiento de nuestro país en cualquier aspecto, venga de dominicanos o no. Decimos esto, conscientes de la existencia de una escuela ´nacionalista´ que rechaza todo lo ajeno para cosechar los productos del conservadurismo autóctono y de la influencia de dichos sectores en nuestra sociedad: privilegios.
Las recetas extranjeras que han funcionado son y serán referentes en materia de reforma para nuestro país. El caso de Chile, muchas veces atribuido al orden que la dictadura dejó por herencia, es un gran aporte. Existe una noción errada de que el desarrollo de dicho país se debió a las recetas administrativas de Augusto Pinochet. Dicha deducción consiste en un escaso seguimiento a la historia contemporánea, obviando así la realidad de la existencia de una coalición de fuerzas políticas unidas para llevar a cabo un proyecto de país, al margen de disputas ideológicas y doctrinales.
En ese sentido las recomendaciones de Garretón sobre el consenso necesario para transformar nuestra rezagada realidad política son aplaudibles. No obstante, ya se escuchan voces estableciendo que se trata de un entrometido más, lo cual es deplorable, pues estamos crucificando a cada redentor para mantener una cultura política caótica, infuncional y degradante.
La coalición política en Chile ha determinado su curso por los caminos del desarrollo pactado. Cada cuatro años los chilenos asisten a las urnas a escoger un administrador que represente, desde su postura ideológica, la generalidad de los ciudadanos. El gobierno se da regido por unos marcos establecidos en la concreción de una figura política que venció la dictadura para, democráticamente, transformar la nación por la vía del consenso.
De igual forma, en España se produjo la transición democrática pactada, donde los distintos sectores de la sociedad fueron representados en la mesa del diálogo; negociaron los parámetros de la organización política española. Los resultados de dicho proceso son visibles; a menos de treinta años de aquel momento político España ha alcanzado niveles considerables de desarrollo. Estos ejemplos de concertación entre fuerzas encontradas y enfrentadas con el objeto de llevar adelante un proyecto-país, podrían aportar grandes pasos en el camino hacia el progreso institucional y la cobertura de las necesidades de la ciudadanía dominicana. La discusión, propositiva y seria, de los problemas nacionales urge. Escuchemos a Garretón y caminemos juntos por la vía del consenso, hacia el verdadero progreso.
Constituyente o no.
La Asamblea Constituyente es definida por algunas voces de las ciencias políticas y sociales, como la reunión de personas electas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental del Estado o modificar la vigente. Atendiendo a dicha definición, la Constituyente sería un mecanismo representativo para dar a nuestra República una nueva Constitución.
Muchas veces hemos repetido que lo realmente necesario para que nuestro país marche por la vía institucional va más allá de una reforma de la Ley Sustantiva. Se requiere de empoderar la ciudadanía para hacer que lo escrito en la Constitución, en el texto modelo de sociedad, sea materializado. Sin esto, sirve de poco, las extensas discusiones bizantinas y los costosos elencos electorales que darían la idea de que vivimos en un país más democrático, porque el pueblo es quien elige a quienes redactan la Carta Magna.
La vida institucional dominicana requiere ser fortificada, requerimos una organización estructural horizontal. Concebimos el Estado como un ente organizado alrededor de leyes. Pero esas leyes, debido a la carencia de mecanismos institucionales, no logran tocar fondo. No contamos con una necesaria plataforma jurídica y mucho menos una cultura ciudadana para asumir el “momentum” constitucional de la forma indicada en una democracia.
La manera de construir esa cultura ‘constitucionalizante’ es regando por los distintos rincones del país el mensaje de reforma y promoviendo el debate. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr empoderar a una ciudadanía e involucrarla en un proceso al que no ha estado acostumbrado? ¿Cómo constituir el debate ciudadano en foco de propuesta constitucional?
¿Es posible hacer lo señalado mediante una Constituyente que embarque al país en un proceso de elección de representantes, que sin duda estará viciado por compromisos y banderías políticas? No. La respuesta, sin duda, es una forma operativa que movilice a los diferentes sectores a participar en la cuestión constitucional sin lesionar la voluntad ciudadana y sin excluir los temas importantes que responden a la diversidad y complejidad de ese aparato social llamado pueblo.
Para darnos una Constitución efectiva y legítima requerimos un órgano de análisis, reflexión y discusión que no obvie los temas que atañen a mayorías y minorías, pues ambas, forman el todo constitucional y deben ser incluidas en el cuerpo de la Ley suprema.
Para esto, para construir una ciudadanía a la altura de una Ley de leyes moderna y progresista, para diseñar un Estado incluyente y socialmente responsable, preferimos un método alterno que logre combinar la legitimidad popular, acompañada de la participación directa de la ciudadanía y la pericia de los grandes constitucionalistas para reformar la Constitución. Preferimos la consulta ciudadana.
Gestion ciudadana en politicas publicas
El proceso de afianzamiento institucional, que en nuestra opinión inicia en 1996 con el fin del monopolio de los tres caudillos de la segunda mitad del siglo XX, constituye sin dudas un gran avance en nuestro camino hacia la construcción de un Estado eficiente, que sirva al ciudadano respetando sus derechos y permitiéndole ejercer sus deberes con creatividad. Nos resta una tarea administrativa de grandes magnitudes, en la cual el papel del poder ciudadano es imprescindible.
Iniciamos la construcción de la zapata institucional para lograr una democracia ciudadana. La tarea pendiente constituye el aumento de la inversión pública en educación, el rediseño del sistema de partidos y la estimulación de vías alternas de reivindicación o gestión de derechos y necesidades. Es decir, la creación de condiciones para iniciar un proceso de articulación ciudadana, donde el lobby o “antesala del poder” sea un elemento político presente.
Fomentar y facilitar la formación de grupos de presión que empujen por determinadas motivaciones de la ciudadanía es una tarea de todo Estado democrático moderno. Asegura así su legitimidad y sitúa a los ciudadanos como entes activos en la sociedad al velar por sí mismos en los procesos que le afectan.
Muchos esperan de la sociedad civil un prototipo de iglesia laica, con objetivos santificados y salvadores. Quienes caen en este error le hacen un gran daño, tanto a los grupos de presión como a la democracia que con ellos se fortalece.
Lejos de ser maquinarias de producción de utopías, las organizaciones sociales sin fines de lucro son medios de gestión legítimos y saludables, en los cuales la ciudadanía se organiza para conseguir sus objetivos.
La idea de potenciar la organización ciudadana en grupos de presión viene a ser el complemento de ese proceso político de profundización democrática, que impulsaría reformas sin precedentes en las estructuras del Estado y la sociedad.
Hoy día, contamos como único recurso, con la voluntad de las autoridades electas para promover políticas públicas, lo que permite espacio a la inercia que muchas veces por falta de interés y otras veces por intereses de sobra, se apodera de muchos proyectos en nuestras estructuras estatales (el famoso engavetado).
El lobbying, nace en la Inglaterra del siglo XIX. Surge de las visitas de los ciudadanos a los pasillos del parlamento para presentar sus propuestas o problemas a los parlamentarios.
De igual manera, es tradición hace ya más de cien años en Estados Unidos, donde ha servido para la conquista de importantes derechos que van desde el voto femenino hasta la obtención de libertades religiosas, pasando por derechos laborales y diversas consecuciones económicas y sociales.
Incluir estos nuevos actores en el proceso legislativo y en la esperada Reforma Constitucional, sería un gran avance para la revolución democrática que proponen ciertos sectores de nuestra clase política.
El lobby, como actor político, se vale de las bases no partidarias (la famosa “masa silente”) que soportan o empujan por ciertas medidas para las cuales presionan por las vías legislativas y/o ejecutivas. Dicho elemento, extraño para nuestro devenir político tradicional, aportaría la armonía necesaria, entre el gobierno representativo y la participación ciudadana, para la generación de una profunda reforma estatal.
Promovamos la creación de vías procesales de canalización de inquietudes, intereses y derechos, que son, en definitiva, el verdadero componente de la ciudadanía y su objeto social. Aportemos a una reforma de la participación política para profundizar la democracia. El futuro de la política es la articulación ciudadana.
Que juzgue la historia
Hemos visto como la clase política dominicana ha buscado incesantemente ganarse los sectores dispersos que tras la desaparición física de los tres caudillos que polarizaron la vida pública en la segunda mitad del siglo XX, navegan sin rumbo en las aguas políticas dominicanas.
Así observamos como el aeropuerto de Las Américas fue nombrado José Francisco Peña Gómez, uno de los puentes sobre el río Ozama fue denominado Juan Bosch.
De igual manera en los últimos días han llovido las conmemoraciones “históricas” en honor al centenario del nacimiento del ex presidente Joaquín Balaguer. Hospitales con su nombre, actos de celebración en el Palacio Nacional, opiniones de ciudadanos connotados sobre sus ejecutorias, en fin, una serie de eventos que muestran cómo, desde el poder y la oposición amplios sectores veneran su figura como a la de una virgen.
Ante estos hechos, consideramos prudente llamar la atención sobre los mismos. No creemos que la clase política que le releva sea la que mejor juzgará el paso de los tres caudillos por la vida pública dominicana. Nuestros políticos, tratando de recoger simpatías han querido escudarse, y esto lo hemos repetido en muchas ocasiones, en las loas y tributos a líderes anteriormente admirados por amplios sectores.
Para establecer una visión objetiva del calibre y el peso histórico que puedan tener tanto Bosch, Balaguer como Peña Gómez, hace falta esperar cien años de sus muertes.
Sólo así, alejados de pasiones, de deudas y compromisos políticos con el pasado, se podrá brindar a la historia un balance real del valor de los caudillos.
Así se detendrán las loas, de mal o de buen gusto, por parte de políticos, religiosos e intelectuales beneficiados, que destacan un solo lado de la moneda.
El error de no esperar el tiempo requerido para, ajenos a las pasiones que generan y generaron sus figuras, evaluar en su justa dimensión el peso específico de estos grandes líderes puede desatar en un trauma político-institucional.
En la actualidad nos encontramos en un proceso de transición desde los liderazgos personalistas hacia la democracia funcional, donde las instituciones juegan el papel protagónico y los actores políticos no son más que catalizadores administrativos.
Hoy se hace necesario desprendernos de los referentes personales para continuar sembrando en la ciudadanía la cultura democrática y el apego institucional, ambas cosas seriamente debilitadas por el accionar de Balaguer, Bosch y Peña Gómez.
Las prácticas de los tres, producto del momento histórico en que les tocó vivir, retrasaron el proceso de avance institucional, establecieron el modelo clientelar y dieron continuación al personalismo del trujillato.
Traer a colación el análisis de sus figuras a menos de veinte años de sus muertes es desviar el curso que nuestra democracia ha de tomar, para capitalizarlo políticamente de manera irresponsable.
Los referentes de nuestra nueva democracia deben ser el pluralismo, el establecimiento de un proyecto de nación, el debate de ideas, el liderazgo colegiado, el afianzamiento y fortalecimiento institucional y la educación ciudadana, aspectos que brillaron por su ausencia en el accionar de los caudillos.
No creemos correcto sumergirnos ahora en debates estériles donde primarán las pasiones (amores y odios) hacia tres controversiales e importantes figuras de nuestra historia.
De hacerlo ahora, nos veremos luego en la necesidad de hacer rectificaciones históricas. Cerremos heridas. La historia juzgará.
