Dimensión ética

En los últimos cincuenta años nuestro país ha sido el de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Hemos visto como nuestras estructuras, a pesar de las dificultades que presentamos como sociedad y como economía han permitido que crezcamos.

En el año 2006, se contempla que la economía aumentará un 9%, una cifra bastante halagüeña considerando a los demás países con que competimos en el mercado regional.
Ahora bien, si echamos una mirada a nuestro desarrollo, a nuestros avances en materia de recomposición social y redistribución del ingreso, presentamos serias deficiencias e incapacidades.

Como establece el Informe de Desarrollo Humano del año 2005, “el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano, menos de lo que avanzó el mundo y por debajo del promedio de los países de la región.”

Esta realidad responde, según el mismo informe a la falta de disposición del liderazgo nacional para establecer marcos en vías de la institucionalización de medidas tendentes a aumentar el desarrollo de las comunidades y acrecentar el nivel de vida de los ciudadanos.
El liderazgo político, empresarial, social e incluso el comunitario, no se ha mirado en el espejo de algunos experimentos políticos que han tomado vigencia en diferentes naciones de nuestra América Latina y ha querido obviar la importante y lamentable brecha existente entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco.

Entonces, observando el diagnostico a la luz del Informe del PNUD, que se encuentra al alcance de todos, sobre todo de la dirigencia de nuestros partidos gobernantes, podemos considerar que nos hemos enfrascado en un crecimiento ilógico e inútil.

No vemos, pues, la determinación necesaria en la recientemente abordada Reforma Fiscal de establecer destino para los ingresos generados, de ahí, la siempre presente renuencia de los sectores a pagar las cargas impositivas.

Es decir, se le hace difícil al contribuyente pagar un dinero que no tendrá un destino cierto, el cual, como ha ocurrido en muchas ocasiones, podría pasar a llenar arcas sombrías de funcionarios y politiqueros.

De ahí, la verdadera necesidad de establecer limites y regulaciones en el sistema tributario y de la presencia de una agenda social que encuentre fuentes en los impuestos. Una de las salidas posibles a esta realidad es la tributación directa, es decir, la acción directa del contribuyente en proyectos específicos. Creemos que para un empresario, resulta más interesante destinar sus recursos a proyectos específicos para el desarrollo del país. Esto, evitaría el desvío de fondos y disminuiría la evasión fiscal, asumiendo así, la cobertura de la necesidad de un crecimiento que desemboque en mejorías integrales.

El escaso desarrollo generado a pesar del crecimiento acelerado es producto de la falta de una transformación que acondicione nuestras instituciones políticas para que las reformas económicas, las mismas que hoy se diluyen en simple palabrería, tengan sentido. Nuestra estructura estatal no está preparada, porque no fue diseñada con el objetivo de crear condiciones sociales que cubran las necesidades de salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación y mecanismos para la participación ciudadana. Debemos concebir un Estado moderno, abandonar las cualidades arcaicas del organismo jurídico-político que nos rige actualmente.

Es necesario, es urgente, distribuir el ingreso generado, y distribuirlo requiere de una política de Estado, y hacer entender a las autoridades que el crecimiento sin dirección no es objetivo de Estado responsable alguno. De nada sirven las cifras económicas acrecentadas si la gente, el componente principal de toda sociedad, no percibe los frutos de ese crecimiento.