Dimensión ética

Hace unos días se produjeron dos declaraciones contrapuestas en el plano político en nuestro país. Ambas hacían referencia a la corrupción y a la gobernabilidad. Los personajes que se pronunciaron fueron el actual Secretario de Estado de la Presidencia Danilo Medina y el ex Presidente Hipólito Mejía. Tanto uno como otro, aunque desde posturas opuestas y contradictorias, devaluaron el término gobernabilidad y lo establecieron como la simple negociación.

El vocablo gobernabilidad puede asumirse como la posibilidad de las instituciones para conducir y dirigir la economía, la política y la sociedad en su conjunto. A nuestro juicio el término traduce la capacidad o incapacidad de un dirigente, de un gobierno, de un organismo, es decir de un sujeto o actor político, para dirigir o conducir su gestión.

El “empoderamiento” de una clase política irresponsable y casada, al parecer sin divorcio, con la máxima del “laissez faire, laissez passer” ético, hace una ruptura consensual con las bases de la gobernabilidad y la conducción de la sociedad entre dirigentes y dirigidos, pasando por todas las poleas de transmisión de la sociedad entre la base y la oxidada élite gobernante.

La conducción de una gestión pública, en gobernabilidad, necesariamente debe contar con la participación de la sociedad y la ciudadanía como el único poder fáctico existente en una democracia. La gobernabilidad y el equilibrio no son cuestión de elites políticas y económicas, ni mucho menos se trata de un reciclaje de impunidades y temores al chantaje entre partes.

Entre los elementos que más inciden en la gobernabilidad de la democracia representativa, el fenómeno de la corrupción es una de las más importantes manifestaciones de deformación y, sin duda, el peor de los vicios políticos, que de manera más decisiva incide en la erosión y desgaste del sistema.

El dieciséis de mayo del año 2004, la gente votó con la confianza en que se castigaría la secuela de vejaciones a que dirigentes del gobierno anterior sometieron a nuestro país y sus instituciones.
Hoy vemos que la corrupción no es un tema que preocupe al gobierno, a pesar de que la ciudadanía ha expresado su hastío en encuestas y manifestaciones en repetidas ocasiones.

Quisiera hacer un llamado a las autoridades. Una invitación a abrir los ojos y mirar más allá del inmediatismo.
La gobernabilidad no se trata de poder aprobar proyectos de ley con el apoyo de la oposición, no se trata de conseguir votos a favor de proyectos absurdos que poco aportan a la consolidación del deseado Estado Social de Derecho.

La gobernabilidad, y espero que no sea muy tarde cuando las autoridades se den cuenta, se trata de llevar a cabo una gestión con los sectores de la población medianamente conformes, sin focos guerrilleros, sin un clima de alta inseguridad ciudadana, sin desbordados grupos de presión, sin intentos de golpes de Estado. Eso se consigue saciando el hambre y la sed de justicia que tiene nuestro pueblo.

No estamos hablando de pedir que caigan 300 cabezas, como lo hiciera Marat en la Revolución Francesa, tampoco exigimos circos políticos.
Hablamos de procesos serios, cursos legales correctos e imparciales y mecanismos de prevención que superen los parámetros actuales. No puede haber un clima de gobernabilidad si no se castiga a los corruptos.

Cuando escuché de la voz de uno de los más altos dignatarios del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana equiparar gobernabilidad con impunidad, me vino a la memoria cuando alguien dijera hace un tiempo que el país se dividía en “corruptos y peledeístas”. Al parecer, hoy por hoy, el país ha encontrado el camino de la unidad, el nuevo camino de la impunidad.