Dimensión ética

Pocos dominicanos conocen la trayectoria de muchos de nuestros líderes que prefirieron un modesto matrimonio con el honor y divorciarse de la gloria y la opulencia. Nuestra memoria tiene poco espacio para hombres y mujeres que sacrificaron su fortuna y su poder por decisiones que favorecerían a su país.

Este artículo no busca ser una copia de aquel libro que hiciera a John F. Kennedy merecedor del Pullitzer, la obra “Perfiles de coraje”. Tampoco busca ser un grito de reivindicación del sitio histórico que merecen algunos personajes que son olvidados por nuestros historiadores, aunque haga falta. Busca ser una chispa que encienda la curiosidad del lector para descubrir la vida de Francisco Gregorio Billini, un hombre que podríamos llamar el precursor de la libertad de prensa en República Dominicana.

Tras el primer gobierno de Ulises Hereaux (Lilís), cuando éste preparaba el camino para su régimen dictatorial, luego de haber roto relaciones con su maestro y protector Gregorio Luperón, Hereaux, planeó unas elecciones fraudulentas donde presentó a Francisco Gregorio Billini como candidato a Presidente, a Woss y Gil como vicepresidente. Para sorpresa suya, el futuro dictador no pudo controlar al nuevo Presidente.

Billini, desde muy joven, participó en la vida pública junto a Ulises Francisco Espaillat, otro lider liberal de su estatura moral y decoro. Al momento de ocupar el solio presidencial continuó las políticas democráticas del primer gobierno de Hereaux, respetando las libertades públicas y promoviendo el desarrollo del país.

Al momento en que “Lilís” quiso dirigirlo y manipularlo para que persiguiera a Cesáreo Guillermo y silenciara la prensa, crítica e independiente, que él llamara “el cuarto poder”, Billini prefirió abandonar el poder y renunciar a la Presidencia de la República. Todavía se escucha el eco de sus palabras: “Mis adversarios piensan que desciendo, yo siento que estoy de pie en la cima de la cumbre”.

Las pasiones políticas le convierten en guerrillero. Pero al calmar sus bríos de hombre cívico, se dedicó a la causa literaria, donde nos deja grandes legados como la obra Flor del Ozama y Engracia y Antoñita, por citar dos.

Para un país tener confianza en sí mismo y llevar adelante proyectos viables, necesita tener ejemplos, patrones que demuestren que es posible hacer bien las cosas. Nuestro país no puede estar condenado a la oscuridad por la miopía, muchas veces intencionada, de quienes escriben la historia.

La juventud dominicana necesita conocer los ciudadanos que hicieron algo por cambiar el rumbo de su historia. Francisco Gregorio Billini fue un ser humano digno que prefirió ser leal a sus principios antes que doblegarse por los privilegios del poder. Nuestro país es una fuente de hombres y mujeres de honor que han sido olvidados por la historia. No podremos superar el presente si no conocemos el pasado. Sólo así seremos capaces de construir un mejor futuro. Construyámoslo!

Es oportuno tocar en esta ocasión el tema constitucional, por celebrarse un aniversario más de aquella fecha histórica en San Cristóbal, cuando el poder personal se impuso sobre la racionalidad política. Creemos importante destacar un aspecto olvidado de nuestra Ley Sustantiva. Removamos las páginas de ese mal llamado “pedazo de papel” para descubrir en ella un estandarte progresista, con limitaciones, pero con garantías enunciadas para hacer posible un país mejor.

Pocos son los ciudadanos que conocen su Constitución y saben que en ella reside el buen gobierno que todos los dominicanos buscan al asistir a las urnas. La Constitución dominicana, golpeada por propuestas ‘reformeras’ frecuentes, que buscan hacer espacio a mezquindades e intereses pasajeros, es hoy por hoy el instrumento con el que la ciudadanía debe exigir a sus mandatarios el deber de construir un Estado Social de Derecho.

El principio del Estado Social se plantea en nuestra Ley de leyes en tres dimensiones principales, como establece el jurista Eduardo Jorge Prats: la referencia social de los derechos fundamentales, la vinculación social del Estado y la obligación del Estado de articular la sociedad sobre bases democráticas.

La primera dimensión señalada, la que refiere los derechos fundamentales, abandona la concepción liberalista que no observa distinción de tipo social para el reconocimiento de los derechos, es decir, establece una posición jurídica privilegiada a aquellos que por medios no pueden ejercer los derechos que merecen.

El artículo 8 de nuestra Constitución establece: “como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.”

El artículo ocho establece una visión claramente socialdemócrata de la realidad jurídica constitucional y deja atrás la declarada irresponsabilidad del liberalismo clásico que limita los derechos fundamentales abandonando a los ciudadanos, merecedores de estos, a su propia suerte. El Estado que nuestra Constitución plantea tiene el deber de intervenir por la ciudadanía y debe hacerlo de manera sensible.

En el segundo plano de la vinculación social del Estado, el mismo está obligado a atender las necesidades de las personas que lo componen. Esto es, constitucionalmente, un Estado obligado a extender “los medios a su alcance para que los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables para su labor”, como establece el artículo 8.11, y que debe prestar “asistencia social a los pobres”, “sea en alimentos, vestimenta y hasta donde sea posible alojamiento adecuado”, como dicta el artículo 8.17. Como podemos observar, el Estado, al estar socialmente vinculado se debe preocupar de la equidad y la justicia social al momento de la repartición del ingreso.

El tercer parámetro del enfoque constitucional del Estado Social es la obligación que tiene el mismo de articular la sociedad sobre bases democráticas.

Esto propone un Estado Social democrático de Derecho, es decir, un sistema constituido sobre la base de la participación activa de la ciudadanía tanto en el proceso de toma de decisiones de los distintos centros de poder político, como la formulación de políticas distributivas y de otras prestaciones estatales.

Este Estado participativo e inclusivo que plantea la Constitución no es posible sin la creación de los mecanismos mediáticos para que se materialicen esas obligaciones estatales.

Una Constitución establece las garantías y las normas, el Estado debe darse las instituciones y los ciudadanos con capacidad para hacer que esas normas y garantías sean más que palabras gastadas plasmadas en un simple pedazo de papel. Construyamos el Estado Social de Derecho que nuestra Carta Magna nos obliga y nuestra ciudadanía merece. Tenemos una Constitución progresista, démosle uso.

Todos los escritos de nuestra columna son de naturaleza política o de corte social. La gran mayoría de los artículos que he publicado han sido escritos en primera persona del plural, guardando un estilo que he escogido por razones que no vienen al caso.

Hoy quiero desprenderme un instante tanto del espíritu político que ha sido regla en la Dimensión Ética, como del “nosotros”, para dedicarle unas líneas a alguien que nada tiene que ver con las instituciones y el diario vivir de la cosa pública. Dedico estas líneas a la memoria de mi amigo Luis Junquera.

Por aquellos años cursaba el primero de bachillerato en el Colegio Loyola. Siempre he sido una persona de muchos amigos y no importaba la edad de los estudiantes me gustaba relacionarme con ellos.
Fue cuando conocí a Luisito, un muchachito pícaro, tartamudo y alegre que contaba historias de España y jugaba a llevarse bien con todos. Sano, con un gran sentido del humor y espíritu de servicio, siempre que íbamos a algún cumpleaños o nos encontrábamos en las plazas de moda Luisito era el alma de la fiesta. Su carisma y personalidad eran agradables para todos.

Como buen inquieto, era desconcentrado en los estudios, sus compañeros de clase cuentan que en los exámenes “reprobaba porque era gago y no podía preguntar.” Jugaba al fútbol a diario y lo hacía muy bien cuando representaba al colegio frente a otros equipos en torneos intercolegiales. Junquera era devoto de María, asiduo del Movimiento de Vida Cristina (MOVIC) que dirigía el padre Antonio Altamira en la academia jesuita.
De pronto comenzó a perder la voz. Su jocoso tartamudeo dejó de existir. Luego empezó a disminuir capacidad en la movilidad de sus extremidades.

Sus familiares, en desesperación, acudieron a distintos lugares en busca de un diagnostico. Nadie daba en el clavo y su situación empeoraba. Duró más de tres años en ese proceso degenerativo.

Hace unos meses lo vi salir de su casa en el asiento delantero del vehículo de su madre. Su cabeza no se sostenía. Miraba hacia abajo con aire angelical y su delgadez era extrema. Aquel cuadro me enterneció. Me apenaba mucho que una persona de su carácter, de su energía estuviera condenado a vivir aislado en esas condiciones.

La semana pasada me dieron la triste noticia de su partida. Dicen que tenía el Síndrome de Guillian–Barre, un trastorno en el sistema inmunológico que ataca parte del sistema nervioso periférico que se lo llevó con tan sólo diecinueve años.

Hoy la nostalgia hace casa en mi cabeza y me invita a escribir estas líneas. Quizás fuera de base, por la naturaleza del medio y la temática de la columna. Pero no podía dejar pasar la despedida a un ser humano excepcional, a un amigo que sólo conoció el bien y que pasó por el mundo a regarlo de sueños y de sonrisas. Quiero despedirle recordando los versos que dedicara Miguel Hernández a su amigo Ramón Sijé. Adiós Luisito.

Hace unos días se produjeron dos declaraciones contrapuestas en el plano político en nuestro país. Ambas hacían referencia a la corrupción y a la gobernabilidad. Los personajes que se pronunciaron fueron el actual Secretario de Estado de la Presidencia Danilo Medina y el ex Presidente Hipólito Mejía. Tanto uno como otro, aunque desde posturas opuestas y contradictorias, devaluaron el término gobernabilidad y lo establecieron como la simple negociación.

El vocablo gobernabilidad puede asumirse como la posibilidad de las instituciones para conducir y dirigir la economía, la política y la sociedad en su conjunto. A nuestro juicio el término traduce la capacidad o incapacidad de un dirigente, de un gobierno, de un organismo, es decir de un sujeto o actor político, para dirigir o conducir su gestión.

El “empoderamiento” de una clase política irresponsable y casada, al parecer sin divorcio, con la máxima del “laissez faire, laissez passer” ético, hace una ruptura consensual con las bases de la gobernabilidad y la conducción de la sociedad entre dirigentes y dirigidos, pasando por todas las poleas de transmisión de la sociedad entre la base y la oxidada élite gobernante.

La conducción de una gestión pública, en gobernabilidad, necesariamente debe contar con la participación de la sociedad y la ciudadanía como el único poder fáctico existente en una democracia. La gobernabilidad y el equilibrio no son cuestión de elites políticas y económicas, ni mucho menos se trata de un reciclaje de impunidades y temores al chantaje entre partes.

Entre los elementos que más inciden en la gobernabilidad de la democracia representativa, el fenómeno de la corrupción es una de las más importantes manifestaciones de deformación y, sin duda, el peor de los vicios políticos, que de manera más decisiva incide en la erosión y desgaste del sistema.

El dieciséis de mayo del año 2004, la gente votó con la confianza en que se castigaría la secuela de vejaciones a que dirigentes del gobierno anterior sometieron a nuestro país y sus instituciones.
Hoy vemos que la corrupción no es un tema que preocupe al gobierno, a pesar de que la ciudadanía ha expresado su hastío en encuestas y manifestaciones en repetidas ocasiones.

Quisiera hacer un llamado a las autoridades. Una invitación a abrir los ojos y mirar más allá del inmediatismo.
La gobernabilidad no se trata de poder aprobar proyectos de ley con el apoyo de la oposición, no se trata de conseguir votos a favor de proyectos absurdos que poco aportan a la consolidación del deseado Estado Social de Derecho.

La gobernabilidad, y espero que no sea muy tarde cuando las autoridades se den cuenta, se trata de llevar a cabo una gestión con los sectores de la población medianamente conformes, sin focos guerrilleros, sin un clima de alta inseguridad ciudadana, sin desbordados grupos de presión, sin intentos de golpes de Estado. Eso se consigue saciando el hambre y la sed de justicia que tiene nuestro pueblo.

No estamos hablando de pedir que caigan 300 cabezas, como lo hiciera Marat en la Revolución Francesa, tampoco exigimos circos políticos.
Hablamos de procesos serios, cursos legales correctos e imparciales y mecanismos de prevención que superen los parámetros actuales. No puede haber un clima de gobernabilidad si no se castiga a los corruptos.

Cuando escuché de la voz de uno de los más altos dignatarios del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana equiparar gobernabilidad con impunidad, me vino a la memoria cuando alguien dijera hace un tiempo que el país se dividía en “corruptos y peledeístas”. Al parecer, hoy por hoy, el país ha encontrado el camino de la unidad, el nuevo camino de la impunidad.

No son pocos los comentarios que hemos escuchado al respecto del fracaso del régimen democrático en nuestro país. Hemos repelido con firmeza criterios irreflexivos que sostienen la necesidad de la mano dura para la solución de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía.

En muchos medios escuchamos indignados la frase: “aquí hace falta un Trujillo”, últimamente en programas radiales matutinos de gran audiencia nacional, que impúdicamente hacen honor a deudas mal habidas con ciertos sectores y exaltan la figura de la mano dura como la panacea de nuestros problemas nacionales. Lo hacen a cambio de remuneraciones malsanas.

Muchos de nuestros conciudadanos, sin darse cuenta, le hacen flaco servicio a los intereses más obscuros de nuestro país. A gente que quiere aprovecharse, como tantos lo han hecho, de la miseria de nuestro pueblo.

La democracia no ha fracasado. Es un régimen que nos permite castigar al mal gobierno sacándolo del poder. Muchos hablan de la democracia como si se tratara de una ideología, pero por el contrario se trata de un modus operandi y por cierto el mejor de todos, pues respeta la dignidad del ser humano.

Hoy se nos quiere hacer referencia a épocas pasadas donde la democracia era solo un sueño y vivíamos bajo el garrote autoritario de Rafael Trujillo. Creemos una falta de vergüenza y una muestra de ignorancia el considerar que un régimen en el que el presente artículo, con seguridad, nos llevaría a la cárcel y quien sabe si al cementerio, pueda hacer falta en nuestro país.

El neo-populismo, erigido en masoquismo popular, busca sentar bases en nuestro país. Lo hace con las botas en el closet y la conciencia sucia, muy sucia. Lo hace con un discurso demagógico y una mentalidad retrógrada. Los “merengues del jefe”, prohibidos por la ley, son escuchados en residencias de reconocidos militares.

La nostalgia se ha desatado y ha escogido nombres y apellidos para continuar llevando a cabo sus maquinaciones. Y es que al parecer los falsos demócratas que heredaron el trujillato, respaldaron el balaguerato, y luego se escudaron en la democracia para seguir desangrando el Estado, se han cansado de guardar las formas y buscan abiertamente hacer tienda en el terreno político, minando la fe en la democracia y aprovechando el descrédito de las fuerzas tradicionales.

Decir que “aquí hace falta un Trujillo” no sólo es una aberración, sino que pone en tela juicio el diagnóstico psiquiátrico de quienes lo dicen, sobre todo si se trata de personas que vivieron aquellas épocas y pueden comparar las diferentes realidades. En los treinta y un años que Trujillo gobernó nuestro país se produjeron los hechos más horrendos y la bonanza económica de aquellos años era monopolio de un grupo reservado de secuaces del “jefe”, que hacían y deshacían con hombres y mujeres y con las arcas del Estado.

A esos falsos profetas que quieren presentarse como instrumentos del destino en la salvación de nuestro país, les aseguramos que quedan hombres y mujeres con dignidad. Hay una juventud que cree en la libertad y el respeto a sus derechos y que de ninguna manera dejaremos pasar a quienes buscan seguir sus privilegios ahora con formas más impúdicas y arcaicas.

La democracia debe perfeccionarse. Existen formas más incluyentes, más eficientes de ejercerla. Pero los sectores interesados quieren confundir la ciudadanía, declarando el fracaso de la misma. No les interesa comprender que nuestros problemas son en la democracia y no con ella. Las vías que establece el respeto a la integridad y la dignidad humana, son las institucionales, que no hacen distinción de color, raza, clase, religión o ideología. Esas son las vías que debemos fortalecer para conseguir los avances que no hemos logrado en estos cuarenta años intentando ser mejores.

No es cierto que la mano dura y la cultura del “tránquenlo”, que tanto ha estado presente en estos años, deba ser formalizada para solucionar nuestros padecimientos. Por el contrario, la solución, sin duda es eliminar estas formas y erigir una democracia de instituciones y de respeto a la diferencia.

Levantemos nuestra voz en contra de los nuevos intentos de burla y vejaciones. Rechacemos el descaro que han tenido algunos viejos parásitos del sistema político que hoy se presentan como salvadores. Construyamos una alternativa democrática viable y progresista, para hacerles imposible su avance.

Nadie está en capacidad de discutir la necesidad psicológica de los ciudadanos de vivir en condiciones agradables, de transitar en un ambiente organizado. La responsabilidad del gobierno es construir vías para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. La sociedad debe levantar su voz, exigir que se prioricen las obras y se hagan en beneficio de los sectores olvidados, esos que llevaron al poder al actual Presidente de la República.

El gobierno dominicano debe sentarse a la mesa del diálogo con los diferentes sectores de la sociedad y dividir, en la medida de lo posible, las actividades según las necesidades de cada sector de nuestro país que a fin de cuentas deben ser el objeto de toda administración pública.

La inversión pública hacia la solución del problema eléctrico; en la construcción, remodelación y abastecimiento de los hospitales públicos; en la reducción del analfabetismo; en acueductos en los tantos lugares del país en donde no llega agua, en la construcción y reparación de carreteras en toda la geografía nacional y, finalmente, en enfrentar la delincuencia; asumir y solucionar todos los problemas de nuestra sociedad.

Consideramos que con los graves problemas sociales y económicos por los que atraviesa nuestra nación, no es tiempo de estar desviándonos del camino en nombre del progreso y en detrimento del mismo.

El gobierno está a tiempo para poner en la balanza los pro y los contra de los proyectos a los que se aboca. La ciudadanía se está pronunciando y no debemos caer en el error de gobiernos anteriores de hacerse de la vista gorda ante la voz popular. Debemos evaluar y gobernar como dijera Juan Bosch, “con los oídos puestos en el corazón del pueblo”. Preguntémonos si vale la pena emprender los proyectos que nos quieren imponer o si por el contrario debemos invertir en salud, ecuación, seguridad ciudadana, profundización de la democracia, institucionalidad de la justicia y del Estado.

La clase política debe estar en constante consulta y diálogo con el ciudadano. Debemos sentarnos en la mesa del diálogo con todos los sectores y componer un espacio de análisis verdadero de la problemática que enfrenta nuestra sociedad, para, de esta forma solucionar las calamidades; eso es progreso. Prioricemos. ¿Valdrá la pena construir un expreso para viajar a grandes velocidades por el camino hacia el ocaso de nuestra nación? Me opongo.