Dimensión ética

Septiembre para muchos es un mes más en el año, para otros tiene un valor increíble. Un olor a dignidad y decoro, a sangre ofrendada y derramada en defensa de la libertad. En septiembre cayeron dos promesas de la historia, se derribaron dos puertas que se abrían al progreso y al futuro. En 1963 y en 1973 se interrumpieron dos gloriosos procesos políticos en República Dominicana y en Chile, dos países muy distintos, pero muy unidos por un sentimiento de amor a la libertad.

El 25 de septiembre de 1963 se produjo un golpe de Estado que derribó el primer gobierno electo democráticamente en República Dominicana, tras la muerte del tirano Trujillo. Juan Bosch, un ciudadano consciente y respetuoso de las libertades públicas, como muy pocos de los que han pasado por el solio presidencial, fue derribado del poder por los sectores económicos más encumbrados y por qué no, más indolentes de su época. Se había producido un ciclo de huelgas espectaculares como respuesta a medidas progresistas que había tomado el gobierno central con el apoyo del Congreso, que beneficiaba a la mayoría y exigía sacrificios a la minoría rica y poderosa. Lo que podría ser catalogado el sueño de las clases medias y bajas dominicanas sólo duró siete meses de gestión y el PRD fue derrocado y sustituido por un gobierno de facto corrupto y asesino.

El 11 de septiembre de 1973, que no es el de las Torres Gemelas, se produjo un proceso parecido en la República de Chile. El primer gobierno de izquierda democrática que había elegido el pueblo chileno había sido acorralado en una secuela de protestas y paralizaciones. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por Augusto Pinochet, quien luego protagonizaría una cruenta y despiadada dictadura, sembraron el terror y bombardearon la sede de gobierno, concretando el Golpe de Estado. El Presidente Salvador Allende, un médico de ideas avanzadas que había intentado darle un lugar digno a la clase trabajadora de Chile pagó con su vida la traición de sus oficiales, confabulados con la clase dominante. Así se inició La Caravana de la Muerte y con ella un largo período de asesinatos, violaciones y exilios bajo el mando de Pinochet Ugarte.

En septiembre, me gusta tentar la memoria de mi pueblo, de los jóvenes que convivimos una realidad que podría ser mucho mejor, si hubieramos tenido otro septiembre. Así mismo lo hacen los jóvenes progresistas de Chile, que reafirman su identidad y su alegría de que hoy tenemos las herramientas que no tuvieron nuestros grandes hombres para construir un país mejor. Septiembre duele, pero a la vez, con su nostalgia invita a seguir creyendo en la posibilidad de hacer un futuro más promisorio para nuestras sociedades. Hoy más que nunca esa llama esta prendida, esas luchas son nuestras luchas.

Juan Bosch y Salvador Allende fueron dos hombres honorables que fueron dignos del cargo que ostentaron. Su recuerdo debe inundar septiembre, porque ellos son el ejemplo de nuestra generación, en cualquier lugar del mundo. Invito a los lectores a estudiar estas dos figuras que sembraron un sueño de esperanza en el pueblo, que el odio y la corrupción convirtieron en pesadilla.

Quisiera destacar dos frases que nos dejaran como legado estos dos seres humanos excepcionales. Allende en sus últimas palabras transmitidas por radio decía: “Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Juan Bosch, en su Carta al Pueblo Dominicano, nos legaba lo siguiente: “Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática.”

La práctica del clientelismo está firmemente arraigada a la historia iberoamericana como un sistema de control de los poderes políticos que se sostiene sobre la base del manejo de recursos significativos y su concesión a grupos sociales sobre los que, a cambio, se ejercen diversas formas de dominación o subordinación.

El clientelismo suele hacer metástasis en diversas formas de control de la comunicación y los medios a través del manejo y la distribución de recursos para los detentadores y operadores de los medios. Por este, las instituciones de derecho se han debilitado por su politización y su manipulación desde poderes que han prohijado también la insuficiencia o inexistencia de una cultura de la legalidad, tan necesaria para la institucionalidad requerida en una democracia de ciudadanos.

El Estado, en su modalidad tradicional de “gran empleador” o “padre protector”, pasa a ser un botín político-electoral y los gobernantes cubren sus compromisos prebendistas mediante el uso de las instituciones públicas, desnaturalizando así la función pública y obviando su deber para con el interés general.

En nuestro país esta ha sido una cultura que lleva siglos. Se dice que el primero en incluir las famosas “botellas” (concesiones a cambio de favores políticos sin que intervenga el factor trabajo) en la administración pública fue Horacio Vásquez; pero mucho antes de eso, la política fue un medio de vida para el dominicano.

Hoy día la práctica sólo se justifica en el abandono de un sentido teórico-político y el establecimiento de la política como fin y no como un medio de conseguir bienestar colectivo. El uso discrecional de los recursos públicos para solventar beneficios personales o de sectores es una antigua práctica que debemos desterrar.

Se destaca, en particular, la compra de voluntades o el sostenimiento de estructuras políticas financiadas con fondos que son de todo el pueblo. El Estado prebendario o clientelar, además de las injusticias y los privilegios que crea, distrae recursos que bien podrían volcarse a políticas públicas, que incluso podrían beneficiar mucho más a las estructuras político-partidarias que promueven estas prácticas atrasadas.

El progresivo abandono de las convicciones doctrinarias, manifestado en la incoherencia entre el discurso y las acciones de gobierno, han llevado al desconcierto de quienes se identificaban con una ideología y que constituían lo que se llamaba "voto cautivo".

A partir de allí, fue haciéndose necesario capturar a los votantes por otros medios, entre ellos la práctica clientelar y la apelación malsana a la miseria y la indignidad del ser humano para sacar provecho político-electoral.

Las victorias electorales obtenidas por medios clientelistas no deben enorgullecer a nadie, por alto que sea el porcentaje de votos logrados en la contienda, ya que éstos no tienen su origen en la adhesión espontánea del electorado, sino en algo muy próximo al soborno. Este ha sido el caso de las administraciones de los últimos cuarenta años.

Se hace urgente la creación de nuevos espacios políticos con características distintas. Sustituir el “Estado empleador” por el Estado administrador. Cambiar la visión de la sociedad hacia la política y reinventar el gobierno.

Esto debe hacerse con el concurso de la ciudadanía y la promoción de la autogestión como medio. Por eso se hace necesario el fortalecimiento de la sociedad civil, la formación de la ciudadanía, la creación de instituciones partidarias que se sustenten en proyectos de nación, la búsqueda de medios que transparenten el servicio público y formas que limiten el poder presidencial y dificulten la utilización del Estado como medio de crecimiento político y compra de conciencia.

Hace unos días fue inaugurado el Foro Nacional por la Excelencia de la Educación, una iniciativa bastante interesante pero contradictoria. Lo es en el sentido de que en el presupuesto nacional se le asigna a la educación una dotación de recursos económicos que no se corresponde con la declarada prioridad nacional que asume el gobierno dominicano en dicho foro. Consideramos pertinente presentar algunas ideas sobre la educación y su importancia, más allá del panfleto o la propaganda.

Muchos coincidimos al entender que la mejora del capital humano de nuestras sociedades es la prioridad principal en el desarrollo de las naciones. Sin esta se imposibilitaría el aumento de producción y el acceso a la igualdad de oportunidades, ambos elementos importantes en una visión progresista del proceso político y social. También se haría imposible la consecución de una administración eficaz y a la vez transparente, pues la educación es la zapata de toda construcción social eficiente.

Lo que definiera el ex presidente del gobierno español Felipe González como “la variable estratégica de mayor trascendencia para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, no es, sin duda, una variable ajena a nuestra realidad. Por el contrario, nuestra sociedad es una de las más necesitadas de este elemento que al parecer a nuestra clase política tradicional le parece un toque retórico o un accesorio discursivo.
Es, sin duda, esa "pobreza de capacidad", como llaman las Naciones Unidas a la falta de educación, la más profunda de todas las que padece la sociedad dominicana, y aunque a muchos les parezca fuera de base, es la causa fundamental de las demás modalidades de pobreza que sufre nuestra sociedad desde hace siglos, acentuadas hoy por un inmovilismo irresponsable de las autoridades.

El gasto educativo se identificaría, según nuestra visión, como una inversión en capital humano y no como un simple gasto social. Una inversión que daría como resultado una reingeniería estructural de nuestra sociedad. Inversión que debe enfocarse en líneas diversas sin priorizar unas sobre otras, es decir, educación inicial, primaria, básica, técnica, profesional y especializada vistas como elementos de desarrollo plural y ampliado.

Estamos hablando de sociedades más activas, más capaces de integrar a un número creciente de ciudadanos que desarrollan sus propias iniciativas. De incorporar a nuestro sistema nuevos valores. Es decir, crear un sistema educativo eficiente, capaz de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes.

El Estado debe mostrarse dispuesto a apreciar y a estimular la capacidad creativa y el potencial de los ciudadanos que generan riqueza y oportunidades para sí mismos y su entorno social. Obviar esta realidad es someter a los pueblos. Debemos impulsar el compromiso de nuestra ciudadanía y de nuestra clase política con abrir nuevos horizontes para construir un país mejor.

Harán 150 años del nacimiento del líder obrero español que fundara el Partido que hoy gobierna España. Pablo Iglesias, aquel luchador incansable por las conquistas sociales de la clase trabajadora, no debe pasar desapercibido en nuestra Dimensión Etica, porque sin duda su valor compone un referente histórico más allá del continente europeo. Nuestro deseo es sembrar en el lector el interés para el estudio de esta figura emblemática de la política española.

Uno o más referentes no nos deben faltar a la hora de componer un espacio, como jóvenes, como estudiantes, como profesionales, como padres, como seres humanos. Esta vez hemos querido escoger a Iglesias, por su estatura moral y su honor al defender el derecho pisoteado.

De joven, se encuentra despedido de su empleo, por defender a un compañero abusado por el patrón. Condenado a llegar a su casa sin saber qué tendrá para comer al día siguiente. Es el Pablo Iglesias que nos viene a la mente en momentos en que tratan de desanimarnos, que se nos hace el llamado al pragmatismo, a “la cordura”.

El hombre austero, de mirada profunda, que dedicara sus energías a la construcción de los instrumentos de lucha más vigorosos del panorama político español, la UGT y el PSOE, no limitó su militancia a un accionar persecutor del poder. Como alguno de nuestros caudillos del siglo XX, se consolidó como un referente moral histórico, que podríamos levantar para nosotros mismos en momentos en que nos digan que la política es una actividad que empequeñece las virtudes y engrandece las pasiones malsanas de los hombres y mujeres que la practican.

El hombre que representa ante los poderosos los intereses de los débiles, de los oprimidos, lo hace acrecentando su dignidad y la de su causa, desde las instituciones, en el parlamento, como concejal, haciendo vida política activa y siendo partícipe de un movimiento sindical de gran importancia en su país.

Sus palabras, nos hacen un llamado a la actitud comprometida, a la limpieza de espíritu, a la honradez, cuando dice: "Por mucho que valgan las ideas, no pueden prosperar en el grado que deben si sus sostenedores, y principalmente los que ocupan las primeras filas, no son enteros, serios y morales. No sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres".

Pero, más allá de sus virtudes destacadas, de su sencillez casi extinta en los círculos políticos actuales, donde la parafernalia y el aire de grandeza son estereotipo, más allá de su honradez y austeridad revolucionarias, está una virtud que quisiera destacar como la más importante en el empleo de nuestro referente histórico para aplicarlo a la realidad política presente y futura, tanto de nuestro país como del exterior. Es esa virtud que ha generado con su ausencia el descrédito de la clase dirigente. Es el hecho de sostener y dar vida a la palabra con el peso de la obra, de la acción. La coherencia, ha sido y será, la quintaesencia de la reformulación de un sistema político que parece soliviantarse ante los golpes de la ineficacia predadora. Reflexionar en ese sentido no sería una mala actitud de nuestra clase política tradicional.

“Algo tiene que cambiar para que todo quede igual”. Así escribió Giovanni Lampedussa en su clásica novela El Gatopardo. De igual manera lo dicen muchos de nuestros actores políticos del presente. Lo hacen una y otra vez en el interior de sus organizaciones, en el Estado, en el Congreso... En los diferentes espacios de la arena política la máxima del ‘gatopardismo’ ha estado presente.

Es común recordar las viejas prácticas del ido a destiempo (muy tarde), Joaquín Balaguer, a la hora de solucionar problemas ajenos a sus intereses, la forma más fácil de “resolver” era crear una comisión para la solución de dicho asunto, de esta forma cambiaba para que nada cambiara.

Hoy vemos como los partidos políticos que han tenido mayor relevancia en la historia contemporánea aseguran presentarse a ofertas renovadoras con el objetivo de “cambiar”. Tras ese afán renovador existe una intención. No vemos en el discurso de ninguno una oferta de renovación profunda que implique el sentido místico-ideológico (si es que aún lo tienen), se propone sin más, un lavado de caras de las estructuras. Remozando las posiciones, cambiando actores para que jueguen el mismo papel no se contribuye al desarrollo democrático ni a la estabilidad de una organización, simplemente se crea expectativas que desembocan en la desesperanza de la población.

De igual manera, se propone una reforma constitucional que cambie en el texto de nuestra Carta Magna, algunas cuestiones y de paso introducir algunas propuestas no muy agradables. El país observa en silencio, mordiéndose los labios de rabia. Este episodio de nuestros días establece la clara visión de un Congreso integrado por personajes de credibilidad nula, con honrosas excepciones, que busca después de su asqueante participación en procesos ‘democraticidas’, hacer un mea culpa y buscar reivindicarse, con intenciones escondidas.

Así se generan liderazgos políticos que promueven un cambio retórico, sus discursos son tomados en cuenta por la ciudadanía, promueven lo que el país demanda, despiertan el espíritu del pueblo y lo utilizan en beneficio propio. De esta forma surgen los gobernantes que se escudan en un principio en doctrinas liberales y luego derriban sus propias plataformas, haciendo daño a sus compañeros de partido, como es el caso de Ulises Hereaux y otros casos más recientes.

En nuestro país se ha querido imponer la cultura de promover cambios en la sociedad que no pasan de ser prédicas, de esta manera generan descontento. Los políticos que son partícipes de esas formas no se dan cuenta del daño que hacen a su propia clase promoviendo la falta de esperanza y descrédito para la clase política en la población. El gatopardismo engendra una enfermedad social que impide el progreso: la desesperanza.

Con motivo de la celebración del 16 de agosto, ilógicamente antepuesto, la Comisión de Efemérides Patrias ha iniciado una campaña donde se observan letreros vistosos y anuncios radiales que versan la frase “Machete, carajo!”. Suponemos que entre los objetivos de dicha Comisión de efemérides, está la promoción de los valores patrios y mantener en la memoria de los dominicanos y dominicanas los importantes hechos que marcaron nuestra historia nacional.

El 16 de agosto del 1863, cerca de la frontera norte en Capotillo, izaron la Bandera tricolor Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel, entre otros, y proclamaron la Restauración de la República. Desde allí se lanzan a acciones bélicas que según apuntes históricos produjeron más de 10, 000 bajas entre muertos y heridos a las tropas españolas.

La Restauración es el producto de un grupo de rebeldes patriotas levantados en armas que iniciaron la resistencia aquel 16 de agosto y que se prolongó por más de un año, culminando con la salida de las tropas de ocupación. La capacidad estratégica de los dominicanos y el conocimiento del terreno dejó sorprendidos a los que apostaban a la victoria española. Los dominicanos, haciendo uso de sus destrezas en el campo de la guerra de guerrillas, sofocaron la ofensiva extranjera que tenía el control de los cuarteles y del gobierno.

El patriotismo y la autodeterminación fue el móvil de la guerra social más cruda y heroica de nuestro pueblo. Los dominicanos y dominicanas empeñaron sus energías en la defensa de la soberanía popular vendida a la corona española por Pedro Santana y Familias. En la guerra se destacaron muchos de los que luego serían personajes de renombre político e intelectual como nuestro Gregorio Luperón.

La consigna con que los líderes patriotas incitaban al pueblo era “a jacho y machete, carajo!” que invitaba a los ataques nocturnos a los cuarteles españoles. Esta frase refleja la crudeza de la guerra que vivimos en 1863, pero de ninguna manera un valor patriótico ni un componente ético de la gesta restauradora, que sí lo tuvo.

Hace unos días escuché a un amigo decir que los letreros de la Comisión, eran una invitación a defender al pueblo de “la invasión haitiana”. Le expliqué el sentido de la frase “machete, carajo!”, quedó todo aclarado. Lo que no nos queda claro es cuánta gente, por inocencia o quizá ignorancia, puede estar confundida como lo estuvo mi amigo.

Prefiero recordar la Restauración con la frase “Aún hay Patria!” o la cita de Eugenio Perdomo: “Cuando los dominicanos van a la gloria, van a pie" u otra de tantas frases que transmiten el sentido de la Restauración. ¿Por qué “Machete, carajo!”?

Hace pocos días vimos como en el Congreso Nacional surgió un proyecto para exonerar de impuestos la entrada de máquinas tragamonedas. Muchas personas, con razón o sin ella, salieron a responder esta iniciativa alegando que provocaba alteraciones en la conducta de los menores e incitaba al gasto y al vicio. No queremos referirnos al tema en términos personales, sino contribuir al debate con una aportación que creemos necesaria en los tiempos actuales.

Así como permitimos que un legislador proponga la eliminación de los impuestos a unas máquinas improductivas, creemos prudente cuestionar la razón por la cual un jugador, en un casino o en una banca de apuestas puede disfrutar del uso de una máquina tragamonedas sin ser castigado por el fisco y al mismo tiempo un joven universitario vaya a una librería y tenga que asumir el peso de la carga impositiva para adquirir una herramienta tan necesaria para su formación como es un libro de texto.

La educación es la vía del desarrollo humano. No podemos pretender llevar adelante un proyecto de Estado Social de Derecho con una ciudadanía profundamente olvidada y marginada por un sistema educativo excluyente y una clase dirigente que prioriza los juegos de azar sobre la formación de los dominicanos y las dominicanas.

Para que nuestro país avance en materia económica, no se requiere - y ahí reside la miopía de algunos legisladores- de una gran cantidad de personas con suerte que ‘peguen el palé’, se saquen la lotería o puedan ganar dinero en maquinitas. La cultura del tener que nos han querido imponer, ha llegado al extremo de utilizar como slogan político de aspirantes y negociantes con alusión a “las maquinitas de los cuartos”.

Es una realidad que para subsistir, los dominicanos y dominicanas necesitamos aumentar nuestros ingresos. Sin formación es muy difícil que logremos alcanzar niveles de bienestar. El trabajo digno, el esfuerzo diario, requiere del soporte del conocimiento tan necesario en la nueva sociedad de la información.

El sistema educativo debe ser reformulado. Debemos reorientar la política educativa y asumir el compromiso de crear una ciudadanía consciente. La participación de la comunidad debe ser parte esencial del proyecto educativo. Hay que reconocer ese valor básico para la formación de ciudadanos que es la lectura. Si no conectamos la lectura con los contenidos curriculares del aula, estamos perpetuando la ignorancia de los niños y niñas.

Consideramos necesario impulsar reformas en dirección a cambiar el régimen educativo, a crear capital humano, difundir cultura y explotar conocimientos. Esto requiere, sin dudas, un compromiso presupuestario y buscar formas de hacer que la educación, la formación y el desarrollo, llegue a los sectores más recónditos de nuestro país. Por eso consideramos oportuno evaluar la necesidad de subsidiar los libros, de que el Estado promueva la lectura más allá de los eventos culturales donde muchos se reúnen a pasarla bien. Necesitamos medidas efectivas y legisladores que se comprometan con la educación.

La evolución constitucional de las naciones contiene elementos significativos que marcan etapas importantes en su historia y su conformación como Estado. Estos elementos se convierten en signos que determinan más tarde su tradición y su curso tanto político como social. El Artículo 210 de la Constitución de 1844 y el artículo 55 de la Ley Sustantiva vigente han traído división de opiniones entre juristas e intelectuales dominicanos. Han sido elementos introducidos para control y represión de la población.

Como todos sabemos el Art. 210 fue una pieza de gran importancia en la estrategia santanista de absorber todo el poder político en la naciente República Dominicana para extraer provecho personal y de clase. Se trataba de recoger todo el poder en la figura política que él, Pedro Santana, encarnaba y asegurarse los privilegios. Esto asentó las bases del presidencialismo y del personalismo, así como el clientelismo en el sistema político dominicano, siendo estos los principales generadores de la degradación social de nuestra patria.

La manera de actuar y pensar de una nación está ampliamente ligada a su trayectoria histórica, a la vez influida por la actitud de sus protagonistas; la República Dominicana no escapa a este caso. Somos una nación que desde su fundación se declara democrática, civil, republicana y representativa. Sin embargo, el gobierno de la nación muy pocas veces ha observado esta regla constitucional. De los 160 años que tiene nuestra República, 70 han sido regímenes dictatoriales, sin contar los años de interrupciones a nuestra soberanía nacional. Los demás gobiernos han tenido rasgos de autoritarismo y abuso de poder.

Sucede que la tradición presidencialista se ha convertido en cultura autoritaria, que ha impedido la formación de estructuras institucionales que velen por una verdadera idoneidad en el desempeño de las funciones públicas.

La figura del presidente de la República recoge todo poder para sí y desconoce el que no está legitimado por su dedo. La cultura y práctica autoritaria en el ejercicio del poder, está ligada a la constante figura que otorga poderes extraordinarios al primer mandatario para influir en los distintos estamentos del Estado y asumir el control de los mismos con la expresa aprobación y autorización de las leyes y la Constitución dominicana, en desmedro de la independencia de poderes que consagra el Art. 4 de la propia Constitución.

Esta triste realidad se manifiesta con nuestro primer gobernante, Pedro Santana, quien hizo consignar en la Carta Magna un artículo que legitimaba su comportamiento arbitrario y despótico. Siendo acogido por los distintos sectores de poder encarnados en las figuras de Buenaventura Báez, Ulises Hereaux, Ramón Cáceres, la misma ocupación militar norteamericana de 1916, la dictadura de Rafael L. Trujillo, para venir a desembocar en la figura del déspota Joaquín Balaguer. Estos líderes encabezaron gobiernos de mano dura y utilizaron el poder personal para repeler la oposición política, así como para imponer su voluntad ante la de los ciudadanos. Su herencia es la de un sistema político viciado y un legado de corrupción, abuso de poder, deterioro institucional y valoración desinteresada de los derechos ciudadanos.

El Presidente de la República tiene el permiso, tanto de la cultura legada por la tradicional práctica política, como de la Constitución, para ejercer de manera omnipotente el poder personal y asumir el Estado como un feudo. Estas tradiciones históricas han contado con el apoyo o con la tolerancia de la sociedad, convirtiéndose así en razones de Estado y normas de vida política permitidas en los cánones legales y legítimos.

En días pasados, mientras leíamos la prensa, vimos la opinión de un articulista que daba la razón al meritorio empresario de la comunicación y la comedia, Freddy Beras Goico, quien ha afirmado en múltiples ocasiones que Leonel Fernández es “la última esperanza que tenemos en cuanto a la eficacia del sistema democrático en nuestro país.” Quisimos aprovechar esta oportunidad para compartir con los lectores nuestra postura al respecto, tras considerar que nuestro admirado Freddy, hombre de trayectoria ejemplar en las luchas por el sistema democrático, se equivoca.

Es interesante la forma en que históricamente los actores políticos han capitalizado las situaciones de crisis para catapultarse como figuras mesiánicas, buscando representar “impulsos salvadores”. Es conocido por todos, jóvenes y no tan jóvenes, el caso de Joaquín Balaguer quien se erige como ‘el candidato de la paz’, la salvación de los dominicanos ante la amenaza del “comunismo ateo y disociador”. En 1966 se inaugura un período oscuro de nuestro frágil sistema político; en nombre de la democracia se violaron sus principios básicos, se vulneraron los derechos que le dan la naturaleza al sistema democrático.

El gran error de las democracias modernas, ha sido su desarrollo en ambientes personalistas, con caudillajes absurdos y preceptos destinistas. No hay cosa que haga más daño a un sistema que requiere de administradores, que identificar las “últimas esperanzas” en manos de hombres o mujeres. La democracia tiene trabas, serias dificultades en su desempeño. Es cierto que la democracia corre peligro, lo hemos sostenido en artículos anteriores. Hemos profesado en días pasados la necesidad, el ‘reto de ampliar la democracia” para corregir los problemas en la democracia y no con ella.; pero creemos más que nada que no es a base de impulsos personalistas ni rasgaduras desesperadas que vamos a salir airosos de los desafíos a que hacemos frente.

La última esperanza del sistema democrático está en que sepamos asumir los derechos y deberes que este trae consigo, la práctica de la ciudadanía, el afianzamiento de las instituciones, la profundización del Estado de Derecho, la creación de mecanismos institucionales que velen por la buena administración. Esto es, despersonalizar el gobierno, que cada día dependamos menos de esas “últimas esperanzas”, que con criterios gerenciales el Estado camine, sin importar quien trace las pautas administrativas y ejecutivas.

Desprendernos de los personalismos es un reto al que no podemos renunciar. Leonel Fernández ha demostrado ser una persona ecuánime, un hombre decente, ha gobernado de acuerdo a sus criterios y no le ha salido mal, aunque no estemos de acuerdo en muchas de sus disposiciones, ha dado tranquilidad al pueblo. Ahora bien, suponer que la permanencia de nuestro sistema democrático depende de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la realidad pasajera que representa una vida humana es decir a los dominicanos y dominicanas que nuestro proyecto de nación no es viable, es decir que más de nueve millones de personas dependen de un solo hombre, un juicio demagógico que borraría la sonrisa del rostro de cada dominicano.

Creemos en la necesidad de invertir en la descentralización de responsabilidades. Consideramos que la democracia dominicana va a afianzarse más allá de la persona que le administre o que dirija su administración. Es necesario superar el presidencialismo para salir del trance crítico que nos amenaza de fracasar en la empresa de ser un país mejor. La esperanza del sistema democrático dominicano reside en nosotros, los ciudadanos y ciudadanas que estamos dispuestos a sacrificar el yo y trabajar por el nosotros. Creemos, y sabemos que no estamos solos, que la juventud quiere un país de ideas y no de liderazgos personales.

Para los lectores puede parecer absurda la idea que plantea la frase que encabeza el presente artículo. Venir a reivindicar la política en una época en que dicha palabra ha adquirido un sentido peyorativo se hace cuesta arriba. Hemos visto en la prensa y en el diario vivir como se refieren a diversos temas usando el contenido político para descalificar.

En muchos diarios leemos, por ejemplo, que no deben tomarse medidas con “criterio político” en ciertas actividades que son de verdadero interés público. Asimismo, hemos escuchado hablar del ‘riesgo de la politización’ como algo degradante. En todos los casos lo político se ve como sinónimo de algo no deseado, algo sucio.

Debemos recordar que la política viene del griego polis, administración de la ciudad, traducido hoy a la administración de los asuntos públicos, una cuestión inevitable en todo conglomerado o sociedad. No podemos confundir los términos. Quisiéramos que la política recobrara su credibilidad y su valor real, el de una actividad saludable y honrosa.

Estamos conscientes de que se han observado conductas desagradables, actuaciones desbordadas muchas veces asqueantes, de parte de algunos actores políticos. No podemos negar que hemos visto funcionarios públicos que se han caracterizado en su ejercicio por el abuso de poder, las prácticas delictivas, el provecho del erario público, las concesiones interesadas, el maltrato a ciudadanos, la falta de coherencia, la inobservancia de las normas de la ética.

No creemos que sea correcto llamar a los judíos usureros, ni todo haitiano es ladrón por el hecho de que alguno haya robado, ni es válido decir que todos los empresarios son evasores o estafadores; de igual manera no todo político es delincuente ni mentiroso por naturaleza, ni cualquier error en su gestión lo descalifica automáticamente.

Los comentarios negativos sobre los políticos son amplificados, en algunas ocasiones, por personas interesadas en que ese sector se mantenga alejado de la ciudadanía, porque de esa forma se facilita el control de la clase dirigente. Es más probable poder controlar a un político que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, porque esto lo convierte en un agente sin compromiso y puede, de esta manera negociar, aprobar asuntos convenientes para ciertos intereses ajenos a la ciudadanía que le rechaza.

Si no acercamos la política a la ciudadanía los problemas nacionales no verán solución. Se requiere hacer que la gente crea de nuevo en la política y en los políticos. Pero esto se hace con accionar transparente, con conductas honestas, con coherencia, con seriedad.
No podemos estar condenados a aceptar que la clase que está destinada a gobernarnos no sirve. Desacreditarla no es un paso para corregir los problemas que presenta. Por eso creemos necesario reivindicar la política, hacer las cosas bien con el simple objetivo de ser cada día mejores.

Muchos dicen que pasan de la política, que la política es para los políticos. No toman en cuenta que la política no pasa de ellos y los efectos de un fenómeno producto del descrédito que avanza, también caerán sobre la ciudadanía. Salvemos la responsabilidad futura, quizás sea lo único que queda, pero es algo.

En unos días se celebrará el encuentro del G8. El grupo formado por las ocho naciones más poderosas del mundo, que integran Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia, se reunirá para trazar algunas políticas conjuntas respecto a los muchos problemas que enfrenta nuestro mundo en los tiempos actuales. Como un llamado a la atención de estas ocho potencias, los mejores cantantes del mundo se han unido en una sola voz, en concierto, gritando de forma melódica “Detengamos la pobreza!”.

Habíamos creído que después de 1968 el mundo era inerte, los jóvenes estaban inmunes a toda capacidad de solidaridad con las cuestiones importantes que atañen a los demás. “Live Eight” reunió artistas de todo el mundo en los 8 países que conforman el G8 que ofrecieron conciertos con el objetivo de “crear presión” a los líderes de estos ocho países que asistirán a este encuentro para que escuchen el clamor de un mundo cansado, hambriento y detengan la muerte de 30,000 personas diariamente, a causa de la extrema pobreza.

Paul McCartney, Robbie Williams, Bono, Dido, Madonna, Sting junto a noventa y cuatro artistas más, entonaron sus populares canciones erigidas como himnos contra la miseria y por la solidaridad con los países del tercer mundo. Nuevamente el rock asume su rol de impulsor de conductas progresistas y en contra de los males de la tierra y es un fenómeno que debemos observar los jóvenes que creemos en la solidaridad y en el compromiso como valores de las sociedades.

En las iniciativas globales que impulsan el compromiso ciudadano, la sensibilidad social no puede ser un valor extinto en los jóvenes que debemos ser el elemento catalizador de los cambios sociales. Por eso aplaudimos el éxito de LIVE 8, un concierto sin precedentes que marcó un hito en la historia de los eventos progresistas a nivel mundial y a la vez constituyó un respiro para aquellos que creían en la viabilidad de la juventud actual.

Demostraron que desde la música, desde el arte, también se ejerce la ciudadanía. Los artistas de Live 8, dijeron “Otro mundo es posible”, que la juventud no está muerta, que los líderes mundiales tendrán que escuchar nuestra voz antes de tomar decisiones.

Live 8 es una iniciativa de solidaridad que podrá rendir sus frutos en las decisiones tomadas en la próxima reunión del G8. En la República Dominicana podríamos asumir esa modalidad de eventos para exigir nuestros derechos, para levantar voces solidarias, para decir a todos, que falta mucho para construir un mundo realmente globalizado porque hay brechas, hay exclusión, hay hambre, hay dolor.

En nuestro país se dio un evento multitudinario que convocó a casi 5,000 personas en una playa para escuchar música electrónica. Que bonito sería que esos eventos se patrocinaran a favor de los miles de marginados de nuestra sociedad.

Nos queda la idea y la posibilidad de algún día materializar actos de esa naturaleza.

En nuestros artículos anteriores hemos expresado la profunda necesidad de sustentar un ejercicio ético en la política. Hemos hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de profundización de lo que creemos es el bien mas preciado de nuestro sistema político, la democracia.

En los años que han transcurrido desde el final del balaguerato, hemos observado casos curiosos: los partidos políticos que representan el mecanismo procesal más expedito para llevar a cabo las conquistas y transformaciones que el pueblo demanda, al erigirse en el poder central, acaparan los mecanismos y los emplean en beneficio de cúpulas inescrupulosas. Esa práctica es repetida en las diferentes administraciones que han pasado por Palacio.

Hoy, nos encontramos en un sistema supuestamente tripartidista, en donde las tres opciones presentan una sola oferta: más de lo mismo. Ante este fenómeno, hemos visto como en el interior de los mismos partidos se han generado las contradicciones más profundas, provocando esto la ruptura de sectores que componen un mismo partido pero que simplemente no se sienten representados en el seno de este.

Producto de este fenómeno que señalamos, hemos visto el surgimiento de una nueva opción, un proyecto que podría interpretarse fruto del deseo de un dirigente político, para algunos fruto de la locura y la precipitación de un grupo de hombres, pero que en realidad corresponde a la reacción catalizada por el interés nacional de encontrar fuerzas nuevas (no sólo por nuevas), con un contenido doctrinario y un objetivo visible. Síntoma de la homogenización de los tres partidos del sistema tradicional se genera hoy una pregunta, a la que el Partido Revolucionario Social Demócrata esta dispuesto a responder.

¿Hacia dónde vamos? Cierto es, que nos han mantenido durante más de 10 años en un simple cambio de colores y nuevos rostros en la administración, pero a fin de cuentas, las opciones no han variado, y no han variado porque no son distintas, porque se agotó la potabilidad y la creatividad de los lideres que nos representaron en un momento porque levantaron su voz contra acciones que al fin y al cabo terminaron secundando.

Ante ese vacío, ante esa falta de discurso político, ante ese péndulo que nos lleva de un lado a otro sin ningún motivo específico, nos vemos obligados a preguntar si vale la pena cambiar por cambiar, o si realmente podemos construir entre todos una fuerza que nos lleve a un cambio profundo, sustancial, positivo e incluyente.

La coherencia es un valor político en vías de extinción. Los principios han querido ser desterrados del ejercicio político, para implantar un régimen vacío en donde solo priman intereses cuestionables y muchas veces dirigidos por los mismos actores con diferentes personajes.

Se aprecia una oportunidad. Vemos el nacimiento de una fuerza que pretende sentar bases y hacerlo de una forma efectiva y moderna. Ha nacido con figuras que han demostrado coherencia, que han demostrado entereza y valor al defender los principios. Ha comenzado con intelectuales honestos y brillantes, con una cantera de jóvenes dispuestos a desarrollarse y dar lo mejor de sí por su país. Ha nacido con respuestas prácticas y llenas de contenido. Crece y se multiplica con rapidez, pero sin improvisaciones, pues combina la experiencia con la innovación. Se expande para extirpar los tumores, para sacar la mala res.

Las fuerzas políticas tradicionales tienen muchos méritos, todas, pero al parecer la mala res se enseñoreo con el liderazgo en el corral e impuso su inconducta, dañando de esta manera a mansos y a cimarrones. El Partido Revolucionario Social Demócrata abre sus puertas y sus ventanas para combatir los males tradicionales. Pero no a base de improvisación e idealismo, lo hace formando nuevos líderes que trabajen con lo mejor de las pasadas generaciones para hacer futuro.

Los jóvenes que observaban sin rumbo tienen un espacio, las mujeres que buscan estar representadas tienen un lugar, los ancianos desprotegidos y abandonados por el olvido del tiempo y un Estado indecentemente irresponsable han encontrado una defensa.

Trabajemos unidos, sin pasión pero sin vacilación, por fortalecer un partido que más temprano que tarde, sabrá ganar y asumir dignamente lo ganado y así fortalecer la democracia. De este árbol que nace en nuestra tierra, brotará la savia que hará nacer nueva rama, nueva flor y nuevo fruto.

Muchas personas aprecian incompatibilidad entre el ejercicio político y la conducta ética. Opiniones de distintos ciudadanos coinciden en la premisa de que para ser político hay que estar alejado de todo lo que indique la contemplación de escrúpulos. No consideramos que sea esta una opinión sensata ni reflexiva, pues creemos, como Duarte lo hacía, que la política es la actividad más bella después de la filosofía.

La actividad política es, o debe ser, la combinación de talentos de diferentes personajes que se reúnen alrededor de un proyecto común, de un objetivo a lograr. Sin embargo, desde los tiempos del Leviatán hasta nuestros días, el ejercicio político ha sido, con honrosas y escasas excepciones, un constante intercambio de mandos sin un rumbo estratégico y sin un proyecto positivo, no así la política.

Hemos vivido a expensas de los intereses grupales o personales. Los habitantes han sido instrumento para el uso y usufructo de los bienes estatales de un grupo apandillado o de un tirano que se ha encaramado, con camuflajes y artimañas, engañando y degradando a todos en su paso por el poder.

Es tiempo de levantarnos. Las personas sensatas, los hombres y mujeres de juicio, debemos levantar la mano y decir presente. Debemos pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. Es cierto que los medios nos dificultan el acceso, pero el temor es el mayor obstáculo para las buenas obras. Debemos desprendernos del prejuicio, creado por sectores interesados, de que la política es una actividad sucia e incompatible con la ética. Cuando entendamos lo contrario, cuando sepamos que precisamente la ética es lo que diferencia a la política de la politiquería tendremos una clase dedicada a la administración y representación justa y eficiente de la cosa pública.

La participación política de las personas con preparación y formación, es el elemento principal de la creación de un liderazgo ético. En nuestro país ha habido grandes ejemplos de conductas intachables. No en vano han pasado por nuestra tierra figuras con decoro y determinación a la hora de defender los intereses de la nación, las hay en el presente y las habrá en el futuro.

Si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que si no asumimos el compromiso ético de la ciudadanía, del ejercicio político, por temor a mancharnos, dejamos el espacio libre a personas sin principios, sin proyecto, sin honor. Digamos no al tabú de que la política es para la gente sucia y cambiemos la forma. Asumamos la participación política, activa o pasiva, como un deber ciudadano.

Creo prudente reconocer la participación de una promesa joven del ámbito político actual, un abogado, profesor y escritor que ha articulado sus talentos en combinación con sus convicciones éticas para hacer algo distinto y hoy se prepara para echar la batalla por conseguir la representación congresional. Eduardo Sanz Lovatón merece un reconocimiento y el apoyo de los hombres y mujeres que creemos en el la República Dominicana como un proyecto viable.

Trabajemos todos por el país que queremos. Tomemos conciencia de que sólo luchando en la arena podremos hacer la diferencia. Desde los partidos, desde los grupos de presión, desde las empresas, desde las escuelas, desde la prensa, desde los gremios, el voto; podemos contribuir al avance de nuestras instituciones. Tomemos conciencia de que merecemos un país mejor. Construyámoslo!

Hagamos un paréntesis de todas nuestras actividades para leer estas líneas que no son más que un llamado a la memoria, a cerrar heridas, a salvar coyunturas que pudieran producir desgarros innecesarios. Dejemos por un momento los chismes de nuestros tribunales, hoy convertidos en tragicomedias televisivas. Apartemos de nuestras mentes los problemas del momento para elevar nuestro pensamiento a algo trascendental.

Hace cuarenta y cuatro años se materializó un hecho que puso fin a más de tres décadas de horror y represión. Conjurados en maquiavélica asociación unos jóvenes allegados al gobierno se armaron de valentía para decapitar el régimen que mantuvo a nuestro país, por medio del miedo, al borde de la apatía moral. Este grupo de hombres, que se dispusieron a esperar al dictador Rafael Leonidas Trujillo en la Avenida G. Washington, aquel martes 30 de mayo, no ha sido bien valorado por la historia dominicana, que como hemos dicho antes ha caminado a tientas, seducida por el poder de turno e impotente ante la mano larga del déspota ilustrado.

Hoy queremos exigir, para cerrar heridas, que se le haga justicia a los héroes y mártires que arriesgaron y ofrendaron posteriormente sus vidas por ver nuestro país liberado y libertado. Reconocer a esos jóvenes que emprendieron los caminos de la gloria al dar muerte al tirano Trujillo.

Nuestro país no conoció una transición necesaria y hoy vemos las consecuencias de no haber transitado los senderos del diálogo y la concertación. Hemos visto como se nos impuso el olvido, se nos ordenó a punta de ametralladora, que olvidáramos nuestro pasado para condenarnos a repetirlo. A la hora de reorganizar la patria, de construir un régimen democrático, ambos sectores, el liberal y el conservador quiso ganar el pulso histórico imponiendo sus posturas, dando como resultado el desastre político del que hoy intentamos recuperarnos.

Proponemos que el día 30 de mayo sea declarado Día de la Libertad, como conmemoración de aquel momento de gloria en que la voz del pueblo rugió a través de las armas justicieras. El olvido nos llevó hace poco tiempo a aceptar pasivamente la construcción de monumentos en honor a la ignominia. Hoy los ciudadanos y políticos civilizados deberán escuchar la voz de la historia y reencontrar la transición que quedó trunca con el Golpe de Estado al Prof. Juan Bosch. Quisiéramos que la construcción de una agenda democrática genuina, construida en base a la concertación y el consenso de los distintos sectores, inicie con la celebración oficial del Día de la Libertad.

“Borrón y cuenta nueva” no es buen consejo. Crear la zapata cultural para un verdadero cambio fue responsabilidad de nuestros antecesores de la generación de los caudillos y la fuerza venció a la razón. Hoy la clase política tiene un reto: reiniciar el proceso de institucionalización de la república; para ello debe estar dispuesta a deliberar antes que a decidir, a proponer y renunciar a imponer. Pero esas transformaciones no pueden basarse en gatopardismos sino en la realidad de la disyuntiva que tenemos de cambiar o naufragar. Oigamos la voz de Ortega y Gasset al decir que "partir de cero no es solo inconveniente sino además imposible". Encontremos nuestra identidad y construyamos un nuevo amanecer que nos haga dignos de la libertad conquistada el 30 de mayo de 1961.

En días pasados, leyendo la prensa matinal, vimos un artículo que llamó nuestra atención. Se trata de un texto de opinión que hace apología al nivel de las empresas privadas que administran salud en nuestro país. Un artículo lleno de dardos envenenados hacia el desempeño del sector público y al sistema hospitalario, que en lugar de ser respaldado para su mejoría, es cada día más golpeado por sectores y capitales interesados.

Ese artículo intenta defender la idea de que el gobierno dominicano haya invertido veinticinco millones de dólares en un proyecto hospitalario privado, cuando nuestras instituciones públicas de salud adolecen de la miseria más inmerecida y nuestros pobres sufren la carestía y el abandono en dichos recintos. Los defensores del proyecto hospitalario se valen de las descalificaciones al servicio público en aras de la defensa de una inversión privada.

Se pretende descartar al Estado, estableciendo sus deficiencias como planificador, administrador e inversionista en cuestiones de salud. Además se plantea la crítica a los trabajadores de la medicina, estableciendo que no han sido los colaboradores idóneos, que no cumplen con los requisitos para la ejecución de las reglas esenciales para el ejercicio médico y el funcionamiento de los centros de salud. Estas críticas frontales a nuestro sistema de salud, del cual no desconocemos su deficiencia, pero tampoco las razones de las mismas, son una muestra de la poca sensibilidad que existe entre algunos sectores de nuestro país.

¿Se trata acaso de sustituir una clase por otra, porque a la que le corresponde asumir una función no puede cumplir a cabalidad con la misma, muchas veces, o todas las veces, por causas ajenas, como son en este caso las precariedades del sistema? ¿Se trata de sustituir a políticos y médicos en la labor de trazar y acatar las líneas que regulan y definen el curso del programa de asistencia?, si acaso existe.

Quizá pueda pensarse que nuestro juicio es contradictorio; no lo es. Lo que buscamos es reivindicar al sector público en la función que le corresponde. No queremos de ninguna manera que continúen las practicas que el articulo en cuestión señala de dejadez, falta de vigilancia y mala administración; pero no es al sector privado que le corresponde asumir esa función, si hablamos de la salud. Los inversionistas, que traen muchos beneficios a nuestro régimen económico, no van a cubrir las necesidades de salud de la fuerza motora de la nación, porque simplemente no es su objetivo.

Creemos que la solución no es invertir en proyectos privados para sustituir los públicos. Se trata de crear instrumentos, invertir en salud, regular, auditar, recomponer, dinamizar y descentralizar el servicio médico. El sector privado, los empresarios carecen del objetivo esencial que debe tener quien maneja un sistema de salud. Necesitamos, más que una escuela privada de medicina, que todas las públicas funcionen.

Más allá de entregarnos a manos privadas, que tienen criterio de empresa, reforcemos el sistema de salud, hoy deficiente, pero salvable, para poder levantarnos del largo letargo que hemos vivido, debido a la complicidad entre sectores poderosos, nacionales y extranjeros con aquellos que el artículo que leímos cuestiona, en desmedro de ese sistema decadente. Necesitamos crear un sistema de salud pública fuerte, no seguir debilitándolo para benificiar a manos privadas, como ha ocurrido “desde el primer gobierno reformista hasta el último peledeísta”. ¿Quienes son culpables de la deficiencia de la salud pública? Abramos los ojos!

Pertenecemos a una generación que no vivió la guerra de abril, ni tampoco la paz impuesta que los sectores vencidos, auxiliados por los Estados Unidos, quisieron “reponer”. Somos víctimas de un tiempo en el que no tuvimos que luchar por la preciosa libertad que tenemos, que tanta sangre costó a nuestros padres y abuelos. Pero, no quiere esto decir que la generación que nos tocó este ajena a los hechos y su historia.

En las escuelas y colegios se realiza una vista panorámica de lo que pudo ser la guerra de abril de 1965. Se nos hace un paneo histórico sin lujos de detalles por lo que fueron los más importantes encuentros armados. Sin embargo, creo que hace falta algo en nuestros libros de historia: criticidad. Los libros narran hechos y no emiten juicios ni a favor de un bando ni de otro, como debe ser. Pero tampoco profundizan en lo que son las causas de la guerra civil. Descuidan la imagen de los más importantes líderes de esa época imborrable y no destacan la firme convicción que movió a los jóvenes de entonces a constituirse en una fuerza de autodeterminación política y democrática.

Creer en la causa de abril no es creer en el marxismo; es creer en la realidad de que hoy tenemos una incipiente democracia gracias a la gallardía de unos jóvenes decididos que demostraron que no se podía burlar tan fácilmente la soberanía del pueblo. Que aquellas luchas no fueron por la instauración de un régimen comunista como quieren desinformar algunos ciudadanos de opinión; se trataba de demostrar que el pueblo no estaba muerto. Hoy podemos vivir una cierta paz, porque se dijo presente y se levantaron los puños en desafío frontal a las fuerzas antidemocráticas que quisieron desconocer el resultado de las primeras elecciones libres.

Muchos de nuestros antecesores creen que los jóvenes son ajenos a este proceso, no es cierto. Sucede que ellos mismos nos han enseñado una historia amañada y escrita a la imagen y semejanza de los intereses del que ostenta el poder fáctico y público. Es decir, se nos describe la versión más solapada y menos profunda posible para mantener dormida la conciencia de una juventud que sí tiene ideas, que sí tiene norte, que tiene mucho futuro, pero que no ha sabido encontrar un espacio donde desarrollarse.

Abril de 1965 significa para los jóvenes un pasado que no debe repetirse, pero a la vez un reto y una invitación a la superación generacional y a la lucha continua, usando medios distintos, por eliminar de una vez y para siempre los problemas que conviven con la preciada y todavía naciente democracia dominicana que fue soliviantada fruto del golpe de Estado de 1963 y que nuestros antecesores supieron defender con honor.

Quiero una juventud despierta, dispuesta a defender los valores de su pueblo y a luchar contra las opresiones que sufre este, que son las mismas de hace cuarenta años, que han adoptado otros medios y formas. Hoy tenemos otros instrumentos, contamos con mejores y más eficientes herramientas. Tenemos el diálogo, las ideas, la coherencia, la sensibilidad social; espero sepamos aprovecharlas. El hecho de que las viejas respuestas hayan fallado no quiere decir que las preguntas hayan dejado de ser las mismas. Hoy tenemos el reto de hacernos valer por medios civilizados. Este abril no es muy distinto de aquel abril. Honremos la memoria y hagamos nuestro abril, sin armas, sin sangre.

El desmantelamiento del Estado, su marcha hacia la reducción sistemática iniciada a finales de los 80’s por los carismáticos y por qué no, visionarios, Margaret Tatcher y Ronald Reagan, trajo consigo un apresurado crecimiento de las economías nacionales, pero a su vez acompañado de la despreocupación por los derechos laborales y económicos, así como el entorno natural, social y cultural.

La absoluta libertad para el flujo de capitales ha generado una situación de desigualdad. La riqueza se concentra en la minoría poderosa que dirige y dispone las reglas del juego. Este proceso ha llevado a aumentar el número de pobres en tan solo tres décadas, reduciendo a unos pocos los que ostentan la mayor riqueza.

Ante las respuestas de ciudadanos comunes y ante las cuestionantes de muchos expertos que observan lo absurdo de llevar adelante una economía excluyente en pos del crecimiento, como dogma económico, muchos responden con el cliché repetitivo de que “el desarrollo no se detiene”.

Sin dudas no queremos que se detenga el desarrollo económico de nuestro país, ni de ningún otro. Pero, ¿cuándo comienza ese desarrollo?, ¿qué es ese desarrollo del que hablan diversos actores políticos? Si buscamos un concepto de desarrollo, nos vendría a la mente la idea de un proceso en el cual evoluciona la economía de un país y llega a un nivel de crecimiento que tiene como consecuencia la elevación del nivel de vida general.

Si bien analizamos los procesos que inician con el neoliberalismo de Tatcher y Reagan y verificamos los resultados de los experimentos de este fenómeno en los distintos países latinoamericanos, podríamos fácilmente distinguir la ausencia de esa elevación del nivel de vida general.

Fruto de esto, las economías que transitaban por el camino del crecimiento intenso, bajo líneas políticas neoliberales han venido cayendo una por una y se ha generado una ola de sensibilización de los procesos económicos en toda América. Esos cuestionamientos no responden a otro interés que el de hacer valer el capital humano, que es, sin duda el mayor activo de cualquier economía y que los teóricos de la escuela neoliberal han querido desestimar.

Se requiere un Estado funcional que actue como regulador de los mercados y que posibilite una distribución de las riquezas más incluyente y democrática. Se necesita retomar los preceptos del desarrollo y añadir al crecimiento una dosis de sentido social. No estamos hablando de un Estado benefactor, hablamos de un Estado diligente, que cumpla su cometido de servir al ciudadano. Es decir, combinar el libre mercado con medidas incluyentes y redistributivas. El desarrollo contempla a los sectores pobres. La economía debe tomar en cuenta los factores social, cultural y ecológico. Hablemos de desarrollo. Acaba la hora de ese neoliberalismo al que el Santo Padre califica con valiente tino como capitalismo salvaje. Se acerca la hora social demócrata.

"Deseo que este mensaje y las sugerencias y ruegos que en él se contienen ayuden a que cada organismo y delegación gubernamentales presten mayor atención a las necesidades de nuestros consumidores". Así comenzó, en 1962, su alocución frente al Congreso de los Estados Unidos, el entonces Presidente John F. Kennedy. Hoy, a cuarenta y tres años de aquellas palabras quisiéramos expresar un interés que sin duda nos toca a todos nosotros, porque al fin y al cabo todos somos consumidores.

La sociedad en que vivimos ha pasado de manera visible de ser una sociedad de productores a ser una sociedad de consumo; de estar orientada por las grandes empresas productoras ha pasado a ser dirigida por la regla del consumo. Esto hace que cada ciudadano, incluso sin quererlo, sea un agente de consumo. No obstante, la sociedad ha avanzado por la ruta del consumo sin conocer de su curso y los derechos del consumidor, que los tiene, son pisoteados o peor aún, desconocidos.

El consumo es el motor de la actividad económica y del empleo, debe ser un eje fundamental en el análisis y en la ejecución de las políticas económicas. De igual manera, desde el punto de vista social, el consumo es una de las características principales de nuestra sociedad y una de las actividades humanas que genera mayores efectos desde los ámbitos más diversos. Pero, ¿quién defiende al consumidor? No existe un organismo (o varios), que con fortaleza e independencia sea capaz de influir en todas las decisiones que nos afectan como consumidores. No contamos con un aparato regulador que defienda los derechos y asuma la vigilancia del mercado.

Consideramos la política de consumo, esa que parece brillar por su ausencia en nuestro país, una política íntimamente ligada al resto de las planificaciones y ejecuciones de los poderes públicos. Creemos que esa mencionada política de consumo es la que debe velar por la calidad de vida de los ciudadanos desde organizaciones y entidades tanto públicas como no gubernamentales. Una nueva visión del consumo debe mejorar la eficacia de los mecanismos de defensa de nosotros, los consumidores, influir para que los ciudadanos tomen conciencia de las consecuencias de sus decisiones de consumo.

El consumidor debe contar con que se le proteja contra la comercialización de mercancías que puedan ser peligrosas para la salud. Que se le ofrezcan mercancías cuyo precio sea proporcional a su valor real. Protección contra la falsa información u otras prácticas que sean fraudulentas o engañosas y que se le den los datos necesarios para elegir a la hora de consumir.

Los derechos del consumidor deben recibir una consideración absoluta a la hora de formular las políticas de Estado. Para promover una realización completa de los derechos del consumidor, deberá existir un repliegue de la “sociedad civil” a favor de la promoción de organismos no gubernamentales que velen y fiscalicen la actividad de consumo, por supuesto, reforzado por la regulación estatal.

Debemos establecer los cánones, legislar al respecto, concienciar al ciudadano. El Estado está en el deber de proteger el interés común en cada decisión que tome y nosotros en la obligación de reclamar nuestros derechos y de hacernos escuchar. Aboguemos por nuestros derechos. Pasemos de ser una sociedad de consumo a ser una sociedad del consumidor.

Todo el que nos conoce o nos ha leído, sabe que en el inicio de esta incipiente carrera proponemos un relanzamiento de la actividad política desde una dimensión ética. Esta es una búsqueda que encuentra en muchos de los lectores una idea de imposibilidad o incredulidad, pero que en sí es el motor de nuestro interés por los asuntos sociales y políticos. Cuando cuestionamos, cuando proponemos, cuando hablamos de hacer las cosas de otra manera, no lo hacemos con ánimo de hacer daño a nadie, ni mucho menos de levantar un discurso camaleónico, como lo han hecho muchos actores políticos a la hora de emerger.

Hablamos de una dimensión ética, de un ejercicio político orientado a la ciudadanía, de una acepción más abierta y transparente, de un accionar moderno, modernizador y con proyecto. Pero, ¿Cómo encontrar ese liderazgo? No surgirá un mesías que trascienda su tiempo y ejerza su influencia para la creación de dicha clase. No esperamos un caudillo que se comprometa con hacer una nueva clase política. Los liderazgos no surgen de otros, de hacerlo así se tornarían muy frágiles y no podrían llenar las expectativas que todos esperamos. La clave de un liderazgo distinto es la formación y la propuesta que planteamos se basa en esa máxima.

Cuando nuestras organizaciones políticas se aboquen a un pacto con las organizaciones de la llamada sociedad civil y los organismos internacionales para llevar a cabo un ejercicio de formación de su militancia, cuando nos preocupemos por que nuestros militantes y dirigentes conozcan los conceptos básicos de las ideas políticas, la formación cívica, el liderazgo gerencial, podremos decir que se ha iniciado el proceso que exigimos. Un partido político moderno debe estar cerca de la ciudadanía y a la vez acercar a esa ciudadanía al ejercicio pleno de sus derechos en conjugación con sus deberes.

Las escuelas de formación técnica, los programas de becas, las escuelas de idiomas, las bibliotecas, deben ser parte de un partido político que busque representar una sociedad con efectividad. Porque en la medida en que se hagan esos aportes a la militancia de un partido, se elimina la frecuente “necesidad” del recurso al clientelismo y del ejercicio político como medio de supervivencia, que está presente en todos los partidos del sistema político dominicano.

Una clase política independiente y autosuficiente, es decir, medianamente formada, asegura, en el ruedo, un ejercicio incluyente y decente.

Lo que proponemos no es el compromiso de un partido en particular; para que haya un adecentamiento de la profesión política, se requiere que todos los sectores que conviven en el abanico de opciones tengan un nivel aceptable de formación. Que cada partido cuente con un espacio de crecimiento, un laboratorio de formación de los ‘think tanks’ o tanques de pensamiento como reserva intelectual.

Esperamos que nuestro pedido sea acogido por los diferentes partidos políticos y que el empresariado asuma su papel de contribuyente al desarrollo social aportando a esta iniciativa. El rol del ciudadano en una democracia debe ser el de catalizador de las acciones de la clase dirigente.

Asumamos ese reto, la educación es un compromiso de todos los ciudadanos. Aunemos esfuerzos en un pacto colectivo para regenerar la clase política entre todos. Pongamos atención al filósofo español José Ortega y Gasset cuando dice: "Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande." Manos a la obra.

En nuestro diario recorrido por la prensa nacional hemos encontrado la existencia de un interés loable. Una búsqueda que pone en un alto sitial las intenciones del gobierno central y de las organizaciones que componen la mal llamada “sociedad civil”. Estamos hablando de la conformación de una alianza entre distintos grupos de presión y el gobierno, a través de la Vicepresidencia, la Primera Dama y la Secretaría de Educación y otras entidades.

Si analizamos a profundidad las causas reales de los problemas nacionales, en muchos de estos, necesariamente tendremos que converger en la problemática educativa como elemento de atraso y subdesarrollo. Por esto, consideramos un gran paso la disposición de las autoridades a llevar en conjunto con grupos y organizaciones no gubernamentales este proceso, el cual esperamos que sea fructífero.

Ahora bien, al ver nuestros ojos que se trata de una jornada exclusiva del Poder Ejecutivo y la sociedad no partidista organizada, nos desalienta la idea de que sea un proceso monopolizado por dichos sectores y que no pueda de esta manera llenar las expectativas que debería.

Todo ciudadano conciente debe preocuparse por el futuro de su país. Y es a todos nosotros, sin importar la filiación o cercanía con el gobierno, sin importar su posición económica o su procedencia social, todo alfabetizado tiene un compromiso con la transmisión de sus conocimientos. Creemos que es hora de invertir en recursos humanos para la recuperación y avance de nuestro Estado de derecho.

Quizás se escuche quimérico, pero nuestras autoridades deberán sentarse a la mesa con representaciones de todos los sectores para negociar el futuro del país. De ser necesario, podríamos llegar a intercambiar exenciones fiscales por horas de labor social en procura de la mejoría de una gran franja social huérfana y analfabeta.

Cuando un gobierno propone junto a organizaciones no gubernamentales un proyecto de la envergadura del que hablamos, podemos decir que hay voluntad política para solucionar los problemas nacionales. Ahora bien, no es desde posturas sectarias, limitaciones y puertas cerradas que podremos alcanzar un nivel aceptable de alfabetización.

Motivamos al gobierno y lo felicitamos por esta postura, pero a la vez exigimos que el "Encuentro Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones Gubernamentales, por una integración a favor de la alfabetización de jóvenes y adultos" sea un encuentro de todos, al margen de toda bandería y que se abran las puertas para que todo ciudadano al margen de toda filiación o bandera política. Cualquier ciudadano independiente que desee asumir el compromiso que confiere a todo dominicano de aportar al progreso de su país debe encontrar un espacio.

La alfabetización es un compromiso de todos, no limitemos nuestros valores. Sí a la Jornada Nacional de Alfabetización, pero de todos!

En los últimos años se ha ceñido sobre el cielo latinoamericano un temor que no es ajeno a nuestras inquietudes. Se trata de una realidad que ha sido reflejada por encuestas y analistas que postulan números que advierten sobre la posibilidad de perder nuestro valor político más preciado. Es lamentable que tras años de luchas y cientos de vidas entregadas, hoy digamos que nuestra democracia continental corre peligro.
Así lo reflejan los estudios recientemente presentados por el PNUD en su informe La democracia en América Latina, donde se publica un aviso claro a los sectores políticos sobre la necesidad de abrir los ojos frente a una creciente amenaza.
Los datos presentados en el informe del PNUD son todavía una advertencia, que de no escucharse podría echar al traste nuestras conquistas democráticas. Así como lo son también las opiniones de cientos de personas que nos presenta la columnista Rosario Espinal en una muestra fehaciente de que en América Latina el sistema político está siendo seriamente cuestionado y lamentamos decir que estos cuestionamientos no son infundados.
Veamos, en la encuesta del latinobarómetro, las respuestas a la pregunta ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos intereses poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? El porcentaje de respuestas que afirmaban que su país está gobernado para el beneficio de unos cuantos intereses poderosos es el que presentamos a continuación:
República Dominicana 85%, Uruguay 78%, Honduras 66%, Brasil 65%, Ecuador 77%, Bolivia 76%, México 75%, Guatemala 64%, El Salvador 63%, Nicaragua 74%, Argentina 71%, Chile 70%, Perú 85%, Paraguay 78%, Costa Rica 68%, Panamá 67%, Colombia 59%, y Venezuela 51%.
Estas cifras llenan de crispación a cualquier ciudadano consciente y nos invitan a la reflexión. En conjunto con las cifras presentadas por el PNUD que indican que la totalidad de los países latinoamericanos tenían gobiernos elegidos democráticamente a excepción de Haití, estas encuestas nos hacen pensar en la necesidad de una salida. Por eso nos preguntamos: ¿Existe realmente en nuestros países la democracia?, ¿Se limita la democracia a la elección de los dirigentes o debe ser algo más amplio?
Muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestro futuro, quizá estas cifras y encuestas sean eso, un llamado a la reflexión y al estudio. Hemos visto en el ejemplo de nuestro país, la República Dominicana, que tras cuarenta años de dictadura sangrienta y oprobiosa, muchos claman por el regreso a aquella época de oscurantismo. Estos comentarios antidemocráticos se hacen hoy día y tienen una razón de ser. Se trata de problemas en la democracia y no con ésta. Se da el fenómeno de que a pesar de que elegimos a nuestros gobernantes, las limitaciones de lo que llamamos democracia, en nuestros países sólo se quedan en el ámbito electoral, y sucede que la democracia debe ir más allá.
El Estado democrático debe asegurar un mínimo de democracia civil, incrementar la participación de los ciudadanos. La política, aquella que definía Duarte como la más pura de las ciencias después de la filosofía, se ha visto alejada de los ciudadanos quedando éstos como simples electores. Los índices de pobreza indican la clara exclusión de las propuestas genuinamente democráticas que se enfocan en el mejoramiento social.
En fin, una gama de debilidades que nos llevan por derroteros que podrían ser mejores y que de no serlo acabarían incluso con el derecho a elegir y ser elegido, que es uno de los tantos derechos que nos debe ofrecer una verdadera democracia.
Las generaciones que heredaremos este continente y no las que hoy nos dirigen, somos los que debemos tomar conciencia del reto y de la necesidad que significa ampliar el espacio de la democracia, pues si bien la responsabilidad no es nuestra, a nosotros nos afectarán las consecuencias
Debemos velar por una ciudadanía participativa, por una democracia de ciudadanos. Hacer de la democracia un espacio de autodeterminación y de auto perfeccionamiento. Lograr la democratización de la economía y con esto lograr que cada ciudadano tenga acceso a los beneficios del Estado y de la convivencia social.
Ante la voz de una Latinoamérica cansada de engaños, desconfiada y confundida, seamos capaces de decir, como generación emergente, que nos atrevemos a asumir el reto, que aún vale la pena luchar y que los sacrificios anteriores no serán en vano. Aboguemos por relanzar la actividad política desde una óptica distinta.

«El acto que cometí y por el que me encerraron aquí no sólo fue atroz, sino que no tuvo sentido. Pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Lamento que John Luttig muriera. Y lamento que todo lo que sucedió estuviera motivado por algo que había en mí. Hoy decimos al mundo que, para la justicia, no hay segunda oportunidad. Hoy decimos a nuestros hijos que, en algunos casos, en algunas circunstancias, matar está bien [...] Hoy nadie gana. Nadie cierra sus heridas. Nadie se marcha victorioso.»- Últimas palabras de Napoleón Beazley, ejecutado en mayo de 2002 en Estados Unidos.-

En la prensa escrita se plasman ideas de distintos tipos. Personas honorables vierten sus plumas para ilustrarnos y prevenirnos de muchos tópicos. En un artículo de opinión publicado en días pasados se propuso la necesidad de buscar salidas a los problemas sociales en materia criminal que presenta nuestra nación en los últimos tiempos. Problemas que son reales, están presentes y azotan a la sociedad día a día y se incrementan con una rapidez que produce crispación. Es cierto, como señala el autor del artículo a que nos referimos, que el crimen azota nuestras calles y que produce un clima de inseguridad jurídica que afecta el turismo y las inversiones que tanto necesita nuestra economía. Sin embargo, diferimos de su postura al ponderar la pena de muerte y la utilización de la fuerza pública para con mano dura “impartir justicia”.

El Estado dominicano se rige por una Constitución. A pesar de ser muchas veces instrumento de travesuras de personas con poder, esta Constitución contiene en sus artículos reflejos de nuestra idiosincrasia. El Artículo 8, que reconoce los derechos subjetivos de todos los ciudadanos dominicanos, no es una excepción. El derecho a la vida es inalienable desde que se reconocen las principales conquistas del Siglo de las Luces mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya esencia y contenido están vigentes y constituyen los pilares de la dignidad del ser humano.

El escrito que anteriormente mencionamos propone la utilización de medios que rebajan la dignidad del que delinque, que por más atroz que fuese su hecho, tiene derechos. En el siglo XXI, donde todos los debates se dirigen a la búsqueda de un mejor desenvolvimiento de las instituciones a favor de los derechos de las personas. Cuando los problemas de los Estados van en vía de buscar salidas al atraso, no parece oportuno ponderar la pena de muerte. Ejemplos como la religión islámica fundamentalista, y la Ley del Talión que versa “ojo por ojo y diente por diente” no caben en la racionalidad de una sociedad que avanza hacia la civilización y que, con algunas trabas, cada día construye el progreso.

Reconocemos las inquietudes planteadas en las opiniones que leímos sobre la ola de crímenes y delincuencia que nos sume en la inseguridad ciudadana. Encontramos muy válidas las alertas del autor del artículo. Sin embargo, no compartimos las soluciones que se plantean y en cambio, pensamos que existen otras para la crisis de valores que parece reflejarse en el diario vivir del pueblo dominicano en el crecimiento de las actitudes insolentes y delictivas.

Más que en las medidas coercitivas y en la “mano dura”, creemos que las soluciones a los problemas del crimen que azota nuestras calles reside en una revisión y estudio de los factores que motivan y permiten este fenómeno que tanto daño hace a nuestra sociedad. Encontrar los puntos que en el seno de dicha sociedad hacen posibles esas inconductas y luego, tomar medidas preventivas, sin apresurarnos a proponer mecanismos de los cuales el Derecho se está desprendiendo en la mayoría de los países.

Decimos esto a sabiendas de que en los países en que se practica la Pena de Muerte o donde los organismos policiales asumen una postura radical, el crimen no se ha reducido. La pena de muerte está vigente en noventa países donde la delincuencia no ha cesado. No podemos otorgar al Estado una actitud inquisitoria y violenta, pues su objetivo escapa a esos menesteres. El Estado debe proteger a los ciudadanos, no eliminarlos. La prevención, la educación, el bienestar y la justicia social son las mejores armas contra el crimen y la delincuencia.