Dimensión ética

"Deseo que este mensaje y las sugerencias y ruegos que en él se contienen ayuden a que cada organismo y delegación gubernamentales presten mayor atención a las necesidades de nuestros consumidores". Así comenzó, en 1962, su alocución frente al Congreso de los Estados Unidos, el entonces Presidente John F. Kennedy. Hoy, a cuarenta y tres años de aquellas palabras quisiéramos expresar un interés que sin duda nos toca a todos nosotros, porque al fin y al cabo todos somos consumidores.

La sociedad en que vivimos ha pasado de manera visible de ser una sociedad de productores a ser una sociedad de consumo; de estar orientada por las grandes empresas productoras ha pasado a ser dirigida por la regla del consumo. Esto hace que cada ciudadano, incluso sin quererlo, sea un agente de consumo. No obstante, la sociedad ha avanzado por la ruta del consumo sin conocer de su curso y los derechos del consumidor, que los tiene, son pisoteados o peor aún, desconocidos.

El consumo es el motor de la actividad económica y del empleo, debe ser un eje fundamental en el análisis y en la ejecución de las políticas económicas. De igual manera, desde el punto de vista social, el consumo es una de las características principales de nuestra sociedad y una de las actividades humanas que genera mayores efectos desde los ámbitos más diversos. Pero, ¿quién defiende al consumidor? No existe un organismo (o varios), que con fortaleza e independencia sea capaz de influir en todas las decisiones que nos afectan como consumidores. No contamos con un aparato regulador que defienda los derechos y asuma la vigilancia del mercado.

Consideramos la política de consumo, esa que parece brillar por su ausencia en nuestro país, una política íntimamente ligada al resto de las planificaciones y ejecuciones de los poderes públicos. Creemos que esa mencionada política de consumo es la que debe velar por la calidad de vida de los ciudadanos desde organizaciones y entidades tanto públicas como no gubernamentales. Una nueva visión del consumo debe mejorar la eficacia de los mecanismos de defensa de nosotros, los consumidores, influir para que los ciudadanos tomen conciencia de las consecuencias de sus decisiones de consumo.

El consumidor debe contar con que se le proteja contra la comercialización de mercancías que puedan ser peligrosas para la salud. Que se le ofrezcan mercancías cuyo precio sea proporcional a su valor real. Protección contra la falsa información u otras prácticas que sean fraudulentas o engañosas y que se le den los datos necesarios para elegir a la hora de consumir.

Los derechos del consumidor deben recibir una consideración absoluta a la hora de formular las políticas de Estado. Para promover una realización completa de los derechos del consumidor, deberá existir un repliegue de la “sociedad civil” a favor de la promoción de organismos no gubernamentales que velen y fiscalicen la actividad de consumo, por supuesto, reforzado por la regulación estatal.

Debemos establecer los cánones, legislar al respecto, concienciar al ciudadano. El Estado está en el deber de proteger el interés común en cada decisión que tome y nosotros en la obligación de reclamar nuestros derechos y de hacernos escuchar. Aboguemos por nuestros derechos. Pasemos de ser una sociedad de consumo a ser una sociedad del consumidor.