¨No está en la sábana¨
En días pasados ciertos sectores, de tradicional visión ‘retro’, han abogado por una reforma del Código Procesal Penal dominicano, por considerar que es el causante del auge de violencia y criminalidad que al parecer se ha apoderado de las calles de nuestro país.
Quisiéramos aprovechar este espacio para verter algunas ideas sobre la realidad de la inseguridad ciudadana y la criminalidad que avanza día tras día y que algunos sectores quieren, tapando el sol con un dedo, achacar al Código.
En los últimos meses se han presentado en los medios de comunicación una serie de actos violentos, crímenes injustificables de los que han sido víctimas ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hemos visto robos con violencia, estrangulaciones en atracos, violaciones, asesinatos y distintos hechos deplorables que han despertado inquietud en distintos sectores de la sociedad.
Así, pudimos observar como las principales personalidades de nuestra estructura de poder, político y fáctico, han pedido una reforma al Código de Procedimiento Penal por considerarlo el causante de detonar la ola de criminalidad anteriormente citada.
Queremos destacar nuestro desacuerdo con las consideraciones de los sectores, que establecen que la pieza jurídica que nos rige ha sido la llave para abrir puertas al crimen. Las causas reales de la criminalidad están siendo mal evaluadas. Estamos buscando, quizás sin darnos cuenta, el origen de la fiebre en las sábanas del enfermo. En esa vía el mismo se convertirá en cadáver.
La desigualdad, sin duda, es la principal causa social de la delincuencia. La falta de un sistema educativo eficaz, que abra las puertas de la superación a la juventud, cerrando así la posibilidad para entrar a una vida más fácil, no deja de ser uno de los elementos principales. Ahora bien, el peso de una sociedad que está acostumbrada a dejar impune los hechos que la estremecen, con la complicidad de quienes hoy piden reformar el Código, es sin duda una causa de fuerza en la situación actual.
Reformar el Código Procesal Penal por considerarlo permisivo es un retroceso que no nos podemos permitir. Muchas de las autoridades eclesiales y políticas han establecido que se hace necesario adecuarlo a nuestra realidad y a nuestras estructuras. Pero, estamos obviando que las estructuras de nuestra realidad actual son inoperantes y obsoletas, por eso, la reforma debe ser estructural, más que jurídica. Necesitamos una policía acorde con la tecnicidad que requiere el combate al crimen organizado, requerimos órganos de investigación y persecución avanzados. Creemos necesaria una reforma hacia el futuro, no un cambio en reversa que podría dar al traste con una peor suerte para dominicanos y dominicanas.
¿Reformar una pieza para volver a los privilegios? Me opongo.
La brecha social
En días pasados, el candidato a senador por el Distrito Nacional, del Partido Revolucionario Social Demócrata, Eduardo Jorge, planteó, en un artículo de opinión, la necesidad de atender a la brecha institucional que existe en nuestros países latinoamericanos.
Este fenómeno ha sido, durante años, el dolor de cabeza de gobernantes y gobernados. Ante esta realidad que presenta dicho abogado e intelectual, quisiéramos lanzar al lector algunas ideas que consideramos importantes para el buen desarrollo de la ciudadanía.
Entender la brecha institucional es trabajo de políticos. Construir los mecanismos institucionales para superar un estado de cosas injusto y excluyente es un trabajo de la clase que emite las pautas institucionales en el Congreso y el Ejecutivo.
Ahora bien, producto de esa brecha institucional que ha sentado bases en el sistema político dominicano aparece la peor de las amenazas a la democracia dominicana, la cual nos debe interesar a todos.
Para muchos no es algo nuevo la existencia de una población condenada a la miseria y a las carencias en nuestro país. Decimos que esto es producto de la gran brecha institucional porque, aún llevando a cabo las reformas económicas necesarias para un mejor desempeño, las instituciones, en nuestro país y gran parte del resto de América Latina, no han sido adecuadas para llevar esos cambios en el manejo económico hacia una materialización incluyente e integral.
La ciudadanía convive en dos mundos paralelos. Por un lado, la bonanza y el brillo de quien vive en opulenta riqueza. Por el otro, se vierte la sombra de una sociedad abandonada en la miseria y la desesperanza, donde la gente lucha día a día por sobrevivir su realidad.
El crecimiento económico es un hecho, perceptible por demás, que concibe en sus planes una economía autogobernada, que si bien es saludable para el libre mercado, no parece ser suficiente en su desempeño cualitativo. Es decir, no tiene sentido el crecimiento sin inversión social en la gente.
Pero, ¿a qué se debe esto?. ¿Por qué, siendo gobernados por maquinarias de tendencia liberal en los últimos diez años, no hemos logrado profundizar las reformas en nuestras instituciones para cerrar la brecha social?
Y es que los cambios económicos y sociales se hicieron esperar, porque nuestros políticos liberales prefirieron, en nombre de ‘lo electoral’, abrazar y santiguar el viejo orden balaguerista y aplicar los libros y recetas de los sectores más atrasados. Si los políticos e intelectuales de tendencia liberal hubieran jugado su papel histórico y transformado instituciones responsablemente, como lo predicaron en las tribunas, en vez de aferrarse a las prácticas del pasado de reformas parche y la búsqueda del poder por el poder, otro sería nuestro destino.
Si las generaciones que sustituirán las actuales no construyen un proyecto de país, que comprenda instituciones fuertes capaces de soportar amplias reformas que dinamicen la economía a la vez que la dirijan hacia un rumbo estratégico incluyente y solidario, el futuro de la nación dominicana estará en juego.
Prefiero pensar en positivo.
¿Tortícolis política?
Señor Homero Figueroa:
Tras saludarle con el respeto y distinción que merece, me dirijo a mis razones para escribirle este correo. En las páginas del Diario Libre del Martes 17 de enero del presente año, usted establece comentarios sobre el supuesto surgimiento de un proceso de "tortícolis política" en América Latina. Esgrime que en los países en los que han triunfado alternativas de izquierda, moderadas en su mayoría, gana la simpatía y no el buen juicio.
No queremos de ninguna manera menospreciar su criterio, pero consideramos, desde la humilde acepción de un joven dirigente político de tendencia socialdemócrata, que dicha ¨tortícolis¨ se debe a que los países de América Latina van despertando de una larga pesadilla de más de 15 años en donde se les impuso un crecimiento económico desenfrenado que sólo ha surtido beneficios en estratos muy minoritarios de la sociedad. Hablamos, y usted lo sabe, de las fórmulas neoliberales que habían surgido en Iberoamérica como resultado de la ola del neoconservadurismo en Europa y Estados Unidos.
Dicho proceso, impone un crecimiento sin redistribución del ingreso que ha acrecentado un abismo entre los que más tienen, que son muy pocos y las inmensas mayorías que nada tienen. Si observamos esa realidad, vemos que ha sobrado juicio al elegir, por lo menos una gran parte de los nuevos liderazgos de América Latina, y dicha ¨tortícolis¨ responde a la necesidad de una salida.
Tomando en cuenta que no estamos de acuerdo con el estilo pintoresco, neopopulista del gobernante venezolano y el recientemente electo boliviano, sí creemos que su presencia en el mapa político está más que justificada por una ola de prácticas que durante años han observado como primer objetivo la exclusión social y ciudadana y la primacía del mercado sobre su capital humano.
Observemos, solapadamente, las realidades separadas de Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y Chile donde se observan más marcados los vestigios de la "tortícolis" a que usted se refiere.
En Brasil, y usted lo sabe, teníamos una realidad absurda de hambre, siendo este uno de los países más poderosos en el sur del continente. En Venezuela, el negocio del petróleo se concentraba en clanes familiares con la complicidad del gobierno y la mayor producción de dicho país no daba los frutos necesarios para obtener una cierta equidad, que debe ser objetivo de todo gobierno, tanto de izquierda como de derecha, si quiere seguridad jurídica y ciudadana.
En el caso de Argentina, todos conocemos el colapso que hubo en dicho país que ocasionó la salida del poder del ex-presidente De la Rúa y el desplome del sistema bancario. En Bolivia, la mayoría indígena permanecía marginada y casi sin derechos ante la realidad de un país que encontraba nuevas fuentes de riquezas.
En Uruguay, Tabaré Vásquez surge de una realidad de gobiernos conservadores que habían gobernado obviando la existencia de las mayorías. El caso de Chile, no responde al plumaje de la líder que acaba de ganar las elecciones, responde pues a un gobierno de centro-izquierda que llevó a Chile al desarrollo social, luego de un crecimiento económico que se materializó a base de plomo, fuego, sangre y odio durante los años que siguieron la vergonzosa "caravana de la muerte".
Cito estos ejemplos, que son los que han amanecido ya con su cuello torcido, como un simple anuncio de lo que será el futuro de una América Latina más abierta y plural, genuinamente democrática y socialmente inclusiva.
Crecer... ¿pa´ qué?
En los últimos cincuenta años nuestro país ha sido el de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Hemos visto como nuestras estructuras, a pesar de las dificultades que presentamos como sociedad y como economía han permitido que crezcamos.
En el año 2006, se contempla que la economía aumentará un 9%, una cifra bastante halagüeña considerando a los demás países con que competimos en el mercado regional.
Ahora bien, si echamos una mirada a nuestro desarrollo, a nuestros avances en materia de recomposición social y redistribución del ingreso, presentamos serias deficiencias e incapacidades.
Como establece el Informe de Desarrollo Humano del año 2005, “el país ha mostrado un insuficiente avance en términos de desarrollo humano, menos de lo que avanzó el mundo y por debajo del promedio de los países de la región.”
Esta realidad responde, según el mismo informe a la falta de disposición del liderazgo nacional para establecer marcos en vías de la institucionalización de medidas tendentes a aumentar el desarrollo de las comunidades y acrecentar el nivel de vida de los ciudadanos.
El liderazgo político, empresarial, social e incluso el comunitario, no se ha mirado en el espejo de algunos experimentos políticos que han tomado vigencia en diferentes naciones de nuestra América Latina y ha querido obviar la importante y lamentable brecha existente entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco.
Entonces, observando el diagnostico a la luz del Informe del PNUD, que se encuentra al alcance de todos, sobre todo de la dirigencia de nuestros partidos gobernantes, podemos considerar que nos hemos enfrascado en un crecimiento ilógico e inútil.
No vemos, pues, la determinación necesaria en la recientemente abordada Reforma Fiscal de establecer destino para los ingresos generados, de ahí, la siempre presente renuencia de los sectores a pagar las cargas impositivas.
Es decir, se le hace difícil al contribuyente pagar un dinero que no tendrá un destino cierto, el cual, como ha ocurrido en muchas ocasiones, podría pasar a llenar arcas sombrías de funcionarios y politiqueros.
De ahí, la verdadera necesidad de establecer limites y regulaciones en el sistema tributario y de la presencia de una agenda social que encuentre fuentes en los impuestos. Una de las salidas posibles a esta realidad es la tributación directa, es decir, la acción directa del contribuyente en proyectos específicos. Creemos que para un empresario, resulta más interesante destinar sus recursos a proyectos específicos para el desarrollo del país. Esto, evitaría el desvío de fondos y disminuiría la evasión fiscal, asumiendo así, la cobertura de la necesidad de un crecimiento que desemboque en mejorías integrales.
El escaso desarrollo generado a pesar del crecimiento acelerado es producto de la falta de una transformación que acondicione nuestras instituciones políticas para que las reformas económicas, las mismas que hoy se diluyen en simple palabrería, tengan sentido. Nuestra estructura estatal no está preparada, porque no fue diseñada con el objetivo de crear condiciones sociales que cubran las necesidades de salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación y mecanismos para la participación ciudadana. Debemos concebir un Estado moderno, abandonar las cualidades arcaicas del organismo jurídico-político que nos rige actualmente.
Es necesario, es urgente, distribuir el ingreso generado, y distribuirlo requiere de una política de Estado, y hacer entender a las autoridades que el crecimiento sin dirección no es objetivo de Estado responsable alguno. De nada sirven las cifras económicas acrecentadas si la gente, el componente principal de toda sociedad, no percibe los frutos de ese crecimiento.
Más no es igual a mejor
En nuestro país crece el descrédito hacia las instituciones políticas, la ciudadanía, cada vez más informada y más atenta a los procesos que le incumben, suele desentenderse de los factores que le atan al desarrollo institucional y obvian, con razón o sin ella, el papel que debe tener una organización política partidaria.
No podemos poner en duda que existe una fatiga creciente respecto a las formas tradicionales de representación y que la gente ya no confía en los dirigentes políticos porque prefieren expresar sus intereses de manera directa.
Sin embargo, esa facilidad de acceso que viene como resultado de la revolución de las comunicaciones ha sido sobredimensionada ante la necesidad de tener una clase dirigente que canalice las inquietudes de esa ciudadanía.
Es cierto que el ciudadano de hoy puede prescindir de los partidos para influir en la vida pública. Mas, en los procesos sociales y políticos no basta la influencia. Se requiere una suerte de recurso administrativo o vía de derecho para la consecución de determinados puntos en el camino de lo público.
Ahí entran los partidos políticos, que deben convertirse en mecanismos de ejecución de las inquietudes que los ciudadanos canalizan por otras vías, como son las juntas de vecinos, los grupos de presión, los gremios, entre otras formas de organización social.
Los debates televisados, tan vacíos y huecos, las turbias finanzas de muchos de los partidos y la patente influencia de los grupos en el seno de los mismos, llevan a la gente al hartazgo con la pretensión de no pocos políticos de creerse dueños de su curul y hacer y deshacer en nombre de sus propios intereses y despropósitos.
La gente está cansada de lo mismo y exige un cambio. Esa variación no debe ser una redundancia y mucho menos una caricatura populista. Los partidos políticos deben abocarse a una renovación profunda y dar apertura a nuevas fuerzas que ocupen los lugares que estos han abandonado en el terreno político.
Hablamos de una refundación del sistema de partidos, lo cual será posible en la medida que dejemos a un lado los mezquinos intereses que nada suman al proceso de desarrollo dominicano.
Estamos acostumbrados a escuchar de los partidos tradicionales, que han querido monopolizar el sistema político dominicano, el argumento débilmente sustentado de que dichos partidos son los mayoritarios y por eso deben tener el control de la cosa pública. Hoy, creemos que la ciudadanía ha alcanzado la madurez necesaria para entender que “más no es mejor”, que la fuerza de una estructura política reside en sus propuestas y no en su militancia, aunque la militancia proporcione la energía para ejecutar la fuerza.
Hacemos un llamado a la clase política para cualificar el ejercicio de la actividad pública. Mejorar no conlleva extender las militancias y parecer simpáticos. Profundicemos en el análisis de nuestras realidades partidarias y construyamos verdaderas alternativas de administración de las necesidades de nuestra gente. Movilicémonos!
Cambiarla o perderla
República Dominicana, que atraviesa por la necesidad de definir su camino de transición a una democracia real, se ha enfrentado a los obstáculos y resistencias, que manifiestan al respecto tanto el sistema de partidos como quienes ejercen el poder en el país.
Lo importante en el tema es dejar claro y resolver los aspectos siguientes: cuánto va a durar esa resistencia; cuál va a ser el costo social; si existe alguna alternativa a mediano o largo plazo para evitar en lo futuro la repetición del actual clima socio-político; y qué y cómo aprovechar la creciente y dinámica participación de la sociedad civil.
Así la reflexión, el ejercicio y consolidación de la convivencia democrática en la República Dominicana contemporánea es cuestión de tiempo o aprendizaje; y si somos capaces de educar a los jóvenes de este siglo con los valores de la democracia, nuestro país podrá decir que contará con instituciones capaces de cumplir su rol y hacerlo con corrección.
En este marco es importante señalar que el sistema de partidos ha tenido que sortear muchas dificultades en su meta por ofrecer una cultura democrática a los ciudadanos, simpatizantes y militantes. Así como ésta, otras instituciones políticas y sociales del país enfrentan el gran reto: Educar para la ciudadanía.
Quizás el problema reside en los adultos que dirigen actualmente nuestro país. Los funcionarios y dirigentes nacionales presentan viejos vicios cuando abordan las interrogantes políticas y sociales.
Tantos años de práctica en los mismos comportamientos y formas de ejecución dan la apariencia, falsa, por cierto, de estar tan arraigadas en nuestro sistema político que ya son parte inherente del mismo. No hablamos de vicios que pudieran negarse en un proceso electoral con el arribo de otras autoridades. Hablamos de un consenso político-ciudadano que rediseñe las estructuras.
Para construir un Estado dominicano efectivo y próspero se requiere una estructura fuerte basada en mecanismos gerenciales, pero sobre todo en la inclusión como valor fundamental del consenso necesario para la democracia. Así, el camino hacia una convivencia cada vez más justa, requiere que los individuos que desarrollan y que construyen la sociedad, sean capaces de actuar y tomar decisiones con base en la tolerancia, diálogo, honestidad, fraternidad y congruencia, por mencionar sólo algunos de los valores democráticos.
La “realidad límite” que en la actualidad viven millones de dominicanos neutralizados y mediatizados por la pobreza y la más profunda desigualdad social, nos plantea la necesidad de realizar las correcciones pertinentes, es decir, una educación que inserte a los niños, futuros ciudadanos, en la dinámica democrática y los prepare para una convivencia más justa.
Es tan importante la educación para aplacar la natural resistencia que presentan nuestras estructuras que de ella se nutrirá todo el futuro, tanto económico y social, como político de nuestro país. Es decir, se nos presentan dos opciones: o cambiamos en equilibrio y libertad, modificando las estructuras desiguales e insertando ciudadanos en nuestra sociedad de habitantes, o cambiamos en la negación de las consecuciones que hemos logrado hasta hoy, por la torpeza de no ceder ante la inminente necesidad de una reingeniería social, que podría sin dudas ser aprovechada por algún oportunista vestido de redentor. La clase dirigente debe abrir los ojos ante esa realidad que nos pone a escoger, entre cambiar la democracia o perderla.
De alianzas light y alternativas viables
La política light se impone en esta nueva etapa del proceso público. Política sin ‘política’, partidos sin ‘política’, organizaciones sin ideología, dirigencia sin liderazgos, carismas sin programas, voto negociable y endosable, son las más visibles cualidades de los tres partidos que históricamente se han repartido el pastel electoral.
El pragmatismo impráctico se ha convertido y combinado con fines electoreros para formalizar una alianza entre dos sectores que anteriormente se distinguían y diferenciaban bastante, divididos por una línea ideológica pronunciada, pero que hoy parecen haber decidido homogeneizarse en prácticas vacías de todo concepto y contenido.
La circunstancia, el oportunismo, tan inoportuno en los momentos de crisis socioeconómica, ha normado en la conducta del partido que históricamente ha sido estandarte de las ideas conservadoras y aquel que otrora fuera adalid de los valores liberales y progresistas en nuestro país.
Se han constituido en un Frente Opositor “FO”, (cualquier relación con fetidez, les aseguro que es pura coincidencia) el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. El primero, abandonando todo sentido democristiano; al segundo, de revolucionario no le queda nada. Se funden dos estructuras históricamente opuestas para maquillar sus tasas de rechazo y el desencanto del pueblo dominicano en las venideras elecciones de medio término.
Un acuerdo light, sin duda, pues no se han externado razones concretas ni mucho menos sustentos ideológicos, que serían imposibles de presentar para justificar una alianza de esa naturaleza.
En los medios de comunicación se preconiza que de esta manera quedan conformados dos bloques políticos para el torneo electoral venidero. Dos bloques que representan la lucha del poder por el poder, conformados por “la alianza rosada” y el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados que hoy gobiernan. Pero nosotros agregamos, que habrá un tercer bloque, una tercera vía, una alianza del Partido Revolucionario Social Demócrata, desprendido del ala liberal del históricamente glorioso PRD, hoy condenado al servicio de intereses nefastos.
Esa alianza se constituye en estandarte de los principios que dieron sustento al sistema democrático y en una muestra de que en nuestro país quedan aún reservas de decencia y respeto. La alianza de los socialdemócratas con la ciudadanía, con componentes no contaminados de nuestra sociedad, empieza a tomar forma encarnada en las candidaturas de Eduardo Jorge, Luis Estrella, Eduardo Sanz Lovatón, Gary Imbert, entre otros exponentes de la conducta ética en el ejercicio político.
No hay que temer ante la desesperada componenda del grupo del ex presidente Mejía absorbiendo al Partido Reformista y utilizándolo como preservativo electoral, para no contraer una enfermedad que sería letal: la responsabilidad que caería sobre ellos tras una segunda derrota.
Los hechos nos dicen que hace falta dar categoría a la democracia. Poblar las instituciones de personas aptas, preparadas y con observancia de los principios. El Congreso Nacional no aguanta un período más de zafra corruptora y corrupta, el país está cansado de burlas. Hagamos algo!
Política TV
Los medios de comunicación, en especial la televisión, se han constituido en instituciones importantes del sistema político en nuestro país.
Gran parte de los dirigentes han renunciado al contacto con la sociedad y se han resignado al poder de opinión ejercido desde la pantalla, sin más.
Durante años hemos presenciado el crecimiento de liderazgos políticos huecos, basados en una buena programación.
Hoy, somos testigos del daño que esto hace a nuestra comunidad en el sentido de una falta de conexión entre la política, ejercida por actores de televisión y la ciudadanía.
Al criticar esta realidad no atacamos el instrumento viable y exitoso que constituyen los medios televisivos, que tanto provecho han aportado a las administraciones de John F. Kennedy y del mismo Hugo Chávez. Nos referimos a su utilización vacía e irresponsable para proyección de imágenes sin sentido y totalmente alejadas de la realidad política en que vivimos.
Es clara la necesidad del uso de esta importante industria, la televisión, para llegar a los ciudadanos. Pero el sentido de la “política TV” es desentenderse de las necesidades de la gente para, aprovechando la pobreza educativa de nuestra ciudadanía, convertir el escenario político en un entorno de farándula chismográfica.
Muchos liderazgos emergentes han querido erigirse mediante el uso de relaciones que le facilitan el acceso a los medios. Es válido el uso de estas vías, pero, sin duda, un elemento que atrasa el crecimiento. Mantener un perfil de comunicación a través de una pantalla y de esta manera dejar en un segundo plano el valor del acercamiento con el ciudadano, el importante ejercicio de escuchar sus problemas, de observar su realidad, de sentir sus pesares, que debe ser el primer paso de todo líder.
En nuestro país existen muchos liderazgos potenciales. Nuestra juventud está llena de personas dispuestas a dedicar su esfuerzo sacrificado a trazar las líneas de dirección en el Estado. Pero, ¿estarán dispuestos a sentarse con desconocidos a lo ancho y largo de la República para escuchar sus quejas del diario vivir?
La juventud valiosa que está dispuesta a aportar desde la vida pública para construir un país mejor, no puede perderse en la engañosa bruma de la política mediática. Hay que ir a los barrios, a los pueblos y campos. Hay que conocer la gente, compenetrarse con su realidad, mirar sus rostros y recibir el mensaje. Porque el político debe ser un intérprete, un traductor que recoge las inquietudes para expresarlas en acciones viables. Las nuevas generaciones no pueden cerrar los ojos ante esa necesidad inminente.
Rechacemos la política TV. Construyamos nuevas formas, utilicemos nuevos medios, pero nunca nos olvidemos de nuestro objetivo primario: la gente. Hagamos un país de ciudadanos, no de televidentes.
La visión de Zapatero
El Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, avanza en sus andanzas de promoción de la que llamó “Alianza de Civilizaciones”, una propuesta que al parecer ha calado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y que marca un hito jurisprudencial entre las formas de resolución de conflictos.
La Alianza rompe con los métodos tradicionales de lucha contra el terrorismo y busca una salida pacífica al choque de culturas que ha desatado que la irracionalidad terrorista se manifieste en varios países de occidente.
Conocer un problema es el primer paso para el largo proceso de darle solución. El terrorismo es un problema vivo y vigente, con resultados concretos que se calculan en vidas humanas, no en números.
Las formas arcaicas de combate implementadas por algunos norteamericanos con el apoyo de europeos e incluso de muchos países latinoamericanos se manifiestan en una lucha absurda que busca combatir el terrorismo, con más del mismo.
En contraste con estas formas que han querido imponerse en pleno avance del siglo XXI, aparece la Alianza de Civilizaciones con el objetivo de profundizar en la relación política, cultural, educativa, entre lo que representa el llamado mundo occidental y en este momento histórico el ámbito de países árabes y musulmanes. Esto lo hace, lógicamente, dejando a un lado el uso de las armas y el odio y acudiendo a la cita con las ideas.
Esta propuesta apela al sentido humano de los musulmanes, quienes deben comprender que más allá de nuestras diferencias, más que culturales, religiosas, está nuestro amor por la vida y como seres humanos, nuestro amor por la libertad.
Está claro que esta medida es de difícil implementación y que las autoridades que se lo proponen enfrentarán serias objeciones y problemas. Pero, de igual forma, comprendemos que la racionalidad encontrará su espacio y así como en otras épocas logró imponerse el odio y la irreflexión, los líderes mundiales considerarán por una vez, darle un chance a la paz en la solución de conflictos de gran complejidad.
La creación de una alianza de civilizaciones entre occidente y el mundo árabe y musulmán para combatir el terrorismo internacional por otra vía que no sea la militar es un paso más hacia un futuro sin violencia que se ha hecho esperar por tantos años y que la ciudadanía de tantos países, cansada de guerras, sangre y llantos exige a viva voz y sus lideres no parecen querer escuchar.
Respaldemos, pues, la iniciativa visionaria de Zapatero y hagámosla nuestra para resolver otros problemas que nos aquejan como país y como comunidad supranacional. Ojalá estas formas y medios se tomen en cuenta en nuestro conflicto con Haití. Podemos hacerlo, pues así mismo asumimos la guerra de George Bush como cosa nuestra, así como nuestro gobierno pudo enviar tropas para la guerra, puede enfilarse en la lucha por la paz.
Democracia de autogestión
Hemos visto como en los últimos años, lo que para muchos era una actividad digna y de una extrema utilidad en el servicio social, hoy no es otra cosa que una lucha por la acumulación de poder sin más motivo que el poder mismo. Esto ha deformado el sentido real de la actividad pública y ha desvirtuado la visión del ciudadano sobre el quehacer político. Nuestro país transita un camino lleno de obstáculos y la clase dirigente parece estar ciega ante la necesidad de un cambio de rumbo, de formas y de medios.
No nos cansaremos de reivindicar la política como una tarea que dignifica, que engrandece el espíritu porque convierte el yo en nosotros y colectiviza la búsqueda individual. Creemos en la participación y en la construcción sustentada en el accionar público y la capacidad de la política para resolver los problemas de la gente, a pesar de los pesares. Por esto, consideramos necesario establecer los parámetros de participación del liderazgo de las generaciones jóvenes, herederas de la realidad que hoy nos golpea y que mañana será nuestro reto y compromiso.
Pero más allá de esa actividad política y por encima de la misma, está el ejercicio de la ciudadanía, su ausencia se ha notado en los procesos más importantes de nuestra vida pública. Hoy día vemos la apatía de una población que se siente lejos de la política y sus periferias. Esto es, una sociedad de habitantes, no ciudadanos. Cada día las encuestas reflejan el desgano y la desesperanza de quienes en teoría son arquitectos del destino nacional. La abstención en los últimos torneos electorales es sólo una muestra de ello, pero además de la función electoral, la ciudadanía, como ejercicio, exige acciones concretas de participación que han brillado por su ausencia en nuestro país.
Dicha escasez viene a ser sustituida por organizaciones de la “sociedad civil” que, si bien aportan al debate público, representan una franja minoritaria. Por esto, vemos como en las negociaciones con miras a una reforma fiscal, no fueron representados los sectores de la población a quienes más afecta la misma y se inicia la construcción de obras, no obstante la visible desaprobación por parte de aquellos que ponen y quitan las autoridades.
El “empoderamiento” de la ciudadanía es uno de los factores capitales de una democracia de autogestón y para esto se requiere, primero, inversión en educación y abrir las vías de acción pública. No son pocas las veces que escuchamos personas decir: “si no estás de acuerdo, postúlate y cámbialo”. No creemos que esa sea la mejor respuesta, pues la política es un ejercicio de vocación; sin embargo, la ciudadanía, como ejercicio, tiende a reclamar y fiscalizar la tarea del Estado para consigo misma.
A pesar de la debilidad institucional de ese mismo Estado y de las agrupaciones sociales y barriales, se observa un despertar en la población. Sin tener las vías de derecho para ejercerla, la ciudadanía va tomando su curso. Vemos organizaciones de base, barriales y comunitarias (juntas de vecino, deportivas, gremiales) que funcionan en la resolución de algunos asuntos, pero que padecen la enfermedad que afecta a todas las instituciones de nuestro país.
Dicha enfermedad surge del interés desenfrenado de los partidos políticos tradicionales en permear los organismos medios y de base de la sociedad civil, que deben ser los traductores del interés de la ciudadanía, los medios de presión para la solución de los problemas y la vía de conexión de las autoridades con la gente para el buen gobierno. Sin embargo, la partidocracia se ha organizado en la ciudadanía, neutralizando sus medios de control, expresión y movilización.
La nueva clase dirigente debe estar consciente de la necesaria división entre el servicio público, a través de los organismos del Estado y la lucha por llegar al gobierno y por otro lado, el poder ciudadano. Sólo así construiremos una democracia de autogestión, donde el político facilite el proceso natural de construcción social tendente al progreso y el ciudadano sea el protagonista de su propio desarrollo. Esto es posible, si renunciamos al poder por el poder y nos comprometemos con el poder por el deber.
