Dimensión ética

La práctica del clientelismo está firmemente arraigada a la historia iberoamericana como un sistema de control de los poderes políticos que se sostiene sobre la base del manejo de recursos significativos y su concesión a grupos sociales sobre los que, a cambio, se ejercen diversas formas de dominación o subordinación.

El clientelismo suele hacer metástasis en diversas formas de control de la comunicación y los medios a través del manejo y la distribución de recursos para los detentadores y operadores de los medios. Por este, las instituciones de derecho se han debilitado por su politización y su manipulación desde poderes que han prohijado también la insuficiencia o inexistencia de una cultura de la legalidad, tan necesaria para la institucionalidad requerida en una democracia de ciudadanos.

El Estado, en su modalidad tradicional de “gran empleador” o “padre protector”, pasa a ser un botín político-electoral y los gobernantes cubren sus compromisos prebendistas mediante el uso de las instituciones públicas, desnaturalizando así la función pública y obviando su deber para con el interés general.

En nuestro país esta ha sido una cultura que lleva siglos. Se dice que el primero en incluir las famosas “botellas” (concesiones a cambio de favores políticos sin que intervenga el factor trabajo) en la administración pública fue Horacio Vásquez; pero mucho antes de eso, la política fue un medio de vida para el dominicano.

Hoy día la práctica sólo se justifica en el abandono de un sentido teórico-político y el establecimiento de la política como fin y no como un medio de conseguir bienestar colectivo. El uso discrecional de los recursos públicos para solventar beneficios personales o de sectores es una antigua práctica que debemos desterrar.

Se destaca, en particular, la compra de voluntades o el sostenimiento de estructuras políticas financiadas con fondos que son de todo el pueblo. El Estado prebendario o clientelar, además de las injusticias y los privilegios que crea, distrae recursos que bien podrían volcarse a políticas públicas, que incluso podrían beneficiar mucho más a las estructuras político-partidarias que promueven estas prácticas atrasadas.

El progresivo abandono de las convicciones doctrinarias, manifestado en la incoherencia entre el discurso y las acciones de gobierno, han llevado al desconcierto de quienes se identificaban con una ideología y que constituían lo que se llamaba "voto cautivo".

A partir de allí, fue haciéndose necesario capturar a los votantes por otros medios, entre ellos la práctica clientelar y la apelación malsana a la miseria y la indignidad del ser humano para sacar provecho político-electoral.

Las victorias electorales obtenidas por medios clientelistas no deben enorgullecer a nadie, por alto que sea el porcentaje de votos logrados en la contienda, ya que éstos no tienen su origen en la adhesión espontánea del electorado, sino en algo muy próximo al soborno. Este ha sido el caso de las administraciones de los últimos cuarenta años.

Se hace urgente la creación de nuevos espacios políticos con características distintas. Sustituir el “Estado empleador” por el Estado administrador. Cambiar la visión de la sociedad hacia la política y reinventar el gobierno.

Esto debe hacerse con el concurso de la ciudadanía y la promoción de la autogestión como medio. Por eso se hace necesario el fortalecimiento de la sociedad civil, la formación de la ciudadanía, la creación de instituciones partidarias que se sustenten en proyectos de nación, la búsqueda de medios que transparenten el servicio público y formas que limiten el poder presidencial y dificulten la utilización del Estado como medio de crecimiento político y compra de conciencia.